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  Sección: Política

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Maduro sin Metro

Román José Sandia

Sábado, 25 de junio de 2005

La vuelta al caudillismo del siglo XIX tiene su más alta expresión en el parlamento nacional. Su reducción a una cámara, por la Constitución de 1999, lo ha hecho más proclive a las improvisaciones y la representación regional ha sido absorbida por entero por la partidista. El régimen luego se encargó de establecer el desprecio al debate y al control administrativo.

Miquilena, el anciano tutor de Chávez en aquellos días aurorales, quería ir más allá. Había propuesto eliminar las asambleas legislativas de los estados. Todo un contrasentido. Puesto que si se estaba planteando una democracia participativa, en los estados debería haber una instancia de legislación y control de los gobernadores. Pero no, en aquellos días lo que se imponía era la demagogia. Y antes que legislar para corregir las evidentes fallas de esos cuerpos deliberantes era preferible cortar por lo sano: vender el sofá.

No se eliminaron las asambleas en los estados. Pero gracias a la dinámica impuesta por el régimen, hoy los consejos legislativos -figura que los ha sustituido- no representan algo más que un cambio nominal. Todos los vicios de las anteriores asambleas han sido multiplicados. Los gobernadores hoy están libres de todo control y los legisladores regionales oficialistas continúan siendo –en su determinante mayoría- gestores de contratos y empleos para sus allegados, grises alzamanos cuyas ideas y propuestas nadie conoce.

Se repite a nivel regional, donde la oposición ha sido sacada de buena parte de los consejos legislativos por “las morochas” y la voluntad de Jorgito y su banda, el drama de la Asamblea Nacional.

El golpe de Estado continuado al parlamentarismo venezolano ha tenido otra fase en estos días. No ha bastado haber hecho desaparecer las oficinas de las fracciones parlamentarias. Esa fue una tarea llevada a cabo con festiva y diligente mandarria para dar a entender que ahora cada diputado respondía sólo a su conciencia, como pomposamente dice la Constitución (bicha para el Primer Locutor).

Ese deseo del constituyente, en el cual se dice que los diputados “no están sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones” ha sido una vez más puesto en práctica por los diputados oficialistas con la aprobación, en primera discusión, de la Ley de Reforma del Banco Central.

“Esa Ley sale hoy porque yo me comprometí con Hugo” fueron las palabras que escucharon varios parlamentarios al presidente de la Asamblea Nacional. De manera que el mandato o instrucción no es del pueblo soberano, de los electores o de otras zarandajas participativas, es la voluntad del caudillo la que cuenta. Más nada. El ahora encarecido Nicolás Maduro, a quien Chávez parece haberle regalado algunos de sus centenares de fluxes (que no sabe quién le pone en su closet), ha cumplido. No importa si para hacerlo ha violado el reglamento de la Asamblea Nacional, al no acompañar el proyecto de ley con el estudio económico y al no dar paso a una moción de orden solicitada por un diputado opositor. Todo sea por la revolución.

Para quienes se han quejado de tal proceder, Maduro tiene sus razones. “¡Olvídense del reglamento!” vociferaba a los periodistas que se encontraban presenciando su proeza. Para luego dar su aporte a la jurisprudencia mundial: el reglamento es lo que diga la mayoría. Más o menos eso es lo que quiso decir y así lo hicieron él y sus compañeros de viaje al siglo antepasado.

En el debate de aprobación del acta, saltaron otras perlas de los labios de parlamentarios chaveros. La inefable Iris Varela, siempre tan elocuente, dijo que nos la teníamos que calar y que el único remedio era que la oposición lograra ser mayoría (no explicó cómo se logra eso con este CNE). Otro diputado, haciendo honor a su amoroso apellido, confesó su idilio revolucionario y dijo con orgullo que “si recibían órdenes del jefe, ¿qué?”. Que, por supuesto, que las reciben. A confesión de parte...

Nadie puede pensar que en un parlamento democrático no haya juego de mayorías y minorías, de grupos de gobierno y de oposición. Esa fue otra farsa de la Constitución chavista que creyó eliminar las representaciones partidistas con una norma irreal. Dependiendo del sistema de partidos imperante, en toda democracia los parlamentarios de cada partido o coalición buscan presentar una posición común. Incidirá el grado de democracia interna en la forma de discutir y de cómo llegar a una conclusión. Pero lo que si está fuera de los procedimientos democráticos es que el jefe del Poder Ejecutivo dicte la línea a seguir, sin mayor debate y saltándose a la torera reglamentos, leyes y la misma Constitución.

Si bien sería una ingenuidad tratar de procesar a los diputados del grupo del retroceso por desacato a la Constitución por recibir mandatos e instrucciones, lo que si no debe pasar desapercibido es la solicitud (afortunadamente no atendida) de Maduro de desalojar con la Guardia Nacional al diputado masista Nicolás Sosa. El asalto al Congreso de los días de José Tadeo Monagas estuvo rondando la cabeza de quien para gloria de la patria ha debido seguir reposando en los rieles (bueno, ahí exactamente no) del Metro.

Con esa intemperancia, Maduro demostró no tener medida ni metro para ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional, por más devaluada que esté.

rjsandia@hotmail.com


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