Nuevas leyes nos anuncian los próximos días, todas ellas adelantadas en aras de “afianzar la revolución, de manera especial, el año que viene parece que será prolijo de nueva legislación en beneficio del proceso.
Hemos visto como, a pesar de los esfuerzos hechos por los parlamentarios de oposición, lo que obligó a los oficialistas a reformar varias veces el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, para limitar al máximo las intervenciones de los diputados opositores, así como para permitir que continúe una discusión sin el quórum necesario de parlamentarios presentes, se aprobó, contra viento y marea, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, incluso con la bendición del Tribunal actual, para cuyos magistrados no podemos esperar un futuro promisorio, una vez que sean víctimas de la implacable aplicación de sus disposiciones. Todo con el fin de controlar un poder público sobre el cual no había ninguna seguridad de que fuera a comportarse como lo exige el proceso.
Lo mismo puede decirse de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también llamada “Ley Resorte”, “Ley Mordaza” o “Ley de Contenidos”, que ya comenzó a generar terror en los medios de comunicación social, por lo dura que pueda ser una sanción contra un medio que se salga de los limites revolucionarios y se le ocurra la infeliz idea de no ajustarse a las exigencias de este proceso. Es cierto que en muchas circunstancias los medios han abusado de sus contenidos, permitiéndonos ver y oír cosas que se salen de las reglas de moral y buenas costumbres, así como también es cierto que algunos periodistas deciden qué sale y quién no sale en la radio o la televisión, generando abusivos privilegios, en beneficio del sector de su preferencia. Sin embargo, cuando se legisla, se debe garantizar un mínimo de seguridad a los ciudadanos, sean éstos quienes sean, y limitar al máximo la discrecionalidad de los funcionarios responsables de aplicar estas disposiciones. Nada de esto ha sido respetado.
Otro tanto puede decirse de la Reforma Parcial del Código Penal, recientemente aprobada en la Asamblea. Instrumentos de protesta ciudadana, utilizados con mucha frecuencia por los revolucionarios, hoy flamantes diputados que aprobaron este texto, se verán limitados o serán usados con temor por la ciudadanía, que verá en juego su sagrado derecho a la libertad, si se le ocurre montar una manifestación, cerrar una calle, o hacerle saber a algún funcionario lo descontenta que está con su forma de ejercer la función pública. De esta manera, se limitan derechos constitucionales en beneficio del Gobierno, que parece que no (o no admite) piensa que algún día puede ser oposición y que a él se le apliquen estas leyes de la revolución.
