Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Política

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Un derecho que es una responsabilidad

Rosario Orellana

Miércoles, 12 de septiembre de 2012

En Venezuela, la encrucijada presenta de un lado la profundización de un deplorable y evidente deterioro y del otro, emprender el camino de dar vida a la esperanza y bordar con esfuerzo honrado una realidad acorde con el potencial del país, para un futuro ciertamente mejor







   Foto: Google

La legitimidad, que para la democracia es un valor fundamental, tiene dos componentes: el origen y el desempeño o ejercicio.

La legitimidad de origen es la partida de nacimiento de todo gobierno democrático. Su génesis y sustento es la soberanía popular expresada mediante el voto en procesos electorales auténticos. Es decir, aquellos cuyos resultados oficiales reflejan en forma inequívoca la voluntad popular soberana.

Los ciudadanos, al proponerse como candidatos, ponen en práctica su derecho a ser elegidos, mientras que cada elector, al consignar su escogencia personal ejerce su derecho a elegir.

Ambos son derechos humanos reconocidos y protegidos por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (en su Artículo 21), el Pacto de San José (en su Artículo 23), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en su Artículo 25) y la Carta Democrática Interamericana (en sus Artículos 2, 3 y 4).

La decisión se valora en forma colectiva y la soberanía popular, indivisible como es, produce la legitimidad de origen.

En la práctica la legitimidad de origen, que precede en el tiempo a la de ejercicio, es más categórica, tal vez por depender de ese hecho singular que es la elección auténtica.

A su vez la legitimidad de ejercicio se produce en la medida en que los elegidos cumplan su mandato en forma correcta.

Quizá por la natural necesidad de prever inestabilidades indeseables e injustificadas, una vez adquirida la legitimidad de origen, la legitimidad de desempeño goza, digamos, de una presunción a su favor, y su pérdida suele ser un proceso  complejo, aunque pueda acontecer por un solo hecho, acción u omisión, en el curso del ejercicio de un período constitucional.

De todo ello resulta que el respectivo sistema electoral y el órgano que lo administra  tienen que ser imparciales (por eso se le llama árbitro), transparentes y asegurar la anonimia del votante para poder producir elecciones auténticas en las que se ejerzan a plenitud los derechos humanos a elegir y a ser electo.

Pero aún todo eso es insuficiente; además, es preciso que la institución electoral consiga y preserve que el electorado confíe en que tales condiciones se cumplen. Así, una de las responsabilidades de los organismos electorales es cuidar, fomentar y fortalecer la confianza del electorado quien es el protagonista del proceso.

La desconfianza en el órgano electoral, el cual no ha de ser más que el administrador de buena fe del sistema, revela incumplimiento de sus deberes por parte del organismo.

En una contienda, 51% a favor de uno de los aspirantes a ser electo, es mayoría absoluta para éste y, de allí, resultado contundente de aceptación a su propuesta. En tanto que un 75% de confianza en el árbitro, por ejemplo, indica una distorsión en su desempeño pues significa que el órgano electoral no le merece confianza  a uno de cada cuatro electores, lo cual es una enormidad.

Aún en las legislaciones como la nuestra, en la que votar es un derecho y no un deber, la participación electoral sigue siendo una responsabilidad ciudadana.

Cuando la alternabilidad democrática no está en riesgo, cuando la vida de la nación sigue un cauce con sus naturales dificultades, rectificaciones y avances, cuando el tejido social no está plagado de desgarraduras, cuando el presente y el porvenir no se ha ensombrecido por malas prácticas y deplorable conducción, la omisión en el cumplimiento de la responsabilidad ciudadana de votar no reviste gravedad. Pero en la situación de nuestra Venezuela, la encrucijada presenta de un lado la profundización de un deplorable y evidente deterioro y del otro, emprender el camino de dar vida a la esperanza y bordar con esfuerzo honrado una realidad acorde con el potencial del país, para un futuro ciertamente mejor. En tales condiciones, evadir la responsabilidad de participar en la selección de nuestro gobernante conlleva una culpa mayúscula.

Si, además, el árbitro se ha creído actor por encima del elector protagonista y se inclina peligrosamente a uno de los  lados ¡cómo facilitarle, con nuestra ausencia, que disponga de nuestro derecho!

orellana.rosario@gmail.com

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