Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Política

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Promiscuidad

Román José Sandia

Viernes, 3 de diciembre de 2004

El 13 de enero de 1958, el dictador Marcos Pérez Jiménez hizo cambios en su gabinete. Le quedaban sólo diez días en el poder, antes de que huyera en el avión apodado “La vaca sagrada”, dejando olvidada una maleta llena de dinero y títulos que sirvió para que luego fuera extraditado, juzgado y encarcelado por peculado.

Pero aquel día Pérez Jiménez todavía tenía esperanzas de seguir mandado y entre las novedades que informó estuvo su autonombramiento como Ministro de la Defensa. Esta extraña designación se explicaba por las secuelas dejadas en las Fuerzas Armadas (“asegurar el mantenimiento de su unidad”, dijo) por el alzamiento ocurrido el primer día del año. Pensaba debelar la conspiración que seguía en marcha. De nada sirvió tal maniobra. Pérez Jiménez, a pesar del “clamoroso” triunfo en el plebiscito del 15 de diciembre, cuyos resultados oficiales sumaron más de dos millones novecientos mil votos para la continuación de su mandato, tuvo que salir del poder.

En medio de aquella particular situación, se puede calificar tal acto como una muestra de promiscuidad institucional. Si en aquel régimen, todos los nombramientos en los diferentes poderes públicos respondían a la voluntad del dictador (aunque, en honor a la verdad, había cierta autonomía en cuestiones de mera administración) era lógico que el presidente quisiera asumir directamente un ministerio. Y hay que subrayar que por lo menos era coherente: el dictador por ser militar, poseía conocimientos y experiencia en los asuntos de esa dependencia.

La democracia moderna tiene uno de sus fundamentos en la división de los poderes. Si hay confusión entre los mismos no se puede hablar de democracia. Si el poder ejecutivo (casi siempre el más poderoso) no respeta las decisiones de los otros poderes, no podemos decir que ese régimen sea democrático, por más que haya sido elegido popularmente.

La muerte del fiscal Anderson ha servido para seguir desvelando la promiscuidad institucional que experimenta el país con el régimen chavero. Un extraterrestre que hubiese llegado a Venezuela el día siguiente del atentado habría llegado a la conclusión de que el fiscal asesinado era un líder del partido de gobierno. Así fue homenajeado y recordado en los discursos proferidos en sus exequias. (Por cierto, honores que no se prodigaron a ninguno de los ilustres muertos de los últimos años: Uslar, el cardenal Velazco, Liscano, Garmendia, Miliani, Burelli; a algunos de los cuales, a pesar de sus servicios a la cultura y al Estado, el gobierno no dedicó ni una pequeña esquela en los periódicos). El mismo Chávez reveló que había mantenido con el fiscal una conversación de horas una madrugada en Miraflores.

¿De qué tiene que hablar en privado el Presidente con un fiscal del Ministerio Público? Si Anderson no era el brazo represor del Poder Ejecutivo, ¿por qué tenía que presentarle cuentas a Chávez? Hay que recordar que el jefe de Anderson, el Fiscal General, antes de ser nombrado para este cargo ocupó la Vicepresidencia de la República y en el elogio al asesinado dijo que le molestaba “la imparcialidad” a la que estaba obligado. Este funcionario ha permitido que la investigación del crimen la conduzca el ministro del Interior, quien hasta se ha apersonado en los allanamientos. ¿Dónde queda la independencia de la Fiscalía como garante del Estado de Derecho y parte de buena fe en las actuaciones del Poder Judicial? Poder Judicial a cuya cabeza será incorporado el presidente del órgano electoral, en agradecimiento a los servicios prestados a la “revolución bonita”.

Otra muestra de respeto por la tesis del barón de Montesquieu, ha sido el triste espectáculo dado por la mayoría obsecuente de la Asamblea Nacional en la discusión de la ley mordaza. Esta ley es un amasijo de disposiciones punitivas que enuncian el mejoramiento de la programación de la radio y la TV, pero que en realidad busca su total sometimiento a la voluntad del régimen. El ministro de Información, Angel Izarra, hijo del autoelegido ideólogo chavista (aunque en realidad parece que no le hacen mucho caso a sus escritos, pero había que recompensar de alguna forma) William Izarra, participó como un verdadero jefe de fracción gobiernera en la discusión del articulado. Cada día el ministro se aparecía en el Capitolio con la redacción de los nuevos artículos que serían aprobados. Si bien en las democracias modernas la iniciativa de la leyes le corresponde en gran parte a los gobiernos, nunca se había visto mayor servilismo de una mayoría oficialista. El ministro asistía puntualmente y les dictaba la línea; hasta se atrevió a organizar una mesa “técnica” de supuesto diálogo entre parlamentarios. Los diputados chavistas (y entre estos varios periodistas) no fueron capaces de mantener las formas y obedecieron perrunamente a las intenciones de limitar y pervertir la libertad de expresión.

¿Dónde queda la autonomía del Poder Legislativo? Si no es Chávez quien elige la directiva de la Asamblea Nacional, los jefes de la fracción gobiernera y la agenda legislativa, ¿por qué los diputados chavistas no han presentado ninguna iniciativa legal, a excepción de la reelección presidencial ad infinitum?

Una muestra menor de la promiscuidad institucional de este régimen, ha sido la entrevista que le hizo en el canal televisivo “de todos los venezolanos” el vicepresidente de la república, José Vicente Rangel (¿no hay otros periodistas chaveros capaces de hacer este trabajo?) al laureado escritor José Saramago, invitado con los reales de todos los venezolanos, al igual que otras decenas de intelectuales “defensores de la humanidad”. A pesar de los años que le lleva Saramago a Rangel, éste parecía mucho más cansado que el portugués, por momentos parecía que se iba a quedar dormido sin más. Ambos se prodigaron en los clichés anti-Bush (díganme si no es irresponsable que el Vicepresidente de un país se comporte así, dejando de lado cualquier miramiento diplomático, ¡Ah!, lo que pasaba era que en ese momento actuaba como periodista). Pero el verdadero objetivo del show era sacarle a Saramago unas frases de elogio al “proceso venezolano” (Rangel se cuida de hablar de revolución). Después de algún circunloquio, Saramago dijo una necedad más: “lo que pasa en Venezuela es una demostración de que Fukuyama estaba equivocado con lo del fin de la historia porque Venezuela era una demostración de que la historia continúa”. Fue muy prudente el Saramago político. Rangel además del lapsus (que le corrigió Saramago) de llamar a Aznar jefe del estado español, no logró su objetivo de arrancarle mayores loas a Chávez y al “proceso” al brillante prosista.

Pero el ejemplo reciente más claro y resonante de promiscuidad institucional lo representa el nombramiento del ministro de Energía y Minas como nuevo presidente de PDVSA, manteniendo el primer cargo. Mayor absurdo no se había visto. La industria petrolera desde sus inicios y luego que fue nacionalizada en 1976, siempre fue fiscalizada y controlada por el ministerio del ramo (que éste haya disminuido sus capacidades en cuanto a recursos humanos y técnicos, es otro tema de discusión). Ahora el mismo presidente de la asamblea de accionistas, dirige ejecutivamente a la empresa. Si se tratara de una pulpería, pase, pero estamos hablando de la empresa más importante del país; el negocio del cual vive en gran parte el Estado venezolano y sus habitantes. ¿Cómo va a controlar PDVSA el MEM, si ambos organismos los dirige una misma persona? ¿Cuándo Rafael Ramírez es ministro y cuándo presidente de la petrolera estatal? (El ciudadano Leopoldo Castillo propuso una solución: que use una cachucha con el logotipo respectivo mientras actúe en una función u otra).

Al comienzo de este régimen se dijo que se reforzaría al MEM para ponerlo a tono con su tarea de controlar a la industria petrolera. Pero está comprobado que este régimen cambia sus objetivos medios si están en conflicto con el más importante: promover el desastre institucional que haga posible el mayor despilfarro y el aumento de la corrupción, al eliminar o hacer inviables los controles.

¿No sería más sincero que Chávez siguiera el ejemplo de Pérez Jiménez en aquellos días inaugurales de 1958? ¿Por qué no asume directamente las funciones de la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría, el Tribunal Supremo, el CNE (aunque es difícil que lo haga mejor), la jefatura de la fracción chavista de la Asamblea Nacional como su presidencia, la directiva de PDVSA, el directorio del Banco Central y la cabeza de cada uno de los ministerios, amén de las gobernaciones y alcaldías más importantes, si al fin y al cabo parece que hubiera puesto en esos cargos a clones que tratan de imitarlo y buscan complacerlo hasta en sus más íntimos deseos?

rjsandia@hotmail.com

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