"El que se alce va preso", acaba de afirmar el dueño de Miraflores para celebrar la supuesta vocación "participativa" de su querida bicha. Todo un ingenio doctrinario en el más atávico estilo cuartelero del siglo XIX. Nadie debería engañarse. La Constitución de 1999 no existe para sustentar las bases de una nueva etapa democrática. Nada de eso. Es el pretexto normativo para que el presidente Chávez haga lo que le de la gana, bajo el amparo de un orden seudo-jurídico entallado a su voluntad.

En la campaña electoral de 1998 una mayoría de los electores se convenció, de buena fe, que bastaba cambiar la Constitución para que el país de los sueños se hiciera realidad de manera espontánea. Mi antiguo profesor, Hermann Escarrá, hizo célebre la tesis quimérica de la refundación republicana. Desde la izquierda radical hasta la derecha decinomónica, buena parte de la "intelligentsia" se sumó entusiasta al vituperio en contra de la Constitución de más larga vigencia histórica, y, por tanto, a favor de su fusilamiento expédito en aras de una Constituyente y de una nueva ley de leyes.

La recordada ANC fue una asamblea de manos alzadas donde, por ejemplo, la sapiencia de Eliécer Otaiza logró "persuadir" que se le modificara el nombre a la mismísima república. Una ópera bufa que, con el paso de dos años, es más opereta y más bufonada. Allí se engendró una Constitución de pésima factura jurídica, de peor calidad gramatical, y de suficiente genuflexión política como para bendecir la concentración de todos los poderes públicos en un gendarme con silueta de jefe de Estado. Está clarito como el agua que la institucionalidad venezolana no avanzó sino retrocedió gracias a la Constitución de 1999.

Pero un castigo más irónico le ha caído encima a la nombrada "bolivariana". Se trata del afán violatorio de su padre impositivo. Aquellas disposiciones que compensan el sesgo hegemónico de la figura presidencial, dispersas aunque numerosas, vienen siendo derribadas una por una por obra de los antojos miraflorinos.

El cuento de la participación, las garantías de la libre expresión sin amenazas, las contadas limitaciones al poderío del presidente, la separación entre función pública y proselitismo partidario, el derecho supra-legal a la propiedad privada, y pare usted de contar, son como pedacitos de papel toalé que son usados y dispuestos en un basurero.

El ex-constituyente Allan Brewer Carías ya ha escrito y continúa escribiendo libros enteros que recogen casos principales de violaciones expresas y motivadas a la actual Constitución por parte del presidente Chávez. Comenzando porque el texto constitucional aprobado por la ANC no es el mismo que se sometió a referéndum, y tampoco lo es el que se publicó en Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 1999, y menos aún el que se republicó (por "error" de impresión) varios meses más tarde, el 24 de marzo de 2000.

La bicha de Chávez correrá su misma suerte. Nadie sabe cuando pero todos aprecian que será más temprano que tarde. Ningún país puede convivir con una Constitución de nombre y apellido. Los 200 años que este presidente le augura en vigencia suenan a chiste macabro. La reconstrucción de Venezuela se encargará de probarlo.