"Yo, en mi gobierno, acordé el sobreseimiento de los juicios de los alzados del 4F, porque el anhelo de la población era la paz" . Rafael Caldera
Tratar de justificar lo injustificable. Ese fue el sabor que me quedó
después de leer el artículo del ex presidente, el jueves 8 en El
Universal. La decisión se justificaba: "estudiada a fondo la situación,
el sobreseimiento era simplemente la terminación del juicio por razones
de interés nacional comenzaron a dictarse en tiempos del propio
Presidente Pérez, continuaron durante el Gobierno del Presidente
Velásquez y cuando yo asumí (la presidencia) habían puesto en libertad a
casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción. Sería
contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el
juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel"
Haber acordado el sobreseimiento implicaba que los indiciados quedaban
como si nada hubiese ocurrido, libre de toda responsabilidad y en ejercicio pleno de todos sus derechos. Independientemente que los Presidentes anteriores hubieran acordado el sobreseimiento a la mayoríade los alzados del 4F, ello no exime al Presidente Caldera, ni a losdemás Presidentes, de haber incurrido en un grave error. Todos sentaron un mal precedente, el fortalecimiento de la impunidad. Ante hechos delictivos tan graves los Presidentes, en base a las atribuciones que
les confiere el Código de Enjuiciamiento Militar, habilitaron a unos
sujetos que fueron los causantes de tantas muertes y desapariciones.
Habría que preguntarles a los familiares de los ajusticiados si esa
decisión, que significa más que un perdón, ayudó a la reconciliación y
al establecimiento de la paz. Una paz fundamentada en la impunidad de
quienes ocasionaron tanta tristeza en el seno de miles de familias que
quedaron desmembradas, y que le causaran tanto daño a la
institucionalidad democrática, es una paz efímera, similar a la conocida
Pax Romana. Resulta muy difícil convencer a dolientes y no dolientes
sobre la justificación del sobreseimiento. Entiendo que los motivos por
los cuales se puede proceder a la aplicación del sobreseimiento en
materia penal es la locura o demencia, y ese no era el caso de los
sublevados.
Puedo llegar a entender que las decisiones se hubieran tomado en un
contexto en el que resultaba difícil evaluar las consecuencias a largo
plazo. Lo que me resulta difícil de digerir es que se insista, todavía,
en defender una decisión equivocada tomada hace diez años. La opinión
generalizada es que el sobreseimiento del Teniente Coronel Chávez y sus
compañeros de aventura fue un grave error. Quizás privó en la decisión
de los entonces Presidentes la necesidad de contener a los militares
(que debieron ejercer una fuerte presión) y evitar supuestas
consecuencias inmediatas e impredecibles. También es posible que no
tuvieran conciencia de las repercusiones mediatas de sus decisiones.
¿Quién se podía imaginar que un golpista escalaría tan altas posiciones
hasta llegar a ser candidato presidencial y ganar en unas elecciones
libres? Sin embargo, las rivalidades y descomposición de algunos
sectores de las Fuerzas Armadas no deberían privar a la hora de tomar
decisiones de tanta trascendencia. Estas hipótesis me llevan a concluir
que nuestras instituciones eran, y siguen siendo, muy débiles. Basta un
pequeño ³ruido de sables² para que se ponga en evidencia la fragilidad
de nuestra democracia, a pesar de que a Venezuela se le considera la
vitrina de la América latina, una de las democracias más consolidadas de
la región.
Costa Rica, uno de los países en América con mayor tradición democrática
y emblemático, contó, a mediados del siglo XX, con figuras como José
Figueres, líder y Presidente que tuvo la osadía de tomar medidas
drásticas que sentaron las bases sobre las que se edifica la actual
democracia costarricense. Ante la trayectoria de numerosos Golpes de
Estado no le tembló el pulso para disolver el Ejército. La Constitución
de Costa Rica (1949) prohíbe que se organice una fuerza armada salvo en
casos muy especiales. También se vio "Pepe Figueres" en la necesidad de
tomar medidas determinantes con respecto al sector financiero, la
nacionalización de la Banca Privada. La interrogante que me surge es:
¿hubiera sido factible, dado el contexto de la Venezuela del 94 -recién
salida de un intento de Golpe de Estado y con una fuerte crisis
financiera-, que el Presidente tomara unas medidas similares a las
tomadas por José Figueres? La respuesta estaría en manos de quien, en
ese momento, controlaba todas las variables intervinientes.
Cuán importante es que nuestros políticos reconozcan sus errores,
aprendan de las experiencias propias y de otras latitudes y tengan
visión de futuro. Para retomar el camino de la democracia es preciso
asegurar una paz duradera, fundada en la supremacía de la justicia, no
la paz de los sepulcros cimentada sobre el imperio de la impunidad.
