Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

Sección: Política

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Las cuatro patas de la dictadura

Alexis Márquez Rodríguez

Martes, 12 de marzo de 2002

Especial para Venezuela Analítica


Recientemente el 23 de Enero de 1958 se puso de moda, vivió unos efímeros días de gloria. Gobierno y oposición revivieron aquel momento estelar de nuestra historia contemporánea, cuando el pueblo de Caracas, insurrecto y en la calle, obligó a las Fuerzas Armadas a deponer al dictador, única manera de detener lo que era imposible saber en qué pararía si no se ponía fin a la dictadura. Y digo "el pueblo de Caracas", porque mientras en la capital se conspiraba afanosamente, preparábamos la huelga general que al fin estalló a mediodía el 21 de enero ­previa la paralización de la prensa desde la mañana­, y se peleaba en las calles contra la policía del régimen ­las Fuerzas Armadas estaban acuarteladas­, el resto del país, con pocas excepciones, permanecía en calma, tensa en muchas partes, pero sin la agitación y el ajetreo insurreccional que había en Caracas. La noche antes del 23, mientras aquí seguíamos conspirando, desde la "concha" y en acciones clandestinas, y a la espera de los acontecimientos ya anunciados sigilosamente, en Maracaibo, la segunda ciudad del país, se jugaba un candeloso partido de beisbol.

Hasta qué punto los celebrantes de este año fueron sinceros es algo que merece dilucidarse. A mi juicio, tanto el gobierno como la oposición actuaron en este caso cínicamente. El gobierno, por boca del propio presidente Chávez, hasta apenas el año pasado había hablado del 23 de Enero del 58 con un evidente desprecio, y en 2001 prefirió expresamente celebrar el 4 de febrero, fecha de su fallido alzamiento, como confesa contraposición al 23 de Enero. Este año, sin el menor rubor y para sorpresa de todos, dio marcha atrás, y pretendió reivindicar el significado glorioso de esta fecha. Además, todo el mundo conoce la inequívoca simpatía con que el Teniente Coronel Hugo Chávez se ha referido en más de una ocasión al dictador Pérez Jiménez, como ocurrió durante su primera campaña electoral, y más recientemente, con motivo del fallecimiento en España del siniestro personaje.

En cuanto a la oposición, todos los grupos que la forman hacía muchos años que ni se acordaban del derrocamiento de Pérez Jiménez, y mucho menos lo conmemoraban cada año. Además, ¿sería aventurado suponer que en un grupo tan heterogéneo hubiese unos cuantos personajes que en su momento fueron perezjimenistas, o usufructuarios de las prebendas de la dictadura? Por otra parte, entre quienes esta vez fueron a la calle a celebrar, con una gigantesca y muy exitosa marcha, aquel acontecimiento, había una inmensa mayoría de jóvenes, que no vivieron aquellos días estelares, y es muy poco lo que saben, cuando saben, de lo que ellos significan. Y lo poco que saben, porque lo han oído de personas mayores, o leído en periódicos y uno que otro libro, es conocimiento de segunda mano poco confiable, porque si algún hecho histórico venezolano ha sido pobremente reseñado, y hasta intencionalmente deformado, ha sido el 23 de Enero de 1958. Una vez mi entrañable amigo y paisano ­porque él también nació en Sabaneta, como yo­ Eleazar Díaz Rangel me decía que, si pasados muchos años alguien quisiera enterarse de los hechos y del significado del 23 de Enero, ya muertos sus verdaderos protagonistas y testigos, y recurriese a lo publicado en los periódicos y demás medios de comunicación venezolanos cada año de los siguientes a 1958, cuando todavía se acostumbraba evocar aquellos acontecimientos, tendría una visión falsa y muy deformada de los hechos. Eleazar, por cierto, que participó en esos sucesos directamente y en primera fila, es autor de uno de los pocos libros sobre el 23 de Enero, que no vacilo en decir que es la reseña más completa, mejor documentada y veraz sobre esa fecha, con elementos analíticos, además, muy enjundiosos y sagaces. Un libro que publicamos en Monte Ávila en 1998, con motivo de cumplirse cuarenta años del derrocamiento de Pérez Jiménez, cuya lectura recomiendo sin reservas. (Eleazar Díaz Rangel: Días de Enero. Monte Ávila Editores Latinoamericana. Caracas; 1998).

Fueron, pues, dos actos de manipulación de la historia, pues la oposición decidió celebrar este año el 23 de Enero, después de varias décadas sin hacerlo, para manifestar contra el gobierno y contraponer esa fecha al malhadado 4 de febrero; y el gobierno, a su vez, quiso apoderarse de la efemérides para tratar de contrarrestar la manifestación opositora, que de antemano sabía que iba a ser, como fue, clamorosamente exitosa. O sea, que gobierno y oposición utilizaron cínicamente el 23 de Enero en favor, cada uno, de sus encontrados intereses.

Creo que la gente debe saber esto, darse cuenta de cómo se hacen estas cosas, no con ánimo de descalificar cada una de ambas actitudes, sino para que quienes participaron en esos actos, y en otros ya ocurridos, o participen en lo sucesivo en eventos similares, sepan bien lo que se está haciendo, y lo hagan, si consideran que deben hacerlo, pero sin engaños ni falsas apreciaciones. Para que no haya duda sobre mi posición al respecto, diré que no asistí a la marcha del 23 de enero, pero celebré con gran entusiasmo su éxito. Como celebré también el éxito del paro cívico del 10 de diciembre. Creo sinceramente que ambos eventos eran necesarios, y que la alianza policlasista y multiideológica que determinó el éxito de ambas manifestaciones era tácticamente correcta, en el empeño de hacer que el presidente Chávez, o rectifique a fondo su política ­aspiración, al parecer, cada vez más ilusoria­, o renuncie a su cargo. Pero creo también que a esa alianza, que inevitablemente algo tiene de promiscuidad ideológica y ética, cada quien debe ir con pleno conocimiento de a qué, por qué y con quién va, y de que lo heterogéneo de esa alianza hace que la misma sea coyuntural, pues al lograrse su objetivo, en una u otra forma, las aguas de momento juntas volverán a correr cada una por su propio cauce. No tener esto en cuenta podría llevarnos de nuevo a los errores del 23 de Enero de 1958, como más adelante veremos.

En todo caso, es necesario que la gente, en particular los jóvenes, sepan muy bien todo lo que significa para los venezolanos el 23 de Enero de 1958, y qué significó la dictadura vesánica y corrupta a la que ese día pusimos fin. Y digo "pusimos", no en sentido figurado, sino porque en ese drama también fui actor "en vivo y en directo".

Una secuela del 18 de octubre de 1945

La dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue una secuela del 18 de octubre de 1945 , fecha funesta en que las Fuerzas Armadas, con el apoyo activo de un reducido grupo de dirigentes del entonces pequeño partido Acción Democrática, derrocaron el gobierno del Gral. Isaías Medina Angarita. Una de las falacias más difundidas sobre nuestra historia política es que lo ocurrido el 18 de octubre de 1945 fue un golpe cívico-militar. Nada más falso. Los militares conspiradores, Pérez Jiménez a la cabeza, buscaron a través de un tercero de gran confianza, el médico Edmundo Fernández, un contacto, no con Acción Democrática, que, como ya dije, era entonces un partido minúsculo y, aunque prestigioso, sin mayor fuerza ni ascendiente popular, sino con su máximo dirigente, Rómulo Betancourt, y éste, una vez enterado del propósito de los conspiradores, comunicó en secreto lo que sabía a algunos otros dirigentes del partido, entre ellos Luis Beltrán Prieto, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni, quienes eran, además, sus compañeros y amigos íntimos. El resto del partido permaneció en total ignorancia de lo que iba a ocurrir, hasta el estallido del golpe, el 18 de octubre. No fue, pues, un movimiento cívico-militar, sino un golpe militar con un pequeño respaldo civil. Respaldo civil intencionalmente solicitado por los militares, en busca de un matiz político para el golpe. Es muy posible que el propósito de Pérez Jiménez y sus compinches haya sido valerse de los adecos con ese fin, y después, una vez consolidados en el poder, darles la patada en el trasero para quedarse solos en el gobierno. Lo cual, unido a la política demagógica, populista, ferozmente sectaria y ventajista de Acción Democrática, que hábilmente había aprovechado los resortes del poder para crecer y hacerse poderosa, explicarían en parte los sucesos posteriores, hasta la caída de Gallegos y la instauración de la dictadura.

Mucho se ha dicho, con justa razón, que Medina Angarita fue un gobernante democrático, con ideas progresistas. Además, siendo militar de carrera formado bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, y habiendo sido incluso Ministro de Guerra y Marina, hoy de Defensa, en el gobierno de su antecesor, Gral. Eleazar López Contreras, demostró siempre una mentalidad civilista, y como presidente de la república nunca vistió uniforme militar.

Es claro que los hechos históricos no pueden predecirse, y por eso es imposible saber, más allá de meras conjeturas, si, en caso de que Medina no hubiese sido derrocado, Venezuela se habría enrumbado definitivamente, como parecía estar comenzando a hacerlo antes del 18 de octubre de 1945, por una senda franca de verdadera democracia y de progreso político, económico y social. De ser así, seguramente no hubiese ocurrido nada de lo que ocurrió desde aquel fatídico 18 de octubre, y hoy no estaríamos en el pantano en que nos hallamos hundidos. Pero dejemos eso a un lado, como mero ejercicio especulativo y de política-ficción.

En todo caso, no hay duda de que el derrocamiento de Medina aceleró el proceso de democratización que con él se había iniciado. En especial se adoptó el sufragio universal, directo y secreto a partir de los dieciocho años de edad, sin distingos de ningún tipo, por lo cual por primera vez votaron en eleciones nacionales las mujeres y los analfabetos. Igualmente se tomaron algunas medidas de política económica, social y fiscal, de evidente signo positivo. Sólo que no sé si todo ello fue bastante para justificar históricamente el golpe del 18 de octubre de 1945, y si lo ocurrido después fue un precio demasiado alto por lo que se había logrado.

Lo cierto es que, como consecuencia del mal ejercicio del poder por la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, y del mal gobierno de Acción Democrática una vez llevado a la presidencia el eminente escritor Rómulo Gallegos, el 18 de octubre se continuó con el derrocamiento de Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, que dio paso a la dictadura de Marcos Pérez Jménez, al principio encubierta tras una Junta de Gobierno, primero militar, presidida por Carlos Delgado Chalbaud, y después cívico-militar, presidida por Germán Suárez Flamerich. Como Delgado Chalbaud no se mostrase dócil a los designios que, tras del trono, pretendía imponer Pérez Jiménez, éste decidió salir de él, y lo logró en un trágico suceso ocurrido en noviembre de 1950, que culminó con la muerte de Delgado Chalbaud, al parecer accidental, aunque siempre se ha sospechado la autoría intelectual de Pérez Jiménez. Poco más tarde, a partir de noviembre de 1952, y tras desconocer, en las elecciones para Asamblea Constituyente, el triunfo de la oposición, encabezada en lo organizativo por el Partido Comunista (PCV) y Unión Republicana Democrática (URD), y con el masivo respaldo electoral de la base del partido Acción Democrática, cuyos dirigentes desde el exilio habían ordenado la abstención, a lo cual la militancia no hizo caso, Pérez Jiménez asumió directamente y sin tapujos el poder dictatorial, aunque mal encubierto por una fementida presidencia constitucional.

La dictadura, pues, duró casi diez años, del 24 de noviembre de 1948 al 23 de enero de 1958. Los cuatro primeros fueron de dictadura embozada, período al que, por ello mismo, se le dio muchas veces el cognomento de dictablanda. Pero en ese lapso se cometieron algunas de las más monstruosas ejecutorias dictatoriales, como el envío de centenares de venezolanos al exilio, las torturas y todo tipo de vesánicos vejámenes a los innumerables presos políticos, incluso la muerte, y el confinamiento de muchos de ellos en los campos de concentración de Guasina y Sacupana, dos islas terriblemente insalubres e inhóspitas en el Delta del Orinoco, condiciones exasperantemente agravadas por el maltrato vesánico e inhumano de los carceleros más brutales que se pueda imaginar.

Ablandamiento ideológico

Ya en el poder, Rómulo Betancourt, que había sido un furibundo izquierdoso, antiguo militante del Partido Comunista, radicalmente antiimperialista, y después enamorado del APRA peruana de Víctor Raúl Haya de la Torre, comenzó un rápido proceso de ablandamiento ideológico. Hombre inteligente, muy hábil y esencialmente pragmático, tempranamente comprendió que para permanecer en el poder era indispensable acercarse a factores que antes él había excecrado. Basta con saber que Betancourt favoreció enormemente los negocios en Venezuela de Nelson Rockefeller, del que llegó a ser gran amigo, y quien amplió su actividad económica desde la industria petrolera, donde actuaba en nuestro país desde 1939, a través de la Standard Oil de Venezuela y la Lago Petróleo Corporation, propiedad de los Rockefeller, que luego se fundieron para formar la Creole Petroleum Corporation. Favorecido por la nueva situación política, y sobre todo por la actitud amistosa de Betancourt, Rockefeller se abrió hacia la producción y el comercio de alimentos. Así nacen CADA (Compañía Anónima Distribuidora de Alimentos), Industrias Lácteas C. A (INDULAC) y otras empresas, amparadas en la llamada Corporación Venezolana de Economía Básica, creada por Rockefeller en 1945.

De modo que, cuando derrocan a Gallegos y los militares asumen todo el poder, ya se han establecido sólidamete las vinculaciones del gobierno, al menos con un importante sector del incipiente mundo del empresariado venezolano, muy vinculado desde entonces con los Estados Unidos.

Desde el principio, Pérez Jiménez y sus compinches tuvieron el cuidado de enfatizar el carácter militar de su gobierno, al cual presentaban habitualmente como el gobierno de las Fueras Armadas. Pero, como es obvio, ningún gobierno puede mantenerse con el solo estamento militar. Las Fuerzas Armadas, por definición y en teoría, son ajenas a toda actividad política, y cuando por diversas circunstancias deben asumir las funciones gubernamentales, inmediatamente deben asegurarse el respaldo de los factores civiles, políticos y económicos. La dictadura perezjimenista no fue la excepción.

Las cuatro patas

La dictadura de Pérez Jiménez se mantuvo casi diez años sobre cuatro patas: las Fuerzas Armadas, la policía política representada por la llamada Seguridad Nacional, el empresariado reunido en FEDECÁMARAS y la Iglesia Católica. Como hecho curioso, no tuvo una base propiamente política, porque Pérez Jiménez no supo, o no pudo, crear un partido, más allá de los grupos circunstanciales que sus áulicos lograron organizar en períodos electorales, como el tristemente célebre Frente Electoral Independiente (FEI) en las elecciones de 1952 . Pero de hecho esa plataforma política organizada no le hizo falta, pues a la brutal represión con que mantuvo a raya las fuerzas políticas opositoras, disminuidas al mínimo, y al pueblo en general, unía el respaldo de los militares, los empresarios y la Iglesia. A lo cual sumaba, además, una plataforma supuestamente ideológica, que sí supo armar, bajo el delirante eslogan de NUEVO IDEAL NACIONAL, que tendía, según ellos, a "la transformación del medio físico".

Las Fuerzas Armadas

La primera pata, las Fuerzas Armadas Nacionales, fue, por supuesto, decisiva, no sólo en la instauración de la dictadura, sino también en su mantenimiento durante casi diez años. Como ya dije, Pérez Jiménez tuvo la habilidad de presentar siempre su gobierno como de las Fuerzas Armadas. Y el estamento militar adquirió una fuerza inaudita como sostén del régimen.

Le inherencia militar en la política fue, durante la dictadura, evidente, aunque mantenida dentro de cierto clima de discreción, o quizás mejor de disimulo. La participación directa de militares activos en funciones de gobierno fue siempre minoritaria. Fueron pocos los militares que actuaron como ministros o directivos de organismos clave del gobierno. La función militar fue sobre todo de carácter punitivo, como aparato armado que sostuviese vigorosamente al régimen y ejerciese una presión disuasiva y atemorizante sobre los sectores de oposición clandestina, y en general sobre toda la población. Pero Pérez Jiménez supo desarrollar una política que tuviese satisfechos a sus compañeros de armas.

Por otra parte, el poder militar se percibía fácilmente. Los oficiales de alto rango, luciendo sus vistosos uniformes de gala y ostentosas condecoraciones, figuraban notoriamente en todos los actos políticos y sociales con el dictador en primer plano. Y en toda la población se desarrolló un justificado temor a todo lo que tuviese que ver con el estamento militar. Hasta en el ámbito doméstico, tener un militar cerca, como vecino o como compañero de trabajo, era suficiente para vivir en un estado de prevención constante, cuando no de franco terror. Fueron muchísimos los abusos que oficiales de las distintas armas cometieron contra cualquier persona que no les fuese muy afecto, a quienes muchas veces denunciaban falsamente ante la Seguridad Nacional o el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), y de ese modo eran detenidos, arrojados bajo un virtual secuestro en las ergástulas de la dictadura, y hasta torturados y vejados de diversas formas, siendo la mayoría de las veces inocentes de los hechos que el denunciante les hubiese imputado. Incluso personas y familias afectas al régimen participaban de ese temor ante los militares, porque sentían que no estaban libres de sospechas.

Hubo, sin embargo, militares que, individualmente, tuvieron una actitud opuesta a la dictadura. Muchos oficiales sentían aversión por la política y los métodos dictatoriales, pero permanecían callados por el temor de ser, también ellos, víctimas del SIFA, y aun de la Seguridad Nacional (SN), pues aunque ésta no tenía autoridad sobre el estamento militar, trabajaba en estrecha colaboración con el SIFA. De tal modo que muchos oficiales disidentes sufrieron los rigores de la dictadura, bien dándoles de baja, bien padeciendo el exilio, la cárcel, las torturas y aun la muerte.

No obstante, en el seno de las Fuerzas Armadas siempre hubo voces disidentes, aisladas al principio, pero que poco a poco se fueron organizando, hasta desembocar en el alzamiento de la Aviación, el 1 de enero de 1958, acontecimiento que, aunque fracasó rápidamente, fue clave en lo ocurrido tres semanas después.

La Seguridad Nacional

En estrecha connivencia con las Fuerzas Armadas, la policía política fue de una eficacia decisiva en el sostén de la dictadura. Su centro vital fue la llamada Seguridad Nacional (SN), que había sido creada en 1945, durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno, con la doble función de policía política y policía judicial.

La Seguridad Nacional se convirtió en pilar fundamental del régimen, especialmente desde que su jefatura le fue encomendada, en 1951, a Pedro Estrada , siniestro personaje que desde 1936, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, había ido realizando una destacada carrera como policía, incluso, según siempre se ha dicho, estrechamente vinculado con la tenebrosa CIA. La función represiva de la SN comenzaba por producir en la población, aun entre la gente políticamente más neutra, un verdadero clima de terror. Un tipo de vehículo característico, usado por la policía política en el patrullaje y otras actividades, unas camionetas de color verde, llegaron a ser símbolo de ese terror, y cuando la gente las veía en la calle temblaba de miedo y extremaba sus precauciones. Así se logró crear un ambiente general de silencio. Nadie se atrevía a hablar en la calle, en el transporte público, en el trabajo o en los lugares de reunión, y aun en la intimidad de los hogares, por temor a los espías civiles y militares, conectados con la SN. Hasta los militares eran estrechamente vigilados por Pedro Estrada y sus esbirros, y, como ya dije, la SN y el SIFA trabajaban en estrecho contacto y mutua cooperación, pero con predominio de la primera. Lo cual no dejó de crear roces y conflictos entre ambos organismos.

Los métodos de la SN, especialmente el trato a los presos políticos, fue de una sevicia y de una crueldad como nunca había conocido el país. Las torturas se generalizaron, y en ellas se aplicaron los más inhumanos procedimientos, sin distinguir entre hombres y mujeres, ni en jerarquías o estamentos intelectuales o sociales. Los presos políticos eran verdaderos secuestrados, pues de su caída en prisión casi nunca se daba cuenta en los medios de comunicación, ni podían tener asistencia de abogados, ni se les sometía, salvo contadas excepciones, a juicio ante ningún tribunal, ni siquiera para cubrir las apariencias. Una vez preso, su salida en libertad dependía principalmente del humor y de la decisión de Estrada ­don Pedro, le decían­, y sólo en casos de especial importancia de la del propio dictador. Muchas veces ni siquiera se permitía la visita de familiares. Fueron innumerables los presos asesinados, sin contar los que muchas veces murieron como consecuencia de las torturas. Era tal el poder y la importancia de la SN y de su jefe que, no obstante ser una dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, Estrada sólo rendía cuentas directamente a Pérez Jiménez, pasando por encima del ministro, e incluso a sus espaldas.

Es muy significativo que Pérez Jiménez, el 10 de enero de 1958, cuando reorganiza su gobierno tratando de conjurar la acción popular y el descontento que ya reinaba entre los militares, la primera medida que toma es la destitución y expulsión del país del siniestro Pedro Estrada.

Los empresarios

El respaldo de los empresarios fue tempranero. A principios de enero de 1953, a raíz de la toma del poder por Pérez Jiménez, mediante el fraude electoral de diciembre del año anterior y del virtual golpe de estado al desconocer el triunfo de la oposición en las elecciones para Asamblea Constituyente, el dictador recibió la visita de una delegación autorizada "del comercio, la banca y la industria para testimoniarle apoyo a su actitud, así como a las Fuerzas Armadas Nacionales" (Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar. 2ª edición. Caracas; 1997. Tomo 3. p. 576). Pero ya antes, en 1948, al ser derrocado el gobierno de Rómulo Gallegos, los empresarios ­igual, ciertamente, que la gran mayoría de la población­, tuvieron manifestaciones de respaldo, tímidas muchas de ellas, pero inequívocas, al nuevo gobierno, efecto de los odios que el sectarismo de los adecos desde el gobierno había promovido entre la mayoría de los venezolanos, lo que se puso en evidencia por el hecho de que la caída del gobierno no motivó ninguna reacción en su defensa, no obstante que la figura de Gallegos, como escritor, gozaba de gran respeto y admiración en la mayoría de los venezolanos. El apoyo empresarial al nuevo gobierno en los meses siguientes fue aumentando, contrariamente al de los sectores populares, en los que el rechazo a la dictadura comenzó rápidamente a hacerse patente.

Desde luego que el apoyo de FEDECÁMARAS a la dictadura perezjimenista, paralelamente al que le brindaban los sectores e individualidades que se agrupaban en su seno, fue más de tipo institucional, aunque evidente. En realidad, FEDECÁMARAS, desde su fundación, en 1944, ha sabido ejercer una marcada influencia, en pro de sus intereses, en las políticas económicas de los diversos gobiernos que hemos tenido en ese lapso. Con matices, según la orientación y el estilo personal de sus dirigentes, por una parte, y los de los gobernantes de turno por la otra, siempre "ha institucionalizado focos de decisión dentro del Estado", como lo registra el Diccionario de Historia de Venezuela antes citado (Ibidem. p. 599). Más adelante, este Diccionario es más preciso: "En sus 42 años de historia FEDECÁMARAS ha sobrevivido a los cambios de gobierno y a los golpes de estado, ejerciendo una creciente influencia en la vida económica y política del trienio 'revolucionario' de 1945-48, del gobierno militar de 1948-1958 y del actual sistema democrático" (Ibidem. p. 600).

Como es natural, ese respaldo empresarial fue más activo y notorio en aquellos sectores de la economía que se vieron más favorecidos por la dictadura. Uno de ellos fue el sector petrolero, pues Pérez Jiménez restableció las concesiones petroleras, que le reportaban millones de bolívares y le permitían el fomento de la corrupción y el saqueo de los bienes públicos, por lo que los empresarios vinculados a esa rama de la producción percibieron buenos dividendos, sin importarles que ello significase un retroceso con respecto a la política de no más concesiones que se había impuesto desde 1945.

Otra industria que se vio también muy favorecida durante la dictadura fue la construcción. Por diversos motivos, Pérez Jiménez promovió un febril desarrollo de obras públicas, que se prestaba extraordinariamente, por una parte a las prácticas de corrupción administrativa que se pusieron en evidencia, permitiendo un rápido enriquecimiento del dictador y sus áulicos hasta límites escandalosos, y por otra le permitía hacerse una fachada de progreso y eficiencia administrativa, que sirviese de coartada para encubrir la monstruosa corrupción, y las brutales prácticas represivas que garatizaban la invulnerabilidad del régimen.

Pero también entre los hombres de empresa hubo quienes se opusieron a la dictadura, y sufrieron persecución, exilio, cárcel, torturas y hasta la muerte. Fueron casos aislados, pero importantes.

Hacia finales de la dictadura, alrededor de 1956, se comenzó a percibir síntomas de malestar económico. El gobierno, hasta entonces la principal fuente de financiamiento aun para las actividades privadas de la producción y el comercio, empezó a mostrar dificultades para pagar sus deudas. Lo cual trajo inquietud y molestia en el empresariado. Para 1957 la situación había empeorado, y el respaldo que hasta entonces los hombres de negocios habían dado a la dictadura mientras el país nadaba en dinero, se fue resquebrajando rápidamente. En enero de 1958 el repudio al dictador ya era total, hasta el punto de que los empresarios se sumaron, de manera coordinada, a los preparativos de la huelga general, y participaron decididamente en su realización. Lo cual, por supuesto, facilitó mucho su éxito rotundo. En la huelga, seguramente por razones tácticas, no participó FEDECÁMARAS como institución, pero la mayoría de los grandes capitanes de empresa decidieron, de común acuerdo con los organizadores de la huelga, no abrir sus negocios, y muchos de ellos, me consta, fueron actuantes decididos en el movimiento insurreccional y en las acciones de calle iniciadas el 21 de enero, que culminaron el 23 con el abandono del poder por Pérez Jiménez y su huida precipitada al exterior.

La Iglesia Católica

Algo parecido a lo ocurrido con el empresariado se dio también con la Iglesia Católica. Tanto el gobierno provisional de la Junta Revolucionaria (1945-1947), presidida por Rómulo Betancourt, de conocida trayectoria anticlerical, como el de Rómulo Gallegos (abril-noviembre de 1948), exponente también de una vieja tradición librepensadora y agnóstica, había provocado el rechazo del clero, especialmente por las reformas en materia educativa, que afectaban seriamente a los colegios católicos. El famoso Decreto 321, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, siendo ministro de educación el Dr. Humberto García Arocha, que, entre otras cosas, establecía importantes diferencias, en ese momento plenamente justificadas, entre los planteles oficiales y los privados, había irritado sobremanera a la Iglesia, que veía afectados principalmente sus intereses económicos, y realizó acciones de calle muy aguerridas, utilizando para ello, en una actitud abiertamente insurreccional, a los niños y jóvenes de los colegios católicos, tan contundentes, que obligaron al gobierno a rectificar, sacrificando de paso a uno de los ministros más brillantes, honestos y capaces que han pasado por el Ministerio de Educación en nuestro país.

Más tarde, bajo el gobierno de Gallegos, la Iglesia veía con muy malos ojos que el ministro de educación fuese Luis Beltrán Prieto Figueroa, de vieja tradición anticlerical y partidario decidido de una educación laica y científca.

Por todo ello, la Iglesia vio con benevolencia el derrocamiento de Gallegos, y tempranamente dió su apoyo a la dictadura perezjimenista, no obstante que el primer ministro de educación del nuevo gobierno fue también un educador de vieja estirpe liberal y poco afecto al confesionalismo, como fue Augusto Mijares.

La actuación de la Iglesia como sostén del régimen dictatorial, aparte de corresponder a la vieja tradición de la Iglesia y del Vaticano de ponerse al servicio de los poderosos, obedeció, pues, a motivos pragmáticos en favor de sus intereses, más que a razones espirituales. En ese tiempo la cabeza de la jerarquía eclesiástica correspondía al Arzobispo de Caracas, que a la sazón era Monseñor Lucas Guillermo Castillo. La actitud de éste fue siempre sumisa al dictador. Recuerdo vivamente que en la sede de la tenebrosa Seguridad Nacional, donde se torturaba y se vejaba de mil maneras a los presos políticos hacinados en sus inmundos calabozos, había instalado permanentemente un altar presidido por una vistosa escultura de la Virgen de Coromoto, donde todos los domingos se celebraba misa, no precisamente para los presos, sino para los esbirros de aquella organización claramente delictiva y pecaminosa, casi todos inclementes torturadores. El arzobispo Castillo y otros jerarcas católicos, además, andaban para arriba y para abajo con el dictador, inaugurando y bendiciendo obras y celebrando actos oficiales de todo tipo. Y cuando el dictador instituyó la no menos famosa Semana de la Patria, supuestamente para celebrar el 5 de Julio como magna fecha patrótica, pero en realidad para rendir pleitesía al megalómano dictador, el arzobispo, después de celebrar rumbosamente una misa en la Catedral, con asistencia del tirano y sus ministros, presidía el desfile junto con la imagen de una de las vírgenes patronas de ciudades del interior, traída especialmente a Caracas a ese efecto. Cada año le tocaba a una distinta: la Virgen de Coromoto, La Chinita de los maracuchos, la Virgen del Valle de los margariteños.

Hubo, no obstante, sacerdotes que, apartándose de lo que era la posición oficial de la jerarquía eclesiástica, repudiaron valientemente la dictadura, y mantuvieron una actitud digna ante los desmanes de la dictadura. Hay a ese respecto una anécdota muy ilustrativa. El padre Manuel Montaner, sacerdote y educador de larga trayectoria, era margariteño, y siempre se opuso a la dictadura. Cuando le tocó el turno a la Virgen del Valle en la Semana de la Patria, Montaner, el día de la misa en la Catedral y del desfile, se quedó en su casa. Y cuando, temprano en la mañana, la madre, con quien vivía, fue a despertarlo para que fuera a la Catedral, Montaner le respondió. "Yo no voy a esa vaina, mamá, ¿tú no ves que Pérez Jiménez me puteó a la Virgen del Valle?".

En agosto de 1956, a la muerte de Monseñor Castillo, fue sustituido como arzobispo de Caracas y jefe de la Iglesia por Monseñor Rafael Arias Blanco, y las cosas empezaron a cambiar. Monseñor Arias era un sacerdote liberal, de clara vocación democrática, y desde el primer momento comenzó a inducir, con la discreción que las circunstancias imponían, un viraje en la posición oficial de la Iglesia frente a la dictadura. Y el 1 de mayo de 1957, se ordenó leer en todas las iglesias del país una Pastoral que el arzobispo había escrito días antes, en la cual se denunciaba, sin estridencias, pero en términos muy claros, la situación social, política y económica del país bajo la dictadura. Lo cual marcó el rompimiento definitivo entre el gobierno y la Iglesia, e incluso se desató una persecución contra algunos sacerdotes que habían sido muy incisivos en la denuncia de la tiranía. A partir de allí, el clero se sumó a las acciones contra la dictadura, y muchos sacerdotes participaron, desde sus propios templos, en las manifestaciones del 21, 22 y 23 de enero de 1958.

El 23 de Enero

Una conjunción de factores hicieron que la dictadura se fuese debilitando. La corrupción escandalosa y descarada, mediante la cual se enriquecieron obscenamente el tirano y sus áulicos, provocó la indignación de mucha gente, entre ellos oficiales de las Fuerzas Armadas; la brutalidad y sevicia de la represión, en particular las torturas y el asesinato de dirigentes de la oposición, pese al rigor de la censura no pudieron ser totalmente silenciadas, y causaron igualmente un profundo malestar en toda la población, motivando, además, denuncias contra el régimen en otros países. A ello se unió, de manera decisiva, la torpeza del gobierno en no convocar elecciones libres al final de su período, y en su lugar organizaron un grotesco plebiscito, en el cual los votantes deberían decir simplemente "sí" o "no" a la continuación de Pérez Jiménez al frente del gobierno. Para colmo, en ese plebiscito se dio derecho al voto a los extranjeros residentes en el país con apenas dos años, lo cual causó un rechazo general, no por xenofobia, sino porque era una burda maniobra, habida cuenta de que la dictadura había fomentado la inmigración, con el deliberado propósito de valerse de miles de inmigrantes para realizar prácticas de corrupción, mediante el soborno, el chantaje y las millonarias comisiones, especialmente en el campo de la construcción, en el cual se enriquecieron muchos extranjeros, que, a su vez, servían de testaferros al dictador y a sus sigüises en fabulosos manejos ilícitos.

Todo ello, más la acción concertada, sistemática y constante contra la dictadura por parte de la Junta Patriótica, constituida a instancias del Partido Comunista a principios de 1957, integrada por representantes de los partidos Comunista, Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Social Cristiano COPEI, resquebrajaron seriamente las bases de la dictadura, y al fin, con el prólogo del alzamiento de la Aviación el 1 de enero, la huelga general y la insurrección popular del pueblo caraqueño terminó por inducir a un grupo importante de oficiales de las Fuerzas Armadas a deponer al dictador, en gran parte por el temor a que la insurrección popular en Caracas se extendiese a todo el país y se radicalizase, con resultados impredecibles.

Decisiva fue en esos momentos la gran alianza pluriclasista y multiideológica, que reunió a los partidos ya mencionados, más los empresarios, los medios de comunicación, la Iglesia y el gran conjunto independiente de la población caraqueña, lo cual hizo posible y garantizó la eficacia de la huelga general iniciada el 21 de enero.

Esa gran alianza no fue propiamente un pacto, sino una convergencia coyuntural y organizada de diversas fuerzas, incluso algunas hasta radicalmente opuestas entre sí (comunistas y empresarios, por ejemplo), con el solo propósito de derrocar al dictador. Fue una alianza hasta cierto punto ingenua, sin que se plantease de antemano el problema del gobierno que debería sustituir al dictador una vez derrocado. La Junta Patriótica nunca llegó a plantearse la posibilidad de la toma del poder, ni siquiera para la izquierda no marxitsa y más o menos moderada. De modo que, mientras los sectores más poderosos de la alianza, las Fuerzas Armadas y los empresarios, estaban en Miraflores organizando el nuevo gobierno, los sectores populares, con la Junta Patriótica a la cabeza, se embriagaban de emoción triunfalista, celebrando en las calles el éxito de sus acciones, sin pensar en lo que estaba ocurriendo en Palacio. De ahí la paradoja, harto significativa, de que, cuando se planteó, al día siguiente de constituida la Junta de Gobienro, la reorganización de ésta para dar entrada a un civil, se llamó a un alto representante del empresariado, Eugenio Mendoza, y se ignoró olímpicamente a la Junta Patriótica, que había preparado y conducido exitosamente la insurrección.

Ése fue el gran error del 23 de Enero. La inhibición de los sectores más avanzados en la operación de formar el nuevo gobierno dio paso al Pacto de Punto Fijo, suscrito por AD, URD y COPEI, con exclusión absoluta de la izquierda radical y marxista, y aun de la moderada, no obstante que había sido la ella la que organizara y encabezara, con la Junta Patriótica a la cabeza, las acciones contra la dictadura que habían comenzado a fines de 1957, y culminaron el 23 de Enero.

Es importante que esto se recuerde en estos días, y lo sepan los jóvenes que no vivieron esa experiencia, sobre todo porque actualmente se plantea una situación parecida. El deseo y la necesidad de hacer que Chávez abandone la presidencia ha ido desembocando en la organización de una nueva gran alianza, como la que funcionó en 1958. Ello es tácticamente correcto, pero es preciso que cada quien ­cada grupo, cada individuo­ sepan de qué se trata, y no incurran en el error del 23 de Enero. Esta vez es esencial que cada quien vaya a la gran alianza con plena conciencia de por qué, para qué y con quién va. Y que, una vez salidos de la coyuntura y en trance de reorganizar el gobierno, no se cometan de nuevo los errores de 1958.

E-mail:alemar@telcel.net.ve

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