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Destrucción del Estado de Derecho en Venezuela
Marcel Granier

Sábado, 15 de octubre de 2005

Indianápolis (AIPE)- En Venezuela se utiliza hoy el miedo, la exclusión y la fuerza militar para someter a los ciudadanos a la voluntad de Hugo Chávez. El presidente se jacta de gobernar para un grupo, al cual exige incondicionalidad a cambio de dádivas y privilegios. Quien no esté de acuerdo, debe abandonar el país, sus bienes y sus ideas o padecer la violencia, insultos y persecución policial y judicial. Para usar sus propias palabras: "Quien no está conmigo, está contra mí" o "a quien no quiera colaborar, le quitaremos todo".

La concentración de poder en manos del presidente y el control total que ejerce sobre los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, organismos de control y fiscalización, Fuerzas Armadas, oficinas de Registro Público y de Propiedad Intelectual y el Banco Central son inconcebibles en una democracia.

Las Fuerzas Armadas están hoy al servicio exclusivo de Chávez y paralelamente se crean milicias armadas adoctrinadas por el régimen. Los partidos políticos de oposición no pueden obtener financiamiento. Si tratan de recaudarlo entre venezolanos, esas personas sufren retaliaciones y sanciones económicas, fiscales, administrativas y penales. El pluralismo está siendo erradicado.

Chávez ejerce un virtual monopolio de la propaganda política y "encadena" casi a diario, o sea, obliga a todas las estaciones de radio y televisión a transmitir, sin límite de tiempo, sus discursos y arengas, en los horarios de más audiencia y sin derecho a réplica. En lo que va de año, el presidente ha "encadenado" a las estaciones de radio y televisión en 171 oportunidades y realizado 26 programas "Aló Presidente” de más de cinco horas de duración, en promedio. Mientras él ha dispuesto de 20.944.000 minutos, la oposición democrática ha dispuesto de 825 minutos.

Bajo Chávez han ocurrido más de 50 mil homicidios con la impunidad más absoluta; más de 6 mil personas han sido "ajusticiadas", exterminadas o han sido víctimas de lo que el régimen llama “ajustes de cuentas”. En las cárceles se violan permanentemente los derechos humanos. Cada día muere un preso. Nada se investiga, si puede ello afectar la "imagen" del gobierno.

La pobreza, la desnutrición y el desempleo se han disparado durante la época de mayores ingresos petroleros y fiscales de nuestra historia. Venezuela es un "santuario" de guerrilleros, terroristas y delincuentes. Muchos colaboradores del presidente tienen prontuarios criminales por secuestro, homicidio, robo, estafa y asalto a mano armada.

En materia de libertad de expresión, la situación empeora día a día. Periodistas son perseguidos y sometidos a juicios ilegales en tribunales militares. Los medios son allanados por militares para hacer desaparecer fotografías y documentos. Todas las agresiones contra periodistas quedan impunes. Las medidas de amparo de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos y la Corte Inter-Americana son ignoradas. Un periodista y un editor fueron asesinados tras denunciar la participación de policías y altos oficiales en el narcotráfico. Ambos casos siguen sin resolverse.

Se modifican códigos y leyes para penalizar la libre expresión y se impide el acceso a la información. Se ha creado un orden seudo-jurídico para intimidar a los medios y forzar la autocensura, provocando la desaparición de muchos programas de opinión. Aquellos que sobreviven, trabajan bajo presiones y están sometidos a constante persecución oficial.

El ataque económico a los medios aumenta con nuevos impuestos (cuatro en 2005) y violando disposiciones constitucionales. En materia de programación, las normas son ininteligibles, costosísimas y sujetas a cambios. La ambigüedad de las normas, la discrecionalidad del funcionario y el monto ruinoso de las sanciones impiden la libertad de información. Pero los periódicos amigos del régimen reciben hasta 27 páginas diarias de propaganda oficial y las televisoras amigas millones de dólares anuales en pauta publicitaria.

Venezuela se ha convertido en la hacienda de Chávez y éste no rinde cuentas de cuantiosos gastos, dádivas e "inversiones". Se aprueban leyes que permiten evitar el control de su gestión pública y que ponen bajo su mando personal, único y directo a la Fuerza Armada Nacional y a los paramilitares que ha creado.

Ninguna denuncia de corrupción gubernamental es investigada. La mayoría de los organismos y empresas del Estado son inauditables. La corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y el secuestro de bienes y personas crecen exponencialmente bajo un clima de rapiña que el presidente fomenta con su discurso violento, en beneficio propio, de su familia y secuaces.

A esto se suman confiscaciones de fábricas y tierras sin el debido proceso judicial. Este esquema de dictadura, mitad neofascista y mitad neocomunista, está siendo exportado a toda América Latina. Es hora de que la comunidad internacional preste más atención a lo que ocurre en Venezuela.

(*): Director general de Radio Caracas Televisión.

©AIPE

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