¿Abuso o fraude del Tribunal Supremo de Justicia? Claudio Fermin
Lunes, 15 de diciembre de 2003
Desde 1810, hasta 1958, tuvimos ciento cuarenta y dos años de arbitrariedades militares. Sólo seis años de gobiernos civiles, con líderes como José María Vargas y Rómulo Gallegos. Lo demás fue una larga penitencia de dictaduras militares, aún cuando algunos desprevenidos que votaron por Chávez en 1998 creyeron que lo hacían por algo " nuevo”. Al menos eso fue lo que les metieron entre ceja y ceja unos cuantos publicistas, dueños de medios y políticos derrotados a lo largo de cuarenta años, pero que vieron en el “nuevo” líder la posibilidad de tomar venganza de quienes les habían propinado unos cuantos suelazos en las urnas electorales.
Ese siglo y medio de dictaduras no conoció de elecciones populares. No votaban las mujeres. No votaban los analfabetas, que antes de la llegada de la democracia constituían el 80% de la población. No votaban los jóvenes. El privilegio de votar era para los varones, mayores de veintiún años y que supieran leer y escribir. En otras palabras, la minoría de la población. Después de todo, era una concesión sumamente limitada porque no podían votar sino por los concejales, quienes, después, elegían a los senadores, para que éstos, a su vez, en reducida sesión, escogieran al Presidente de Venezuela. Fueron los demócratas, encabezados por los fundadores de Acción Democrática, quienes lograron para todos los venezolanos el voto universal ( todo el mundo con los mismos derechos) y directo (sin tener que pasar por una alcabala para elegir el Congreso y al Presidente). El mayor fraude que se cometió con los ciudadanos, a lo largo de muchos años, fue el haberlos privado de sus derechos a elegir y a ser electos.
Con el desarrollo de la democracia se alcanzó la separación de las elecciones municipales de las elecciones nacionales, con lo que cada vecindario podía concentrar su atención sobre los problemas y liderazgos locales con menor interferencia de los grupos de interés nacionales. Más tarde, en otro gobierno de Acción Democrática, se conquistó la elección directa para gobernadores de estado, hasta ahora el mayor paso en obsequio de la descentralización y de la intervención directa del ciudadano en los poderes ejecutivos regionales. Además, se creó la figura del Alcalde, cuya elección también reside directamente en la voluntad de los electores y no en alguna instancia de partidos, notables, o grupo con fueros especiales. Estas reivindicaciones han sido el más grande desagravio contra el tradicional fraude de impedirle al pueblo la elección de sus conductores. Igualmente se conquistó la elección de concejales y diputados por circuito, por nombres y apellidos, aunque este logro todavía está mediatizado por la imposición de unos cuantos en las “listas”, mientras otros tienen que alcanzar la representación popular con sus propios esfuerzos.
El Consejo Supremo Electoral estaba conformado por todas las fuerzas políticas. No sólo por el gobierno, o por una mayoría de éste. El Dr. Pietri, Manuel Rivero, Isidro Morales Paúl y Carlos Delgado Chapellín, entre otros, son todavía recordados por la rectitud con la que condujeron los procesos electorales de los cuarenta años de la democracia, período durante el cual hasta se llegaron a repetir elecciones de gobernadores cuando las evidencias exponían a sospechas los resultados. Algo más, a lo largo de esos cuarenta años triunfó la oposición representada por Caldera en 1968, Pérez en 1973, Herrera en 1978, Lusinchi en 1983, Caldera en 1993 y Chávez en 1998. Sin embargo, por esos vericuetos del debate cotidiano y por una desgraciada declaración de un dirigente con fama de arbitrario y quien tomaba como un halago que se le considerara pícaro, se difundió la falsa versión según la cual los resultados electorales se basaban en actas forjadas y no en votos contabilizados. Cada vez que oigo la expresión “acta mata votos” pienso en el daño inmenso que ese dirigente le hizo a la democracia.
Esa infame declaración sirvió de coartada para que partidos y grupos políticos sin ningún apoyo, perdedores de todas las elecciones, se refugiaran en el argumento prefabricado según el cual les “habían quitado” las elecciones, como si el PCV, el MAS, Causa R, o cualquiera de esos partidos hubiese alguna vez ganado elección alguna. La verdad es que más allá de los ventajismos de la viveza criolla mal entendida, de los abusos de los líderes locales sin escrúpulos y de las irregularidades que no se detectaran, las elecciones en Venezuela se organizaron bajo estricta vigilancia de todos los partidos políticos y bajo la conducción esmerada de hombres honorables cuyo silencio extraña cuando algunos insisten en darle vida a una matriz de continuas elecciones fraudulentas. Como el argumento le sirve a muchos perdedores, se ha conformado una especie de sindicato para falsificar la historia y maquillar la falta de respaldo popular de la que adolecieron sus organizaciones y sus dirigentes más connotados.
Estos últimos años, los de conducción chavista, hemos sufrido retrocesos. La mecanización, que era una innovación estimulada por los partidos y finalmente lograda después de vencer muchas resistencias, fue usada para el despliegue de las trampas de INDRA, socio de Chávez y sus adláteres en fraudes que no pudieron ser denunciados ante ninguna instancia debido al control férreo de las instituciones de control en manos del oficialismo. El Consejo Electoral ya no era una institución multicolor, en la que diferentes factores políticos estaban representados, ahora se convertía en una sucursal del chavismo, movimiento que era juez y parte en ese organismo. Cuando llegó el momento de cambiar la directiva de ese organismo, el chavismo usó su mayoría en la Asamblea Nacional para sabotear durante siete meses la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Todo eso, un mecanismo para sabotear elecciones. Es decir, un fraude.
Más recientemente, a través de un Reglamento que era presentado como medio para ordenar el referendo revocatorio, el oficialismo cometió otro abuso al restringir a cuatro días la activación de firmas para solicitar el revocatorio y limitar a 2.700 puntos de la recolección de esas firmas, cuando la Constitución no establece zonas muertas para ese fin. La última jugada ha estado a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, que decidió, extralimitándose en sus funciones, que ADEMÁS de comprobarse la participación de por lo menos el 25 % de los inscritos en el Registro Electoral Permanente y de producirse igual o mayor número de votos a favor del revocatorio, que los obtenidos por el Presidente cuando fue electo el año 2000, será menester sacar más votos que los que obtengan los ciudadanos que quieren que el Presidente continúe al frente de su gestión. Basan su decisión en que este mecanismo les parece “lógico” y “democrático”, lo que es simplemente una manipulación ya que eso no es lo que la Constitución establece. Esto es un fraude.
Lo que la Constitución establece es muy claro. Se trata de medir los votos obtenidos por el funcionario sometido a revocatorio contra el descontento popular. Se trata de establecer si los niveles de legitimidad están en un nivel aceptable. Si el descontento es mayor que el respaldo con el que el funcionario inició su gestión, queda revocado. Eso es lo que la Constitución dice. Es el funcionario el sometido a juicio cívico. En cambio, con la decisión del TSJ se pone a competir el descontento contra el Presidente con el respaldo a favor del Presidente. Se constituye un plebiscito y no una revocación del mandato. Se estimula un conflicto entre dos grupos, el que protesta al Presidente y el que lo apoya, que puede hacerlo por lealtad o por afecto, pero no porque su obra sea merecedora de aprobación.
Este es un nuevo fraude contra los electores que debe ser sometido a crítica y a debate público. Lástima que no haya instancias a la vista para ese reclamo.
