Caracas, Viernes, 18 de abril de 2014

Sección: Política

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Inhabilitación política y garantía jurisdiccional (judicial)

Sergio Brown Cellino

Jueves, 26 de junio de 2008

La inhabilitación política es una pena no corporal y accesoria de las penas de presidio y de prisión, que puede ser aplicada por las jurisdicciones penal o militar (arts. 10.3, 11.2 y 16.1 del Código Penal; y arts. 406.2, 407.1 y 410 del Código Orgánico de Justicia Militar). Produce “como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos, que tenga el penado, y la incapacidad durante la condena, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio”; también acarrea la pérdida de “toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo” (art. 24 CP). Esta pena no sigue automáticamente a la perpetración de un hecho punible, sancionado con penas de presidio o de prisión, sino que debe mediar para ello la garantía judicial en la aplicación del Derecho Penal, que consiste: 1. El Derecho Penal sólo puede ser aplicado por los jueces penales ordinarios o, en su caso, por los jueces militares; 2. Los jueces sólo pueden aplicarlo a través del proceso penal. Esta garantía se consagra por vez primera en la cláusula 39 de la Carta Magna inglesa (1215): “Ningún hombre libre será detenido ni preso… a no ser por un juicio penal de sus iguales o por la ley de la tierra”. Este principio de jurisdiccionalidad expresa el principio de presunción de inocencia y el principio de inderogabilidad del juicio penal. Este último se explicita en el art. 7 del Bill of Rights de 1689: “Ningún criminal, de cualquier condición que sea, puede estar exento de las formas de justicia ordinaria, ni evitar la pena que le impongan las leyes o los estatutos”. Esta garantía madre de todos los derechos aparece en nuestro continente en la Declaración de Virginia (1776): “Que nadie sea privado de su libertad salvo por mandato de la ley del país o por juicio de sus iguales” (art. 8, última parte); y posteriormente, en la Quinta Enmienda (1791) de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (1787), referida al due process of law. Coetáneamente, la Revolución Francesa, en su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) proclama: “Nadie puede ser acusado, arrestado o detenido más que en los casos determinados por la ley y según la forma que describe” (art. 7); “Toda persona se presume inocente hasta que sea declarada culpable” (art. 9). De estas tres fuentes históricas bebió el precursor, y gran ideólogo del la Emancipación Americana, Francisco de Miranda, que las hizo converger en la Constitución Federal para los Estado de Venezuela del 21-12-1811 (arts. 159 y 170). Principios que han cabalgado siglos en las Constituciones de Venezuela hasta llegar a la Constitución de 1999. Las garantías del juicio previo y de la presunción de inocencia son el basamento de todas las garantías procesales, y constituyen una barrera constitucional para la pretensión de aplicar una sanción penal sin el previo y debido proceso penal. La magistratura penal tiene el monopolio de la represión penal: ningún otro sujeto público o privado puede aplicar una sanción penal o militar.

Como corolario: 1. La inhabilitación política es una sanción penal y es una sanción militar; 2. El principio de garantía jurisdiccional en la aplicación del derecho penal –no hay delito ni pena sin ley y sin un proceso penal con todas las garantías- es un patrimonio jurídico-cultural de la humanidad, y núcleo en un Estado de Derecho y de Justicia democrático y social (arts. 2, 26, 49, 253, 257 y 261 de la CRBV; art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; art. XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); 3. El artículo 7 de la CRBV consagra el principio de supremacía constitucional: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”; 4. No pueden crearse delitos ni establecerse penas por analogía; 5. La sanción prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal es la de “inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años…”, no es una sanción penal ni militar, sino administrativa, y tiene lugar “según la gravedad de la irregularidad cometida”, irregularidad que debe enmarcarse entre las previstas en el art. 91 ejusdem (“Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionen a continuación…”); 6. No puede pretenderse, sin violar abiertamente la Constitución, convertir: a) una sanción administrativa en una sanción penal, que según el Contralor General de la República tendría como efecto sólo la incapacidad para el goce del derecho pasivo del sufragio (poder ser elegido), pero sin perder los cargos o empleos públicos o políticos que tengan los sancionados. (Sería una sanción prèt a porter); b) la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en Código Penal o en ley penal especial; c) al Contralor General en juez penal o en juez militar; y como si no fuera suficiente, convertir d) una aplicación “sin que medie ningún otro procedimiento” (art. 105 LOCGR), en un debido proceso legal (art. 49 CRBV). Como enseñan los viejos maestros: “Las cosas en Derecho son lo que son y no lo que se dice que son”.

Estas perversiones interpretativas dañan no sólo a ciudadanos individualmente considerados, sino a todos los ciudadanos, hoy en su derecho a elegir y mañana por la posibilidad de ser sancionados penalmente por una autoridad administrativa (y por una irregularidad administrativa); y, lo que es peor, perjudican a Venezuela en la percepción política internacional, porque la hacen aparecer como un Estado en el que se niega un principio fundamental de civilidad: una sanción sólo puede ser aplicada por un juez penal y, en su caso, por un juez militar, y en un proceso penal con todas las garantías previstas en la Constitución, en la leyes, y en las Declaraciones y Pactos sobre Derechos Humanos.

sergiobrowncellino@yahoo.com

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