Carlos Armando Figueredo (CAF), José Gabriel Lugo Lugo(JGLL), Fernando M. Fernandez (FF), Thamara Santos (TS), Alberto Arteaga (AA)

CAF. Planteamiento inicial.

El objeto de este foro es discutir con los especialistas en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, los doctores Alberto Arteaga y Fernando Fernández, la socióloga especializada en Criminología, doctora Thamara Santos, y un abogado especialista en materia policial, el doctor José Gabriel Lugo Lugo, el problema de la inseguridad que, según las encuestas y todos los indicios, es uno de los problemas centrales actualmente en la sociedad venezolana. Estas personas son profesionales de reconocida trayectoria en el campo de las ciencias penales y áreas relacionadas, con amplia experiencia en el tema. La idea es, pues, analizar el problema de la inseguridad con profundidad.

Al escoger el título del foro “El Problema de la inseguridad: ¿Represión vs. Derechos Humanos?”, se ha querido ilustrar las reacciones de la sociedad venezolana ante el problema de la inseguridad, ante el incremento de la delincuencia. En efecto, los miembros de la sociedad, cuando sienten una constante inseguridad en el ambiente en el que viven, trabajan y se esparcen, reaccionan con temor, desconfianza, insatisfacción, rabia y hasta con deseos de venganza. Rara vez se hace el esfuerzo de buscar las causas objetivas de la inseguridad, prescindiendo de los sentimientos o elementos emotivos que dominan cuando se es afectado directamente por la inseguridad o la violencia, cuando se ha sufrido en carne propia o a través de un familiar, o de una persona cercana, los hechos de violencia que azotan ante la falta de seguridad social.

Antes de adentrarnos específicamente en el tema del foro, parece conveniente referirnos brevemente al ambiente mundial donde se manifiestan los problemas de carencia de seguridad. Nadie discute que en el mundo en que hoy vivimos siguen presentes las manifestaciones de violencia que siempre se han observado a lo largo de la historia de la humanidad, sólo que ahora, con los adelantos en los medios, son muchos más conocidos y se difunden con mucho mayor rapidez.

Cuando me refiero a la violencia no pienso únicamente en el hecho delictivo. La violencia es, en primer lugar, todo uso de la fuerza, ya sea física o de otra naturaleza para obtener un resultado que normalmente debería obtenerse actuando conforme a la moral y el derecho, respetando la libertad y la voluntad del sujeto pasivo de la acción. Así, es tan violento todo acto del Estado a través de sus órganos que viole de alguna manera los derechos fundamentales de una persona, como cualquier uso de la fuerza en perjuicio de otro por parte de quien delinque.

La violencia del gobierno o de cualquier órgano del Poder Público cuando no respeta las normas constitucionales y legales, conduce a inseguridad jurídica. La violencia de los hechos delictivos cometidos en contra de los miembros de una sociedad, cuando no es prevenida ni castigada, conduce a un sentimiento generalizado de carencia de seguridad. Quien es víctima o siente que va a ser víctima de la violencia de los hechos delictivos, busca, por lo general, culpar de esa violencia no sólo al agente directo de la misma, sino a quienes están obligados a garantizar que no ocurran esos hechos.

Nada de extraño tiene, pues, que observemos a diario cómo los medios reflejan las reacciones de las víctimas actuales y potenciales de la violencia del delito: unos dicen que no hay represión; otros, que los derechos humanos no amparan a las víctimas sino a los delincuentes.

Vemos por otro lado que voceros del sector público, encargados de garantizar la seguridad, se disculpan diciendo que la norma garantista del Código Orgánico Procesal Penal o la anulación de leyes (como la Ley de Vagos y Maleantes, más propia de un sistema totalitario que de un estado de derecho democrático y social) son las causas de que haya tantos delincuentes en libertad, prontos a delinquir nuevamente.

En este foro, aspiramos a que se discuta por qué hay tanta inseguridad, por qué ha aumentado el índice de delitos cometidos en nuestro país y cuales podrían ser las acciones correctivas que pudiesen tomarse. Desearíamos que se debatiese si un sistema penal garantista, como el que propicia el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es o no capaz de brindar seguridad frente al delito. Desearíamos que se analice, si es necesario promulgar una normativa legal que contemple el castigo de faltas y delitos menores sin violación del debido proceso o, por ejemplo, que tipo de medidas habría que tomar en los distintos ámbitos orientados a brindar mayor seguridad.

Quienes participan en este foro han analizado muy a fondo todo lo positivo y negativo que tiene nuestra legislación procesal penal vigente recién reportada. También han estudiado la conveniencia de una reforma a la legislación penal, sustantiva, que vaya contra la tendencia no deseable de la implantación de leyes penales que crean nuevos tipos de hechos punibles que normalmente deberían estar expresados en el Código Penal.

Conocen mucho el papel que deben cumplir los cuerpos policiales, tanto en su función preventiva y represiva como el de la investigación propia de la ciencia forense; saben de la etiología del delito, de la función de las penas. Quiero invitarles a discutir sobre este problema de la falta de seguridad que actualmente existente en Venezuela, considerada como uno de los problemas más graves que nos aquejan.

AR. Resumiendo el planteamiento inicial del Dr. CAF, desearíamos plantear tres preguntas centrales. ¿Qué se entiende por inseguridad? ¿Existe hoy, desde el punto de vista fáctico, un incremento de la inseguridad y el delito? Y por último, ¿cuáles son las causas de este posible aumento y que podría hacerse como política pública para mejorar la seguridad?.

JGLL.El problema de la inseguridad es de muy vieja data en Venezuela y gran parte de mi intervención inicial está basada en mi experiencia personal. Creo que conozco este problema desde su ángulo policial en forma relativamente profunda. Participé en la formación de los primeros cuerpos de policías, como la Disip actual; fui el último director de Digepol y primer director fundador de la Disip y después me tocó manejar la Policía Metropolitana de aquella época, es decir, la policía uniformada preventiva y posterormente, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Lo que he visto en estos 40 años es que se ha ido degradando la seguridad y aumentando la inseguridad, la cual ha crecido en forma relativamente permanentemente. No es una cosa explosiva, y circunscrita sólo a la actualidad. Los aspavientos que se arman de pronto, para llamarlos de alguna manera, son cíclicos y se repiten con mucha frecuencia, sin que yo no quiera reconocer que actualmente existe un auge especial de la inseguridad y el delito.

Una de las cosas que yo siempre señalo en esta materia es que los gobiernos en Venezuela –y digo los gobiernos que yo conozco, desde Rómulo Betancourt para acá- han sido todos, sin excepción, gobiernos que no han creído en el problema de la seguridad, que no han sentido que el venezolano es sensible a ese problema, sino por el contrario, han considerado el problema de la seguridad como algo secundario o denigrado, han sentido que atacar el problema de la inseguridad es algo que les podría restar popularidad o votos, que es un problema escabroso, que enfrentar los problemas de las policías es muy difícil y con poca retribución política. En este sentido hemos tenido también la desgracia de que nuestros ministros de Relaciones Interiores casi siempre han sido candidatos a presidentes de la República, o candidatos políticos, y son los ministros de policía por definición de Ley, entonces son hombres que no han querido tocar a fondo el problema, salvo Carlos Andrés Pérez que se metió de frente con el problema de la seguridad y eso le dio sus dividendos.

Creo que ningún gobierno ha encarado con la seriedad que se requiere el problema policial. Esto quiere decir que no se ha pensado en políticas anti-delictivas, no se ha pensado en políticas policiales, no se ha pensado en políticas preventivas y, especialmente, ni siquiera en el aspecto económico se le han asignado los recursos a los organismos encargados de la prevención y represión del delito y por supuesto, al castigo, a un sistema que es muy extenso. Al no asignarse los recursos necesarios, se ha ido degradando el sistema de aplicación de la justicia y de seguridad.

El otro problema de nuestros gobernantes, hasta este momento, es que se ha querido ver el conflicto de la inseguridad y del delito, como un asunto meramente policial, y resulta que el problema del delito y de la inseguridad es mucho más amplio que el problema policial. El aspecto policial es simplemente un brazo ejecutor de un organismo que tiene que dirigir, organizar y canalizar determinados recursos e instrumentos operativos para ponerle coto, freno y castigar al delincuente, llevarlo a la cárcel o reeducarlo, etc. Pero no es un problema policial. Y nuestros gobernantes, cada vez que se produce algún boom de incremento de la delincuencia, dan respuestas primitivas y desorganizadas como, por ejemplo, sacar más represión o más policías a la calle porque creen que la gente se va a tranquilizar cuando los vean patrullando.

Desde el comienzo de la época democrática, a partir de la caída de Pérez Jiménez, vemos la historia en la que cada vez que hay un incremento como el actual del delito, el Estado tiene este tipo de reacción primitiva. A la Disip se la convierte en un cuerpo de prevención y patrullaje; entonces, lo he repetido muchas veces, a la Disip la sustraen de sus funciones propias de inteligencia y la ponen a patrullar; pintan unas patrullitas de amarillo y las sacan a la calle, porque están convencidos de que la gente dice: "oye, este gobierno sí está haciendo algo por la seguridad porque está sacando muchas patrullas".

El problema siguió creciendo, y un cuerpo que se perfilaba muy bien, en relación con su eficacia - tanto en el país como en el mundo - como era el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, lo dedicaron también al patrullaje. No bastaron las patrullas amarillas de la Disip, se decidió sacar un patrullaje de la PTJ. Ya tenemos dos cuerpos de policía de tipo nacional que están fuera de sus funciones, que están traumatizados, donde sus funcionarios están frustrados, porque algunos estudiaron para hacer inteligencia y seguridad de Estado, otros para luchar contra el delito técnicamente, y ahora lo que están es “matraqueando” en la calle, persiguiendo prostitutas, vagos y borrachitos, y cosas de esas por el estilo. Hay una enorme frustración.

Pero no bastó solamente que la PTJ y a la Disip hayan sido distorsionadas, sino que como la gente siguió clamando por más seguridad, al igual que en este momento, hubo que darles más apariencia de seguridad. Se puso a la Guardia Nacional también a realizar funciones de patrullaje. Sacaron unos camiones y los pusieron frente al Venezolano Americano, en los barrios, donde se vean, para intentar dar la sensación de seguridad. Eso es lo que decían los ministros en los gabinetes de seguridad, colocarlos en los lugares donde se vean. Y así distorsionaron también un poco a la Guardia Nacional y crearon las brigadas de seguridad urbana. Y todos estos “cuerpos policiales” surgieron sin ninguna organización y sin ninguna coordinación. La coordinación se viene ejerciendo, tradicionalmente en Venezuela, con el mismo prisma que se está manejando hoy en día, con el mismo que lo puede manejar el actual Ministro de Relaciones Interiores, es decir, con ignorancia total del problema policial y de cómo se maneja.

Todos los ministros, absolutamente todos, hacían estas reuniones, creaban estos gabinetes de comandos unidos, comandos unificados; han tenido diez mil nombres, pero son todos los mismos: un grupo de funcionarios policiales como solución de coordinación mágica. Hoy en día incluyen algunos funcionarios militares de inteligencia, que los mezclan con los funcionarios policiales de investigación, y no tienen la menor idea de lo que están haciendo ni para dónde van, y quieren hacer un plan nacional de seguridad que es un “arroz con mango”.

Y, como tampoco esto ha funcionado, incluyendo las policías municipales, algunas buenas, otras muy malas, también sin ninguna directriz coherente, no solamente no nos bastan las policías éstas, no nos basta la PTJ, no nos basta la Disip, no nos basta la Guardia Nacional, y se supone que la solución es crear una nueva estructura policial, la Policía Nacional.

Además, posiblemente vamos a poner aquí un comandante que seguramente será militar, y entonces tendremos otro problema: cada vez que la inseguridad crece y se convierte en un tema álgido, se buscan soluciones simplistas, la solución de militarizar los cuerpos policiales. Irán militarizando la Disip, ya un DIM cualquiera, inclusive la van a eliminar. La PTJ acaba de salir de un militar (estamos más contentos en la PTJ porque acaban de nombrar a Pablo Guzmán, por lo menos volvimos otra vez por nuestros fueros a un funcionarios de carrera), pero en cualquier momento, otra vez un general o un capitán cualquiera llegará a PTJ a manejar problemas de alta técnica criminalística sin preparación para ello. Y así pues vamos buscando soluciones totalmente simplistas en este momento de confusión. He tocado el problema del deterioro policial, y desearía limitar mi intervención inicial a este tema, y dejar otros temas, como el Código Orgánico Procesal Penal a Fernando Fernández o a los otros participantes del foro. Creo que el código es bueno, pero su instrumentación ha traído un colapso policial, un "no saber qué hacer", una inquietud de cómo manejarse, y la policía se ha inhibido muchísimo, se ha cruzado de brazos y eso, indudablemente, no es culpa del Código, es culpa de la forma como se ha querido implementar o la forma como se ha querido manejar. El Código puede ser muy bueno, pero si los organismos no están capacitados, si no se capacitó a la Fiscalía, si no se capacitó la coordinación de la Fiscalía con la Policía, y los tribunales están en crisis, indudablemente que el problema es grave y hace crisis en este momento. Porque estamos en un momento de una crisis tremenda, en la cual indudablemente se ha incrementado el delito, y hay menos efectividad procesal. En este momento todo esto nos conduce a que la ciudadanía sienta una sensación enorme de inseguridad, porque como decía nuestro amigo Juan Manuel Mayorca, en su libro de criminología, la inseguridad es una sensación creciente ante la continua violación de las normas del orden social establecido.

Para terminar, desearía manifestar que estoy en contra de esta nueva policía nacional o federal, como la quieran llamar. Creo que hay que dotar a las que existen, coordinarlas, que exista un organismo coordinador eficiente, indudablemente, esto es necesario. Se requiere una ley que coordine y asigne funciones y límite muy bien las funciones de las distintas policías. Soy partidario de la “atomización” de los cuerpos de policías, creo que el policía es el organismo del Estado que debe estar más cerca del ciudadano, el cual debe sentir protección, y no alejarlo del ciudadano. Yo siempre me preguntaba, cuando manejaba la policía metropolitana, ¿qué está pasando en la calle tal de El Hatillo? ¿Cuáles son los problemas de Petare? ¿Los problemas de Carpintero? Es decir, es imposible manejar una policía eficaz alejada del ciudadano. Eso lo tienen que conocer mucho más los alcaldes o la gente del sector. Creo que estos entes locales sí deben ser órganos de fiscalización administrativa y órganos que tengan funciones policiales. Llego un poco más allá, yo creo que hay que descongestionar al Cuerpo Técnico de Policía Judicial de muchos de los delitos que trabaja la PTJ. Salvo que le inyectemos a la PTJ el doble o triple de los funcionarios que tiene, que apenas tiene seis o siete mil en este momento, de los cuales el 3% o 4% está dedicado a investigación criminal, el resto son funcionarios sumariadores o son porteros, camilleros, patrulleros, choferes, personal administrativo, secretarias, etc. Es imposible que pueda cumplir. Hay que quitarle las responsabilidades de determinados delitos y darle las facultades de intención judicial a las policías municipales, porque mientras la Policía Judicial siga teniendo el peso total de todos los delitos, es muy difícil que pueda funcionar. La Policía Judicial está absolutamente colapsada y para que pueda respirar un poquito debe descentralizarse las facultades e inyectársele no solamente mucho dinero, sino mucha preparación de personal, aparte de la limpieza que hay que hacer porque hay una corrupción y una podredumbre tremenda dentro del organismo, que se ha enquistado y va a ser muy difícil de eliminar.

Yo he propuesto algunas ideas un poco más radicales, casi revolucionarias, pero creo que adaptadas a nuestras especificidades. Es una idea para afrontar el problema de los barrios. La idea no es mía, es de Carlos Urdaneta, pero yo he sido uno de sus propulsores. Él decía que hay que crear la figura del Sheriff de barrio, sufragado con recursos públicos, es decir, una autoridad del mismo sitio, una descentralización radical, donde la función policial, en determinada circunstancia, la ejercen personas del sitio. Porque seguro que al barrio Niño Jesús no va ningún cuerpo policial tradicional. Es imposible que la policía entre a esos vericuetos, porque apenas pisan el primer escalón ya están muertos. Entonces, tenemos que ir un poco al “estilo americano”, como se formó el lejano Oeste, dejar que los mismos habitantes de los barrios busquen al más bravo, a los que mejor puede cumplir con la función policial, por supuesto, con supervisión y control. Eso tiene una ventaja, que la Asociación de Vecinos, los va a controlar y va a saber si son buenos o si son eficientes, si se están robando los reales o no se están robando los reales, o están violando los derechos humanos Yo no veo otra fórmula, porque te repito, en los 40 años que tengo en esta materia, llegarle a los barrios y protegerlos a través de los mecanismos tradicionales ha sido un fracaso, y donde hay los mayores índices de delito y están sufriendo más los problemas delictivos, son los barrios.

FF. Yo quería referirme primero al título del foro y entrar en materia rápidamente. En primer lugar, creo que el título debería ser “represión y respeto a los derechos humanos” y no contraponer los dos términos. Con relación al problema de la inseguridad, creo que finalmente hemos llegado a donde teníamos que llegar y dónde tenemos que discutir seriamente, porque Venezuela se olvidó de la seguridad constitucionalmente desde el siglo pasado. En 1830 eso desapareció de nuestra Constitución, cuando ese era un tema importantísimo, fundamental, en la época de la ilustración. No se podía garantizar ningún derecho sin seguridad. Si no hay seguridad, ningún otro derecho puede ser satisfecho, ni siquiera la vida. El elemento fundamental de identificar la creación de un Estado fue siempre de Hobbes en adelante. Creamos el Estado para darnos seguridad y evitar que todos nos matemos entre todos. En gran medida estamos pagando las consecuencias de habernos olvidado de ese concepto y de esa noción, que es tan importante y vamos a tratar de ver por qué.

Lo primero que hay que responder es la pregunta sobre “represión vs. Derechos Humanos”. Yo pienso que es una pregunta provocadora, pero en realidad es un falso dilema; tiene que ser represión con derechos humanos, es decir, el origen de la represión es justamente la preservación de mis derechos fundamentales, porque el Estado monopoliza la violencia para poder garantizarnos a todos la convivencia social. Eso es básico y es fundamental, de forma tal que este concepto es lo que justifica por qué yo no estoy armado, y si quiero armarme tengo que pedirle un permiso al Estado, porque nadie que no sea el Estado puede estar en función de represión o de control del orden público.

Luego de este principio, se desprenden una cantidad de conceptos básicos: el concepto de Derechos Humanos, el concepto de orden público, el concepto de seguridad ciudadana y, en fin, un conjunto de conceptos que ahora es cuando estamos empezando a concebirlos como una representación o concepto, a partir de la Constitución y a partir del Código Procesal Penal, que en mi opinión es justamente el instrumento para la crisis. Hay quienes lo han satanizado, hay quienes lo han saboteado y, en mi opinión, no se han dado cuenta del poderoso instrumento que nos está llegando a las manos para poder, justamente, inducir ese proceso que JGLL describe en manos del Marshall, pero que yo identifico también en manos de ese Juez de Paz Itinerante que aplicaba justicia en el oeste americano, que fue realmente el que civilizó el Oeste. Era un conjunto de cosas que operaron donde la justicia, esa justicia que se aplicaba en las cantinas con jurados, era predominante y donde logró pacificarse el Oeste y la barbarie.

Yo diría que en realidad, el fenómeno de la delincuencia hay que verlo, y en eso coincido con el planteamiento inicial del foro, como una manifestación más de la violencia social. Es decir, que tiene que ver con la violencia frente a la Ley, la ruptura del orden legal es la ruptura del contrato social. Visto así, uno se da cuenta, que hay sociedades que son más violentas y sociedades que lo son menos. Venezuela siempre fue un país relativamente tolerante, donde el delito se manifestaba de una forma casi rural hasta los años 60. En los años 70, con el aumento de la población, la migración y ciertas condiciones de tipo económico, se dieron ciertas manifestaciones de delitos que antes no se conocían. Ya en los años 80, con el deterioro económico, empieza a evidenciarse con fuerza un factor importantísimo, que empieza a influir en la conducta delictiva, que es el factor del empobrecimiento de Venezuela. En otras palabras, empieza a verse el incremento del delito violento; ya en los 80 nos encontramos con delitos violentísimos, crimen organizado plenamente establecido y una cantidad de manifestaciones realmente increíbles como el linchamiento, por ejemplo. Éste se produce porque el Estado dejó de cumplir con su función esencial, que era garantizar la supervivencia de todos nosotros. Y la gente dijo: "me cansé de tonterías, ahora tomo la justicia por mano propia y yo mato porque no consigo quien haga justicia por mí". Ahí empezó la demostración de que Hobbes en alguna medida tenía razón, la gente empezó a aplicar la guerra por sí misma y fue la aplicación de la venganza, olvidándose de la actuación del Estado en esta materia.

De forma tal que en los noventa y ya en el tercer milenio, estamos casi abandonados al estado pleno de naturaleza. Nosotros teníamos algunos ghettos, algunos espacios donde había un abandono del estado social o del estado civil, como lo llamó después Lucke, que eran la cárcel y el barrio. Ahora lo que nos preocupa no es que lo que ocurría en la cárcel o lo que ocurría en el barrio, porque ahora nos ocurre a nosotros, en nuestra urbanización y frente a nuestras narices. Se ha generalizado el abandono, y esta generalización de la violencia no es más que algo que describió Ferraggioli, como la “Anomia generalizada”, que parte también de una anomia estatal, también generalizada, donde el Estado crea normas y el Estado empieza a incumplirlas, por lo tanto, le da el permiso a aquellas personas que no tienen suficiente freno interno que les impida cometer delitos.

A mí me gusta hablar del delito como un fenómeno social complejo, y me gusta hablar no de causas, no de determinaciones, sino de factores que coadyuvan a la delincuencia y de factores que pueden ser impulsores de la delincuencia. ¿Qué cosas coadyuvan? Muchas cosas: factores orgánicos, por ejemplo. Quiero recordar que cuando me tocó dirigir la Casa de Observación de los Chorros, el famoso Retén de Los Chorros, donde iban los muchachos a un examen multifactorial, ahí se determinaba que el 95% de los muchachos tenían problemas orgánicos, que en alguna medida explicaban su conducta especial. Pero creo que pudiéramos reducir a tres los tipos de factores coadyuvantes: la economía, de la cual ya hemos hablado; la educación, que es muy importante, y los factores culturales. Yo recuerdo lo que decía siempre mi abuelita, que en su época (estamos hablando de principios de siglo XX) todo el mundo era pobre, pero la gente era decente, entonces el slogan de la gente era “yo soy pobre pero honesto”. Había un factor cultural y un freno educativo que hacía que la gente adoptara un patrón de conducta tolerable, de forma tal que las estadísticas lo dicen claramente. De acuerdo con la Agenda Nacional de Seguridad, en 1907 entraban en cada tribunal penal de Caracas sólo tres causas al mes. Eso nos dice que era una sociedad en cierta medida paradisíaca, si la vemos con relación a la violencia de hoy día. Y por otro lado, estos tipos de factores no actúan aisladamente: si se deterioran los aspectos económicos, que son muy importantes, eso va a incidir en gran medida en que se deterioren los otros frenos, por ejemplo, si hay una crisis económica el presupuesto educativo disminuye, empeora la calidad de los educadores y naturalmente, se le da una peor educación a los niños y eso, tarde o temprano, es un factor coadyuvante del delito.

Yo hablaba también del fenómeno inverso, de lo que decía Michel Foucault sobre la sociedad carcelaria. Él decía que la sociedades occidentales, y particularmente Francia, había aprendido de la cárcel y había llevado el control carcelario a la sociedad. Nosotros hemos aprendido de la cárcel el descontrol social y ahora se ha masificado a la sociedad en general. Volvemos a la sociedad anómica, de la guerra de todos contra todos.

¿Cuáles son los impulsores institucionales? Yo creo que el primer impulsor es la impunidad. La impunidad estimula a otros a cometer delitos; actualmente es totalmente impune el delito organizado porque no existe una tipificación que controle ese tipo de conductas, y eso es bien importante saberlo, no hay en la Ley, no existe un instrumento, el Código Penal está desfasado, no tenemos una Ley Antimafia, y resulta que esto es un elemento para explicar parte importante de la violencia y el delito.

En el sistema pasado, el 80%, al menos en las cifras que yo manejé cuando estaba en la Copre en ese momento, el 80% de la población carcelaria era de presos sin condena. Cuando Zafaroni hizo su evaluación sobre el sistema carcelario venezolano, encontró que el 69%, es decir, casi el 70% de los presos estaban eran presos sin condena. Luego, nuestro sistema procesal anterior sólo podía condenar, cuando era muy buena la punición, no más de un 30% de los juicios que procesaba; cuando surge la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, se creó un elemento importantísimo porque muchísimos delitos, generalmente los más comunes, los más repetidos cuantitativamente, eran beneficiados bajo ese sistema y eso hacía que la mayoría de los juicios realizados en libertad prescribieran, porque si eran lentos aquellos que eran urgentes de solución, que es donde está el preso sin condena, imagínense ustedes cuánto podía tardar un juicio bajo el sometimiento a juicio, la mayoría de los juicios prescribían y bueno, quedaban impunes, no había castigo.

Creo que también es un impulsor importante las instigaciones. Actualmente hemos visto que se instiga a la invasión y eso es un fenómeno entronizado en toda la cultura democrática de los últimos años porque han sido siempre factores políticos: se ha instigado a delinquir y ha sido justamente un atentado contra la propiedad. Ha habido también una gran indolencia; en Venezuela, desde hace muchos años, dejaron de procesarse los hechos punibles llamados faltas, que son los pequeños crímenes, y han demostrado que una manera de prevenir y controlar el crimen violento es atacar los pequeños delitos, lo ha demostrado el Alcalde Guliani en Nueva York, controlando faltas como cuestiones elementales, echar basura en el piso, ensuciar, escupir en la calle, ese tipo de cosas las controla y, parece mentira, pero eso irradia un halo virtuoso sobre otras conductas violentas y las previene.

La ineficacia: creo que la ineficacia ha demostrado también que es importante, la mala aplicación de un instrumento novedoso, efectivo en todas partes del planeta, como lo es el COPP, ha demostrado que también es un impulsor, porque los bandidos se dan cuenta de este asunto. La deslegitimación del Estado, es decir, nadie respeta al estado, nadie respeta a la autoridad ¿por qué? porque el Estado no tiene prestigio, sus instituciones han perdido totalmente la reputación y nadie les hace caso. Entonces, eso es importante y eso se debe en gran medida a la anomia estatal (que el Estado viola las leyes).

Por otro lado, ha habido un gran vacío que yo creo que lo mencionó acertadamente José Gabriel Lugo Lugo, yo no voy a insistir, pero voy a puntualizar tres conceptos: no ha habido coordinación policial, no ha habido especialización de las policías y lo peor, ni siquiera hemos tenido un instrumento legal que defina conceptualmente cómo conseguir el orden público mediante métodos democráticos con respecto a los derechos humanos. Eso no se ha conseguido en ningún momento.

Por otro lado, y con esto voy a terminar, el modelo inquisitivo, superado parcialmente, todavía no ha sido totalmente demolido. Yo creo que hay que destruirlo para dar oportunidad a un nuevo modelo. El Código Penal que tenemos todavía sigue siendo el mismo Código preconstitucional en relación con el 61, sigue siendo desfasado, sigue siendo un modelo para culturas del siglo XIX, de la Italia monárquica, no tiene nada que ver con nuestra realidad, y mucho menos tiene que ver con la realidad contemporánea de los delitos y por eso, se le ha descodificado, con lo cual se ha aumentado la inseguridad jurídica a niveles extremos y se ha hecho uso justamente de esta gran inseguridad para alterar aún más el orden público. La Ley de Vagos y Maleantes fue abolida pero al no aplicar un estatuto de las faltas penales, nos hemos quedado sin instrumentos y no hay manera de convencer a las autoridades que tienen que procesar las faltas como hechos importantes.

Los otros instrumentos que faltan por cambiar son los Códigos de Policía, de las Ordenanzas Municipales. Esos continúan siendo una estructura absolutamente gomecista, que no tiene nada que ver con la realidad contemporánea y que no dota de suficientes instrumentos al policía municipal para controlar ciertas cosas del orden público. Ni hablar de lo que ocurre con el régimen penitenciario; sigue siendo una locura, tenemos una ley desfasada que nunca se aplicó, las normas de Naciones Unidas tampoco se aplicaron y lo más grave, la situación de los detenidos bajo proceso y que esperan su condena, que en mi época era el 80%, estuvo regulada por un instrumento llamado “El Reglamento de Internados Judiciales” y yo me pregunto: ¿cómo es posible que la situación predominante no haya tenido ni siquiera una Ley, que no haya merecido una Ley? Es decir, ¿cómo regular y cómo ejercer un control judicial sobre eso, que nunca se ejerció? Porque ese es un reglamento administrativo que controlaba el Poder Ejecutivo y que se traducía en miles de maltratos que envilecían aún más a la persona detenida y que incluso desmejoraba la situación del verdadero condenado, el cual tenía derecho a un tratamiento, pero la cultura del retén se comió al sistema penitenciario. Y termino diciendo que hay que enfatizar... Si se quiere buscar una solución al problema hay que atender a las víctimas del delito, la solución está en las víctimas. La gasolina del sistema acusatorio en todas partes del mundo son las denuncias, y las únicas personas están interesadas en tramitar una denuncia son las víctimas. Entonces, es necesario divulgar cuáles son los derechos que le concede el Código, cuáles son los derechos que le concede la Ley del Ministerio Público, es necesario discutir sobre el presupuesto que debería de haber destinado, desde hace dos años el Ministerio Público a la atención de las víctimas. Es imprescindible estimular a la víctima a que denuncie, es vital protegerla e inclusive decirles: "usted va a estar protegida y usted va a estar bajo la tutela del Estado, siéntase con el coraje de hacerlo, métase en el juicio, involúcrese, ayúdenos a perseguir el malandro, que yo lo voy a cuidar". Aparte de que hay que decirle también cuáles son los delitos que la tutelan, cuáles son las normas que están destinadas a eso. Mientras estemos hablando de otros temas, estamos descuidando lo principal, y lo más grave, la decepción popular va a ser tan grande que puede arroparnos de una manera aún peor que las condiciones que operaron en “El Caracazo”. Yo nunca olvidaré la situación en aquel entonces. ¡Menos mal que me permití escribir en unos de mis informes a la Copre, que estaban dadas las condiciones para un estallido social importante! Eso quedó registrado. Hoy las condiciones objetivas son el triple, el cuádruple o, quizás, cien veces peores. Y yo creo que la oportunidad que tenemos está, justamente, en cambiar la visión del problema y justamente, buscar un modelo que funcione.

TS. Creo que debe hablarse de inseguridad personal más que de seguridad personal y estoy en consonancia con el enfoque que le da Fernando Fernández a este tema de la inseguridad. Yo quisiera resaltar algunas cosas que me parecen importantes. Partir, por supuesto del hecho de que el problema de la inseguridad es un problema de entrada, es decir, como el miedo a ser víctima de delitos, pero también miedo a la desprotección policial, sobre todo a la desprotección de los órganos del Estado, pero fundamentalmente miedo por esa desprotección. La gente se siente indefensa y, por lo tanto, siente más miedo, el sentimiento es más intenso y, por supuesto, el sentimiento, aunque no se corresponde siempre con la realidad, también es parte de esa espiral del temor generalizado. La inseguridad se inscribe en un cuadro mucho más grande, que es, por una parte, el cuadro de la inseguridad jurídica. Por otra lado, está la inseguridad ciudadana, que me parece que es un nivel muy importante, porque allí hay elementos muy generales y generadores de miedo que normalmente la gente no los asocia al delito, pero que están íntimamente relacionados con él. Por ejemplo, me refiero a las condiciones en que la ciudadanía vive en el espacio público, a las condiciones de un espacio público informal, problematizado, muy conflictivo, muy fragmentado, donde realmente no hay reglas de juego, porque la calle no le pertenece a la gente; me refiero al problema ambiental de los vecindarios, de las zonas residenciales, de las zonas donde vive la gente. Me refiero fundamentalmente -quizás porque vivo mucho de eso- a las condiciones del tránsito, de la vialidad en las carreteras, en las calles, que genera muchísima inseguridad, y además, inseguridad que tiene mucha relación con los delitos, porque buena parte de los delitos de tránsito también -aunque no exclusivamente-- están relacionados a condiciones de la ciudadanía, algo que está generando un malestar que, además ante la ausencia y, por supuesto, la frustración de las expectativas, genera mucho temor. Pienso que estamos ante un escenario bastante importante para poder también atacar el problema delictivo.

El problema de la delincuencia en Venezuela, acentuado en los últimos años, se relaciona mucho con la pobreza. Pero, a mi manera de ver, debe considerarse un factor que no se toma en cuenta, y es el factor cultural. Entendido en términos de anomia, de socialización, de cómo la gente vive; toda la gente, todos los ciudadanos y, fundamentalmente, la gente con menores recursos y su modo de relacionarse. Me referiría a la anomia en dos sentidos: primero, verdaderamente, existe una disonancia en el discurso oficial que ofrece derechos, que ofrece satisfacer necesidades, que ofrece metas y objetivos a la gente y no los cumple. Eso crea un estado de anomia generalizada, porque cuando la gente no cree, definitivamente empieza a comportarse de una manera completamente fuera de la norma; pero lo que me parece más grave en la situación general de la anomia, que se da sobre todo desde el 27 de febrero cuando emerge el conflicto social es la falta de sentido que para todos los venezolanos tiene la norma legal y la norma social.

Yo veo como cada uno de nosotros se comporta, y nosotros nos comportamos, según el sentido común. Claro, aprendimos muchas cosas que no debemos hacer o que debemos hacer y seguimos eso, pero el sentido de la norma legal no lo tenemos. Todos somos violadores de normas, uno mismo es un violador de normas, porque las condiciones internas nos hacen violarlas. Eso es terrible porque cuando yo le pregunto a alguien: "¿tú que hiciste ante tal situación?" Y esa persona cercana a mí, o yo misma, hizo lo que no debía de hacer, viola la norma y no lo vemos. Eso es un problema cultural gravísimo, no vemos cómo nosotros mismos nos comportamos. No creemos en las normas y las usamos como queremos o con el sentido que la gente quiere. Y la norma social menos, o sea, las reglas de conducta aprendidas en la casa, en las escuelas, en la comunidad, prácticamente son reglas absolutamente laxas, si existen, claro. Existen códigos de cada quien para comportarse, de los grupos y todos, pero son códigos que a mi manera de ver atentan contra la convivencia ciudadana. Creo que el problema más grave de la delincuencia venezolana es el problema de la convivencia. Como decía Fernando, si yo tengo una familia violenta, si yo vivo en un vecindario violento, si la gente se relaciona con violencia, sin respeto, sin idea de que el otro existe, sin idea de que el otro tiene algo que le pertenece, si yo me relaciono así con la gente ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy viviendo conflictivamente y estoy propiciando cada vez pequeños delitos, pequeñas faltas... Vivimos como en una situación regular de faltas, de delitos que nadie resuelve, que quedan impunes, pero es una forma regular de comportamiento. Eso no es una exageración, eso es lo que ocurre sobre todo en las zonas precarias; pero también ocurre en la clase media: basta ver los edificios y cómo se comportan algunos de sus jóvenes: actos vandálicos todos los días que nadie puede resolver. Uno va a una prefectura y nadie puede responder por eso. A lo mejor la justicia de paz sería un recurso importante para resolverlo, pero tampoco se le ha dado la importancia que tiene.

Pienso que el problema delictivo está muy asociado a la cuestión cultural, porque es cierto, la pobreza siempre estuvo relacionada con cierto tipo de delitos, pero no en un orden causal, siempre tuvimos pobres y como tú decías, había pobres dignos, posiblemente, como también ricos indignos, vamos a decirlo, como también gente rica violadora de normas. Pero en el sentido general -y en eso que nosotros lo estamos sintiendo- está jugando mucho el problema cultural y pienso que hay que hacer un trabajo muy importante, que, creo, debe dirigirse en función de la educación y coerción, o sea, coerción en el sentido de que la gente tiene que cumplir con las normas, todos tenemos que cumplir con las normas sociales, de conducta y con las normas legales, por supuesto. Esa es la parte del comportamiento delictivo, que es la primera cara de la inseguridad.

Por otra parte, creo que realmente el problema institucional es fuerte. O sea, la otra parte de la anomia es la falta de eficacia y la falta de sentido que para los representantes oficiales tienen las normas. Es decir, existe una institucionalidad formal con unas leyes verdaderamente buenas. Yo creo que la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia va a ser un instrumento inmejorable, incluso la misma justicia de paz, con todos los defectos que pueda tener. Hay instrumentos legales excelentes, pero el problema es que esos instrumentos deben tener una resonancia interna en nosotros y, si nosotros no reconocemos la importancia de la norma como control interior, creo que no vamos a llegar a ninguna parte y vamos a seguir conviviendo anómicamente, o no conviviendo, viviendo anómicamente, o sobreviviendo también. Pienso que el problema es de la institución y, fundamentalmente, creo que el problema de la policía, porque la policía es la institución que más se relaciona, o que en primer lugar se relaciona, con el delincuente, con el delito. A mí me da la impresión de que el problema mayor de la policía es que no investigue. La policía está acostumbrada a preparar los casos, a resolverlos burocráticamente, a resolverlos con base en algunos indicios, algunos testigos, pero investigación, eso que se llama investigar para saber dónde está la delincuencia organizada, para saber dónde está el tráfico de drogas, el consumo, es decir, dónde está eso, creo que es importante.

Con relación a la famosa prevención, pienso que la policía puede tener todos los recursos. De hecho, ha habido un momento cuando uno ve en los presupuestos, por ejemplo a finales de los 70, que las policías tuvieron presupuestos bastante altos y tuvieron equipos muy buenos; les dieron patrullas, es decir, los equiparon, pero la policía fue completamente ineficiente. Uno veía los presupuestos y los resultados de las policías y no tenían ninguna relación. Entonces, el problema no es de los recursos nada más, yo creo que el problema es la policía que se ha venido formando que, posiblemente, no es la que necesitamos. No ha sido una policía moderna, no ha sido una policía reclutada con criterios profesionales, es decir, no ha sido una policía de servicio público, en el caso de las policías de orden público, sino ha sido una policía de "orden público". Creo que la diferencia es muy grande, porque si concebimos una policía de servicio público, es la policía que tiene que trabajar para los problemas de la gente y no para los problemas del Estado y creo que el problema, visto así, es bien difícil.

También pienso que la policía tiene que ejercer una excelente labor de vigilancia, pero no basta, porque esta sociedad es muy compleja, como está ocurriendo en todo el mundo, en donde los problemas urbanos son muy grandes; las demandas son muy altas y la policía tiene que trabajar, ya no digo en conjunto, porque eso es una quimera -eso de trabajar en conjunto con la comunidad- pero sí trabajar de acuerdo a las necesidades de la comunidad y por eso pienso que las policías municipales, para diferir un poco de su criterio, habría que verlas. Municipales porque creo que están muy cercanas al ciudadano y son las que podrían resolver esos pequeños conflictos y también, por supuesto, los problemas de delincuencia que se presenten. Hay dos cuestiones que yo quisiera resaltar.

Pienso que si la convivencia en Venezuela sigue siendo conflictiva en el sentido que antes expuse, es también reforzada por los valores que se transmiten desde arriba, las personas que nos están modelando, que nos están diseñando conductas, actitudes y creencias. Pienso que hasta que nosotros como sociedad civil no podamos incidir en eso va a ser muy difícil entrarle al problema delictivo, porque yo estoy convencida que eso tiene que ver muchísimo con los valores que aprendemos, con los objetivos que se plantea una sociedad, a veces inalcanzables. Tiene que ver con las creencias de que las cosas nos pertenecen sin ningún esfuerzo, es decir, los comportamientos esquizoides, donde nos dicen una cosa y se hace otra. Y eso lo hacen en la casa, lo hacen en la escuela, lo hacen en el gobierno, lo hacen en la universidad. Aprendemos que nos dicen cosas y se hacen otras, y eso nos crea un comportamiento que tiende a la confrontación. A la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones que seguramente no son las más adecuadas para las cosas.

Una cosa más: el problema de la pobreza es un problema que está coadyuvando al crecimiento de la violencia, de los hechos violentos en la calle. Pero, yo creo que no solamente el problema de la pobreza como tal, pienso que tiene que ver también con la falta de canales para resolver los problemas de la pobreza, es decir, la falta de una política social y de figuras instituvionales a dónde recurrir para canalizar las necesidades y para poder resolverlas. Ahí también tenemos una falla.

AA. Habría muchas cosas que decir y trataré de sintetizarlas. Con Fernando Fernández he discutido recientemente en muchas oportunidades con motivo del célebre COPP. Sinceramente, estoy absolutamente convencido, y cada día más, del daño que ha producido el COPP en el país. Para dar un ejemplo, esta mañana me enteré de una decisión de un tribunal, en relación a una persona procesada por cincuenta kilogramos de cocaína que admitió los hechos. Esta persona fue condenada a cinco años de prisión por aplicación de la pena media, que bajó luego a la mínima, e impuesta la sentencia condenatoria, ésta fue suspendida condicionalmente en su ejecución. No hay apelación, de acuerdo a la interpretación del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es lo que está pasando en este momento entre nosotros. Es decir, hicimos un Código para la impunidad, factor criminógeno que, por supuesto, impulsa la comisión de delitos. La Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente es otro instrumento legal que ha de entrar en vigencia desde el mes de abril, según la cual los niños de 12 años son imputables, aunque la Exposición de Motivos, en un juego de palabras, entre ignorancia y yo no sé si hipocresía, afirma que no son imputables, pero son responsables, lo que constituye un disparate, porque para ser responsables tienen que ser imputables. Pero no queremos decir estas cosas claramente. A partir de abril vamos a ver nosotros a los niños de 12 años detenidos, según la Ley, en “locales especiales” que tiene que disponer la policía. Pero ¡mentira! Porque la policía no tiene los locales ni los va a tener tampoco, ni están dispuestos, ni está el personal especializado que debe funcionar en las secciones juveniles de los tribunales penales. Y, si es malo el sistema correccional que tenemos actualmente, será mil veces peor lo que vamos a tener nosotros con niños delincuentes, o sea, que llamando las cosas por su nombre, en Venezuela, a partir del primero de abril, tenemos “niños delincuentes”, aunque no son niños, porque los niños, de acuerdo con la Ley, -volvemos al nominalismo- son los menores de 12 años y son adolescentes, entre 12 y 18 años. Esto se sabe y no lo han querido decir. Yo hablaba en día pasados con personas serias que intervinieron en la Ley y me expresaban que no podían decir que se había disminuido la edad de la imputabilidad. Pero, señores, si la bajaron ¿por qué no decirlo? Porque esa es la realidad. Y ¿por qué no decir que no existen los tribunales especializados, ni el personal especializado para los tribunales, y que no están las secciones juveniles constituidas, ni están predispuestos los locales de la policía para recibir a los niños delincuentes y que, por lo tanto, los trataremos, no igual, sino peor que a los adultos?

Quiero insistir en esto, porque pareciera que cada vez que hablamos del problema delictivo buscamos el fetiche de la Ley. ¿Hasta cuándo la Ley? El problema de Venezuela no es de leyes. Y con las leyes lo que hacemos es empeorar las cosas. A mí no me cabe la menor duda de que empeoramos las cosas con el Código Orgánico Procesal Penal, que de paso subrepticiamente reformó el Código Penal y dejó todos los delitos, la mayoría de los delitos, sin sanción; y esto, por supuesto, no lo ignoran los delincuentes. El fenómeno de la inseguridad que estamos viviendo, es el fenómeno de que lo que teníamos, con el perdón de los que han tenido vinculación con la policía, que era horroroso, no existía, era un régimen de violación de los derechos humanos, de levantamiento de un sumario a espaldas, fue un régimen horroroso, pero era un régimen que de alguna manera contenía, no podía, pero teníamos que sustituirlo por otro que fuera eficaz. Pero no igualito que con la Ley de Vagos y Maleantes: eliminamos esta Ley y nos quedamos absolutamente sin nada. Teníamos un régimen oprobioso del Código de Enjuiciamiento Criminal y lo sustituimos por una cosa muy buena teóricamente pero que no funciona, en absoluto, en nuestro medio, sin Ley de Vagos y Maleantes y sin Código de Enjuiciamiento Criminal, sin posibilidad de sanción. Fernando hablaba de la impunidad. La impunidad ahora es total, del 100% no hay sanción. Yo puedo decir a una persona y los delincuentes no son tontos. Esta es la realidad. Yo hacía un "cuadrito" de las hipótesis de impunidad: si estafo, hurto, mato a diez personas a exceso de velocidad... Si una persona trafica con drogas, un delito que tiene diez a veinte años, admite los hechos, logra una condena rebajada a la mitad y luego procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, nosotros ahora, dentro de este absurdo, de este surrealismo venezolano, copiamos instituciones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad y esto me parece gravísimo. Me parece grave lo que estamos viviendo en este momento, en la jurisdicción ordinaria, por el Código Orgánico Procesal Penal, y también lo que vamos a vivir a partir de este mes con la jurisdicción de los menores, ahora con delincuentes a partir de los 12 años, lo que a mí me parece también una aberración. Y a lo mejor no es una aberración, desde el punto de vista de la UNICEF y desde el punto de vista teórico. Pero, a pesar de ser un hombre de leyes, tendría que decir que mientras más vivo con las leyes, menos creo en las leyes. Nosotros tenemos que dejar a un lado el fetichismo de la Ley, tenemos que olvidarnos de las leyes. El problema nuestro no es de leyes. Olvidémosnos de todas las leyes. Vamos a tratar de instrumentar algún sistema eficaz de prevención y de represión del delito dentro de nuestro medio. ¿Cómo va a funcionar entre nosotros un Código Orgánico Procesal que pregona la presunción de inocencia, el juzgamiento en libertad? Eso supone, que el Estado tenga algún control sobre las personas en libertad, y eso, en los países desarrollados existe. Una persona en libertad se sabe dónde vive, dónde está, esa persona puede ser llamada a un tribunal. En nuestro medio, cuando una persona obtiene la libertad en el proceso se despide del juez: ¡Hasta más nunca! Porque esa persona no se presentará más ante el Tribunal. Eso funciona en otras partes. En nuestro medio eso no funciona. Ahora, la alternativa no puede ser, por supuesto, la detención sistemática de todo procesado. Pero tenemos que idear un sistema que se ajuste a nuestra realidad. Aunque, desde el punto de vista estrictamente jurídico, por los principios garantistas, toda persona tiene derecho a ser juzgado en libertad, yo llego a la conclusión de que en determinados delitos: tráfico de drogas, homicidio, violación, no debe concederse libertad dentro del proceso.

Lo que he tratado de ejemplificar y subrayar en todo momento es el fetichismo legal.

No necesitamos nuevas leyes porque el problema es el respeto a una normativa mínima. Tenemos que comenzar desde abajo, no tenemos que comenzar desde arriba. No tenemos que comenzar con los grandes códigos. Ahí sí estoy perfectamente de acuerdo. El problema nuestro tiene que ser orientado desde abajo. El problema es el de la sanción, no a los grandes delitos, sino a los delitos pequeños. Cuando se eliminó la Ley sobre Vagos y Maleantes, ha debido aprobarse un Código de Faltas. Y ello era una proposición de Lolita Aniyar de Castro antes de que se declarara inconstitucional la Ley sobre Vagos y Maleantes, para hacer un moderno elenco de faltas en manos de la justicia de paz y rescatar, de alguna manera, la confianza en la administración de la justicia. Pero eso lo olvidamos. Declaramos inconstitucional la ley sobre Vagos y Maleantes y dejamos el negocio de esa manera, convencidos de que porque ya no hay vagos y maleantes oficialmente, se acabó el problema de los vagos y maleantes. En este momento, igualmente con el Código Orgánico Procesal, nos contentamos con la disminución del número de presos y con el ficticio enjuiciamiento de los denominados casos de flagrancia en juicios breves y con desconocimiento de las exigencias del debido proceso.

Entonces, el nuevo proceso, sencillamente, se da en caso de flagrancia. De resto, la mayoría de los imputados evaden el proceso porque no pueden sobrellevarlo, porque no tienen cómo pagar un abogado y, entonces, se van por la admisión de los hechos, por acuerdos reparatorios falsos o ciertos; es decir, no hay tampoco proceso, entonces, se están desarrollando apenas unos cuantos procesos de gente que tiene dinero para hacerle frente. O sea, que el acceso a la justicia, no se ha dado y, en definitiva, desahogamos las cárceles sobre la base de la aplicación de beneficios, derogando -porque ha quedado derogado prácticamente aunque no lo digamos- el Código Penal.

Ya, para concluir, creo que debemos enfrentar con seriedad el fetiche de la Ley. Es decir, debemos olvidarnos de la Ley. El problema no es de leyes; debemos buscar la eficacia del sistema sin olvidar las garantías. Esa eficacia tiene que estar concentrada en medidas concretas que tienen que aplicarse y que pueden aplicarse, sin reformas legales, como la incorporación de la comunidad a la prevención y la lucha contra el delito, a través de la conformación de juntas de vecinos, concientizadas del problema de inseguridad. Esto se ha dado. Hay experiencias en otras partes. Creo que en Maracaibo se hizo algo por el estilo y fueron experiencias favorables en el plano preventivo, en el plano de auxilio de la autoridad. Hay que hacer algo en relación a la policía. Yo no sé lo que dijo José Gabriel Lugo con toda su experiencia policial, pero yo diría que hay que orientarse, no hacia la profesionalización de la policía, sino hacia la desprofesionalización de la policía. Y esto está muy lejos de lo que se está pensando en este momento con esa policía nacional. Yo creo que hay que tratar de incorporar, por todos los medios, a la comunidad a la lucha contra el delito, lo cual estimo sea el camino para restablecer confianza en la justicia, porque esa confianza se ha perdido completamente entre nosotros.

JGLL. Quería referirme a una cosa cuando hablaba de la policía, creo que una cosa que incide en todo este juego, que es la investigación criminal, mencionada por uno de los ponentes, y que en Venezuela no existe. Yo la mencioné cuando hablé de la Agenda de Seguridad. Nosotros teníamos una fuerza de casi 120 mil hombres en materia policial y apenas un 3% dedicados a la labor científica investigativa. Entonces, no hay investigación. En cuanto al delito se refiere, nosotros tenemos que utilizar una cosa que se utiliza en policía y seguridad de Estado, que es la "inteligencia". Mientras no haya La inteligencia criminal, o como yo la llamo: penetración del medio criminal, no va a haber investigación y, por lo demás, ninguna cosa va a funcionar. Y quería acotar esto en esa materia, pues desde ese punto de vista las policías están muy mal. Y especialmente la Policía Judicial, por eso estamos buscando soluciones concretas. Yo creo que tiene que, en este momento, fortalecerse fundamentalmente la Policía Judicial que es la policía investigativa y, sobre todo, en el área investigativa.

Yo creo que en este momento es fundamental la represión. No hay ninguna vía, ninguna otra vía en este momento como no sea, a muy largo plazo, una represión preventiva, vamos a llamarla así, con respecto a los derechos humanos, pero con leyes muy fuertes, con leyes muy claras, con una acción que la policía y otros cuerpos y organismos, que la descomposición del orden social puedan actuar, que están en este momento atados de manos, porque están totalmente cohibidos e inhibidos. Yo creo que la reforma del Código tiene que ser fundamental para darle esa agilidad a los cuerpos de seguridad y crear los instrumentos legales, como hablaba el doctor Arteaga.

FF. Lo que sugería el Ministro era exactamente eso, un hampoducto.

JGLL. Yo me quedo asombrado cómo aquí tenemos policías por todos lados y en las narices de los policías, hacemos lo que nos da la realísima gana, pero la realísima gana. Aquí la policía siente y está hecha para perseguir delincuentes, creen ellos, y no los persiguen por supuesto, dando vueltas por ahí esperando que los llamen: "mira, hay un atraco". Cuando llegan los siete cuerpos policías, uno se lleva el zapato del tipo, otro se lleva una mano, otro se lleva un reloj, otro se lleva el arma, el otro el dinero y, entonces, cada director de policía da una rueda de prensa, y se dan pelota con eso. Pero en las narices de esos policías están, chico, trancando la autopista y fregando a medio mundo, en toda Venezuela, porque están vendiendo preservativos, vendiendo papitas y tostones. ¡Por el amor de Dios! Y, además, comiéndose las luces. Somos unos violadores, pero eso es porque estoy de acuerdo con lo que decía Alberto, no hacen falta más leyes, lo que hace falta es crear sistema y poner en funcionamiento todas esas cosas que son elementales, ya tenemos suficientes leyes, eso es otro de los principios simplistas que queremos.

FF. Yo creo que Alberto inauguró una polémica muy importante y muy interesante, que es la idea del uso de la Ley como fetiche, pero eso no es más que una parte del problema. A mí lo que me interesa destacar es la mitificación de la Ley, que cuando se dice: "la ley es la solución", se la está fetichizando, pero cuando se dice "la Ley es la culpable", se la está satanizando. Y yo creo que se está cometiendo un acto realmente muy grave en contra de un instrumento que ha probado a todo lo largo de la historia de los sistemas represivos, que ha sido un instrumento civilizatorio y que ha permitido, justamente, que sociedades estructural y coyunturalmente desorganizada comiencen a organizarse. Porque el control de la conducta frente a la Ley no es solamente un problema del funcionario público, del burócrata, del policía, del hombre armado, es, fundamentalmente, un problema de la sociedad. Y justamente, el sistema acusatorio lo que hace es activar los mecanismos sociales para que entonces empiece la defensa social a actuar. Fíjate en el ejemplo comentado anteriormente de la época de los vaqueros en EUA, la pacificación se logró mediante el jurado, porque es la gente defendiendo sus valores, es defendiendo lo que considera lo bueno en contra de lo que considera lo malo. Es poner frente a frente al delincuente con la sociedad que lo repudia. Por eso, Ferraggioli habla de penas mínimas, por eso habla de sistemas donde lo importante que realiza no es el castigo extremo o la pena máxima, sino la oportunidad y la eficiencia. Porque también hay que combinar eso con los objetivos de la justicia. Hay que concebir que todo juicio y que toda pena impuesta es un mal, y es necesario, pero sigue siendo un mal, porque ni al Estado ni a la sociedad les interesa gastar mucho dinero. Se puede buscar una fórmula para arreglar el problema, castigar oportunamente y buscar sobre todo que esa persona no lo vuelva a hacer. Por eso el objetivo de la pena no puede seguir siendo la expiación, esas son las viejas doctrinas, que dicen: "El culpable tiene que pagar su culpa". O las viejas doctrinas retributivas que dicen: "La Ley del Talión, me sacaste un diente, yo te saco el otro". Eso está superado, y hay que ponernos en la realidad porque hay que buscar, como históricamente se han buscado y encontrado, soluciones. Entonces, hay dos falacias que se vienen diciendo y repitiendo en mi opinión, impunemente, y yo creo que hay que develarlas. La primera yo la he llamado la falacia de los chimbos y, la segunda, es la falacia del opositor universal.

La falacia de los chimbos es muy sencilla: "Es verdad que el Código es bueno, pero es que nosotros no estamos organizados, pero es que nosotros estamos atrasados, es que nosotros no somos como los países escandinavos, nosotros no somos suizos". Como estamos mal y el Código es bueno, "señores, me cambian ese Código". No señor, lo que tenemos que buscar, desde el punto de vista lógico, es entonces prepararnos para eso. Ahora ¿por qué no podemos estar y esperar estar preparados? Porque ya la historia nos avasalló. Tenemos 200 años discutiendo este tema y diciendo durante 200 años que no estamos preparados, que tenemos que esperar la oportunidad histórica para prepararnos. Señores: hay que avanzar a troche y moche y este tipo de cosas hay que experimentarlas. La humanidad no ha encontrado un sistema punitivo perfecto, ni absolutamente eficiente. Pero este es el "menos peor" o el "menos malo" de todos los sistemas. Entonces, yo creo que no podemos esperar mucho tiempo más, ni estar más educados de lo que estamos, sino empezar ya, y empezar a utilizar proactivamente las fuerzas que se desatan dentro de ese proceso, basado en la eficacia de la denuncia y en la eficacia del control social y sobre todo en un estado que funcione.

AR. El Código tiene un período de aplicación, ¿cuál ha sido la experiencia?

FF. Yo no sé hoy día cuántos juicios se han hecho, pero entre julio y noviembre del 99, el 97% de las sentencias fueron condenatorias. Estamos hablando de juicios por jurados y escabinos. Es decir, altamente punitivos, más bien, nos habla, peligrosamente de que la defensa a lo mejor no está funcionando bien. Estamos hablando de juicios completos, no flagrancia ni nada de eso, sino juicios completos, juicios orales. Y el 95% de esas decisiones fueron sin disenso, absolutamente consensuadas. Eso quiere decir que el sistema, cuando opera es altamente punitivo y eso es lo que ocurre en los países donde funciona. Tenemos los Estados Unidos, que tiene un millón quinientos mil condenados en las cárceles y un margen pequeñísimo de más de un diez por ciento de procesados esperando condenas, que son personas de conductas altamente irruptivas y que no pueden estar en la calle, porque independientemente del delito que se le investiga son gente muy desordenada, por lo que los tienen ahí presos mientras esperan su condena. Eso es un dato importante, son realidades que hay que evaluar.

La otra falacia, la del op, ositor universal,, es afirmar que lo importante no son las leyes, sino el hombre. Esa tesis también , se invi, erte y es una tesis que escribió Jeremías Bentan hace unos cuantos años inmejorablemente. El sofista dice: "lo importante no son las leyes,, sino el hombre", pero cuando el hombre ya ha cambiado, dice: "¡ah no! Es que no tenemos leyes". Siempre es un enredo de esa naturaleza. ¡Señor! Yo afirmo que son tan importantes los hombres como las leyes. Necesitamos leyes buenas y tenemos que cambiar al hombre y, justamente, para eso está el sistema educativo y en eso se debe invertir. Una cosa donde hay que invertir mucho, porque ha probado ser un instrumento civilizatorio es en la justicia oral y, especialmente, la penal. Eso ha sido descrito muy bien en libros históricos y con datos muy claros. Yo quería terminar con el caso que decía Alberto. Lo que está demostrado con ese caso no es que el Código es malo, sino que todavía no tenemos jueces, porque el procedimietno por admisión de los hechos te da un margen de discrecionalidad para evaluar las circunstancias, para evaluar el daño social, para ver cuál fue el bien jurídico afectado. Entonces ¿por qué los jueces están aplicando justamente el máximo beneficio? Mira, ahí podría haber un problema disciplinario, podría haber un problema de pésimos jueces y probablemente un problema de corrupción. Ahora bien, coincido plenamente en lo que dice tanto Alberto como Carlos Armando, en el sentido de que hay que atender el problema sustantivo. En los países serios, la reforma del sistema penal empieza por lo sustantivo, porque hay que definir la filosofía, los principios de cómo afect,, , , ,, a, , r, la libertad de la ge, , n,,, , te y el límite de la restricción o de la privación de las libertades, luego viene el mecanismo, es decir, los procesos. Aquí había que resolver el problema penitenciario, por eso adelantamos la carrera, pero en técnica pura y simple eso no debió ser así y, por otro lado, yo sí creo que hay que sincerar las penas, porque hay que excluir algunos delitos por la vía de la reforma sustantiva, no por la vía del mecanismo. El mecanismo como principio no es malo, lo que es malo es su aplicación y peor aún, no tenemos todavía el hermano morocho de la reforma procesal que es la reforma del Código Penal. Y yo diría que también hay que reformar todo el régimen penitenciario. Termino diciendo que hay muchas cosas aquí sobre el tapete: los acuerdos reparatorios ¿cómo se va a pensar que es moralmente malo la autocomposición de las partes y que se llegue a privatizar un aspecto tan importante en delitos como la forma simple de apropiación indebida, la forma simple de hurto, la forma simple de estafa, si justamente esa es una gran conquista que se ha logrado? No en beneficio del imputado, ¡cuidado! Eso es entender mal el asunto: es en beneficio de las víctimas, por eso es saludable y bueno. Hay que aplaudir que sea ilimitado, porque justamente, el Código lo que hace es poner el énfasis en la víctima y en la posibilidad de que la víctima restituya, aunque sea parcialmente, aunque sea simplemente que le pidan perdón, porque el asunto no es un negocio. A lo mejor unas víctimas se sienten indemnizadas si le piden perdón. Yo estoy manejando ahorita un caso que ustedes habrán conocido por ahí, de la Procter & Gamble. Procter & Gamble está feliz de haber sido simple y llanamente el instrumento de demostración de que las personas jurídicas sí tienen reputación. Eso ha rebotado en todas partes del mundo. Los correos electrónicos son una muestra de la alegría que ellos sienten, que los tiene satisfechos. Ya pensarán sobre la acción civil. Por eso yo digo que este tipo de cosas hay que verlas. Fíjense que la cultura de la expiación está en el Código Penal, que permitía el perdón de la víctima y todas esas cosas, pero ahora el acuerdo reparatorio establece una transacción para esa forma así y para los delitos culposos, como hemos hablado en otra ocasión. Yo creo que eso es muy importante. Quienes hemos litigado y trabajado en el campo jurídico desde hace años, hacíamos una cantidad de transacciones y teníamos que registrar los de las transacciones para impedir que la persona saliera descontenta, porque la víctima lo que buscaba era que le pagaran su clínica, que le indemnizaran por la muerte como equivalencia a un seguro, que le repararan su carro. Eso es lo que buscan las víctimas de un delito culposo. Entonces, creo que es importante mantener sin límites los acuerdos reparatorios y finalizo, porque me estoy tomando demasiado tiempo, creo que no puedo aceptar, bajo ningún concepto, que se discuta el principio de presunción de inocencia, ese es el logro conceptual más importante; seguir pensando que hay que presumir la culpabilidad, seguir pensando que hay que detener para investigar ¡Señores! Eso es volver a las cavernas.

TS. En relación al primer planteamiento, sobre la necesidad de las leyes draconianas y la represión, yo pienso que el momento de emergencia no implica necesariamente mayor represión policial, lo que yo creo que se necesita es la aplicación de la ley utilizando la coerción necesaria. No dejar que las cosas queden impunes como decía Carlos Armando, no dejar de castigar, pero hay que preguntarse ¿quiénes son los que van a aplicar esa Ley? Porque si a una persona le van a aplicar la ley un proceso donde hay un juez que no sabe y un Fiscal que tampoco sabe y un defensor que no está preparado, y lo van a condenar a una pena de prisión, a una pena cualquiera donde el régimen no esté implementado, entonces quien falla es el Estado que no ha previsto las condiciones necesarias para que la aplicación efectiva y eficaz de la Ley sea posible. Por lo tanto, yo pienso que el momento requiere la coerción necesaria. Lo que yo no creo es en la represión generalizada, porque yo creo que se cometerían grandes errores y se agravaría el problema. El autoritarismo realmente no ha generado mejores condiciones, lo que ha hecho es paliar en algún momento, con una gran represión, los problemas, pero no acaba con el problema delictivo, por lo tanto hay que pensar en quiénes están operando la Ley para ver realmente su capacidad para hacerlo.

Al mismo tiempo, creo que la ley no corresponde solamente a los mecanismos formales o al estado, sino que la gente tiene que involucrarse, es muy importante la responsabilidad ciudadana. Esta ya existe en cierta medida, por ejemplo, uno observa como la gente se está agrupando en asociaciones, en pequeños grupos de defensa; habría que orientar mejor a esos grupos para coadyuvar a la protección de su zona, a la protección de sus bienes y todo eso, es decir, canalizar esa acción para evitar que la violencia, por ejemplo, que implican linchamientos u otras cosas se apodere de nosotros.

Pero, fundamentalmente pienso que el problema no está en el COPP ni está en las fallas, creo que tiene algunas fallas que es posible enmendar, pero son los operadores de justicia y si la mayor cohesión reside en ellos, creo que va a ser una cohesión de muy mala calidad.

Voy a defender la nueva Ley de la Infancia, porque en la base de esa ley hay varios estudios que demuestran - sobre todo a través de la psicología evolutiva a los niños y los adolescentes - que éstos actualmente tienen una información y una madurez mucho mayor de la que tenían los niños en la época en que se creó la Ley Tutelar, y por lo tanto el niño ya discierne muy bien. Tienen mucha conciencia de lo que es el bien y el mal, y tiene que responsabilizarse por sus actos, porque hay una delincuencia violenta donde los niños están siendo utilizados, pero ellos saben que es así, tanto que ellos invocan el principio de que "yo me callo porque estoy eximido constitucionalmente, y la Ley me ampara". Creo que era necesario tomar algunas medidas porque realmente la adolescencia está incursa en conductas delictivas muy graves. Además, la ley prevé una serie de mecanismos que responsabilizan a todas las personas que están encargadas del menor y eso es muy importante, porque antes quien se responsabilizaba era sólo el Estado a través del INAM, el muchacho era depositado allí y listo. Ahora no, todo tipo de autoridad paterna, escolar, van a tener responsabilidad. Me parece que es importante, no se puede ver el problema de la responsabilidad penal aisladamente, hay que verlo en conjunción con toda la parte administrativa de la Ley que es importante. Solamente eso.