José Ramón Padilla (JRP)

AR: En este segundo año del gobierno de Hugo Chávez aparentemente existe un conflicto en el área política, en la superestructura, pero uno no siente que haya un aumento de la conflictividad social, sino una especie de anomia, ¿cuál es la percepción que usted tiene de este problema?

JRP: Lo que pasa es que estamos hablando de muchas cosas, y muy complejas. No estoy seguro de que se pueda decir que no ha habido un aumento de la conflictividad social. Por el contrario, me parece que no hace falta más que salir a la calle para darse cuenta que hay cada vez más conflictos y, además, estos se expresan de forma más desarticulada. Todos los días hay una protesta, un paro, una toma de avenida o incluso de autopista, etc. Lo que si convengo es que ésta es una afirmación empírica, puesto que hay grandes dificultades para registrar el fenómeno. Tenemos muy poca capacidad para medir el problema. Mi impresión es que se ha producido un cambio de elenco, la sustitución de unas élites y de unas estructuras por otras. Este es un momento muy delicado, porque se ha dinamitado toda la institucionalidad política de Venezuela. Y esto tiene serias consecuencias en el tema que nos ocupa. No debemos olvidar que Venezuela ha sido un país tradicionalmente muy poco conflictivo, lo que entre otras cosas se debía a la existencia de actores bien organizados, que habían sido capaces de canalizar la conflictividad social. De hecho, la renta petrolera permitía darle plata a todo el mundo, todo el que pedía conseguía algo. Esos actores, hoy muy deslegitimados, eran los partidos políticos, principalmente Acción Democrática, y, de la mano de ellos, los sindicatos, que lograban atajar la conflictividad laboral. Los partidos y sindicatos funcionaban como canales de distribución, siguiendo una clara lógica clientelar, recibían quejas y bajaban recursos, lo cual servía para disminuir el nivel de presión social.

En la actualidad, la película es otra: estamos en un punto en el cual no hay actores, porque aquellos no han sido sustituídos por nada que sea medianamente articulado, ni socialmente capaz de interactuar, ni siquiera el partido de Chávez. Llegamos a un punto en el cual todo el mundo protesta de cualquier manera, porque no hay canales y no hay respuestas institucionales. Por ejemplo, si nosotros vivimos en Los Teques y no tenemos agua, trancamos la Panamericana. Ahora que eso afecte a quienes allí residen es un problema secundario, pero si yo tengo capacidad de expresarme de esa manera, lo hago, sin ningún temor a las consecuencias.

VA: En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hay un mecanismo importante: tomar renta externa por precios petroleros altos. Ese mecanismo, desde el punto de vista de la conflictividad, tuvo cierta eficacia, porque veía actores que de una u otra manera se ponían de acuerdo para dictaminar una política con respecto a esos mecanismos distributivos. Ahora, desde el punto de vista socioeconómico, la eficacia de ese mecanismo (en que el Estado era el gran distribuidor) es cuestionable. En ese sentido, los analistas económicos diagnostican que esa, justamente, fue la práctica más perversa que tuvo Venezuela. Entonces, una de las críticas que uno puede hacerle a estos 16 meses de gobierno es que el mecanismo distributivo basado en el Estado no ha sido redireccionado. Hay un intento de apaciguamiento, de temor político en la CTV, pero en el fondo el mecanismo sigue funcionando de manera muy similar.

Resultaría una evaluación débil decir que antes había mecanismos que tenían cierta eficacia distributiva, y que actualmente no existen; porque en el fondo quizás hayamos visto una perspectiva más económica y un poco recalcada en los actores - que resulta muy similar - aunque con menos prominencia de los actores tradicionales, básicamente en los sindicatos. ¿Cómo tú evaluarías ese diagnóstico?

JRP: Yo creo que este es un momento particularmente delicado, porque estamos tratando de sustituir un modelo que tenía, sin duda, muchísimas perversiones, incluso en términos de déficit democrático, es decir de representatividad, aunque mal que bien canalizaban los recursos; y además, trabajaban de manera alineada con el Estado, cosa que en este momento siento que no está ocurriendo.

Una de los ejemplos más claros de la forma en la cual funcionaba el anterior diseño institucional lo podemos ver en materia laboral: este ha sido un país con un insólito patrón de conflictividad durante los últimos 20 ó 30 años, porque a diferencia de cualquier otro país del mundo, las huelgas no aumentaban ni disminuían dependiendo de la situación económica o de la evolución del salario real de los trabajadores, sino del ciclo político. Uno puede perfectamente constatar que las huelgas aumentaban en los gobiernos copeyanos y disminuían en los adecos.

Yo publiqué un artículo, en uno de los últimos números de la Revista Debates del IESA, donde se ve claramente cómo funcionaba nuestro modelo de relaciones laborales. En este trabajo la principal observación es la siguiente: en el primer gobierno de Caldera aumentó la conflictividad; en el de Carlos Andrés Pérez disminuyó; en el de Luis Herrera aumentó y en el de Lusinchi bajó. Estos cambios sucedieron independientemente de la situación económica. La lógica del sistema se rompe en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque allí por primera vez encontramos a un presidente adeco que no cuenta con el apoyo del partido ni del aparato sindical, entonces, la conflictividad aumenta nuevamente. El segundo gobierno de Caldera fue un interregno, un período de transición y, por tanto, excepcional a la lógica que hasta entonces caracterizaba al modelo laboral venezolano.

Ese sistema que sin duda funcionaba, a pesar de sus muchas distorsiones y perversiones, reflejaba que los sindicatos, y principalmente la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), eran actores capaces de mediar socialmente. Eran actores que cumplían una función política, más allá de que representaran bien o mal a los trabajadores.

Ahora, muy por el contrario, el chavismo, por así llamarlo, no tiene cuadros sindicales conformados, y las experiencias que han tenido con el Frente de Trabajadores Constituyentes han sido de luces y sombras, con más sombras que luces en todo caso. Siento que en el fondo lo que hay es un intento de sustituir un esquema sindical por otro, que paradójicamente tampoco es muy diferente al anterior, salvo por lo inoperante.

VA: Cambio de elenco, pero todo sigue igual.

JRP: Claro, pero además, ese elenco nuevo se supone que debería actuar alineadamente con el Estado, cosa que por cierto no han podido hacer, por diversas razones. Entonces, en ese sentido es cierto el argumento y de hecho eso ha generado las perversiones que todos conocemos y que no se han corregido: el que más capacidad de presión tiene obtiene más, y eso lo vemos en los sindicatos de educadores o en los profesores universitarios, por ejemplo. Pero si observamos el plano político, creo que la cosa si ha cambiado. Porque no hay ni remotamente agentes articulados y distribuidos territorialmente con la capacidad de intermediación de Acción Democrática y de Copei. Estos actores tenían la posibilidad - a través de los canales del partido, que en el fondo se solapaban con los sindicales - de responder a las presiones de las bases y distribuir clientelarmente desde techos de zinc, hasta potes de leche. El punto de interés esta en que ese mecanismo se agoto y actualmente no hay nada que se le parezca. Probablemente problemas como el del cuento de la gente que no tienen agua en Los Teques se hubiese canalizado de otra manera hace unos años. Posiblemente los mecanismos de intermediación social, con todos sus vicios, hubiesen sido eficientes.

De paso, aprovecho para decir que yo no tengo ninguna añoranza del pasado, creo que del viejo modelo político y sindical había que salir, porque era profundamente pervertido. No estoy haciendo una apología del pasado, simplemente constato que, cuando menos en materia de manejo de la conflictividad social y laboral, estamos en un viviendo un momento de gran incertidumbre, ya que venimos de algo que en cierto sentido funcionaba - mal o bien -, y ahora estamos en un punto delicado, en una transición hacia no se sabe dónde.

VA: Da la impresión de que en estos momentos hay un intento de cambiar los elencos, pero manteniendo el mismo aparataje o uno muy similar. Pero como no se ha logrado, en unas áreas, sustituir dicho elenco todavía, parece que los mecanismos resultan más ineficaces en el sentido de la funcionalidad de un sistema. Da la impresión de que no tienen una idea muy clara con respecto a cuál debe ser la estructura global de funcionamiento en lo que a reclamos se refiere y que este proceso va a resultar un esfuerzo político efímero, en el sentido de que se van a esfumar potenciales reformas institucionales importantes. Desde el punto de vista de la representatividad democrática, de cómo solucionar conflictos, ¿cuáles serían los cambios que hay que hacerle a éste esquema, que prácticamente es muy similar al anterior?

JRP: Estamos -como tú dices- sustituyendo un elenco de actores por otro, pero además, estos nuevos no tienen el Know how del asunto y ese costo se paga. Debo aclarar que no quiero decir que antes las cosas funcionaban bien y ahora no, porque no es verdad. Lo delicado del asunto es que estamos básicamente introduciendo elementos, distorsionando un modelo político que no funcionaba. Tenemos un acentuado clima de inseguridad jurídica, pero en honor a la verdad, antes de que llegara Chávez al gobierno este problema ya era suficientemente grave. Ni antes había, ni ahora hay reglas claras del juego.

En conexión con lo anterior, aunque también en respuesta a tu pregunta, uno de nuestros mayores problemas como sociedad, es que el canal por excelencia de solución de conflictos, es decir el sistema judicial, no funciona. Está absolutamente colapsado. Entonces, en Venezuela es particularmente urgente establecer canales alternativos de solución de controversias, y algo de eso está ocurriendo, aunque muy lentamente; por ejemplo, tenemos desde hace ya unos años una ley de arbitraje comercial. Y lo más importante es que a la sombra de esta norma se han creado ya varios centros de arbitraje, como por ejemplo los de la Cámara de Comercio de Caracas y de la Cámara Venezolano Americana (Venamcham). Estas son iniciativas muy meritorias, que avanzan lentamente, porque se trata de proceso muy largo.

Por supuesto, estamos hablando de un tipo de conflictividad muy puntual, la comercial, pero que es determinante a la hora de plantearnos cómo atraer capitales extranjeros. Cualquier inversionista extranjero lo primero que se plantea es: ¿están las reglas de juego claras? Y en segundo lugar: ¿tengo mecanismos para resolver los problemas que se me puedan presentar?. Además, ellos saben que en Venezuela el sistema judicial no funciona.

Hay que desarrollar una cultura de conciliación y arbitraje

De cualquier modo, siendo el arbitraje comercial un asunto importante, aún quedan pendientes de resolver en Venezuela otras formas de conflictividad no menos relevantes, por ejemplo las de tipo laboral. Entonces, volviendo a tu pregunta, conviene echar un vistazo a lo que han hecho en otros países. En el mundo desarrollado hay muchas experiencias importantes, desde las más institucionalizados en Europa continental, hasta los Estados Unidos e Inglaterra, donde hay una gran cultura de arbitraje y de solución extrajudicial de conflictos.

Concretamente en Inglaterra tienen unas formas muy institucionalizadas de intervención en los conflictos - estoy pensando ahora en conflictos laborales exclusivamente, aunque esto podría funcionar también en otros ámbitos -, ellos tienen lo que aquí sería una suerte de instituto autónomo, un ente paraestatal que se encarga de mediar en los conflictos laborales. En Bélgica, los órganos de resolución de controversias tienen tales atribuciones, que son capaces de detectar potenciales conflictos e ir a una empresa y, con técnicas de conciliación, acercar a las partes. Pero la creación de esos institutos ha llevado mucho tiempo, o sea, eso no se monta de la noche a la mañana ni en dos o tres años. Tienes que desarrollar una cultura de conciliación y de arbitraje, tienes que formar gente, entrenarlos, tienes que darles atribuciones formales, etc. Es un proceso muy complejo. Entonces, yo creo que aquí no hay salida fácil.

Lo importante de destacar es que cuando uno observa las claves de funcionamiento de esas experiencias exitosas, puede percibir varias constantes: en primer lugar, la existencia de instituciones y canales a través de los cuales la conflictividad se pueda expresar, mecanismos que son percibidos por los sectores sociales como neutrales y eficientes. En segundo término, encontramos regulaciones que permiten que el conflicto se exprese, sin asumirlo como una patología, reconociendo la legitimidad de los actores.

Por el contrario, en Venezuela tenemos algunos excelentes ejemplos de lo que no deberíamos hacer. Tal vez el más notorio de ellos es el régimen regulatorio de la conflictividad laboral. Precisamente, si en alguna materia han existido - por lo menos oficialmente - canales de solución de conflicto es ésta. En efecto, la Ley Orgánica del Trabajo, tanto la actual como la anterior, consagran mecanismos a través de los cuales la conflictividad laboral ha de expresarse. Pocas cosas son más reguladas en este país que una huelga: se requiere que sean unos actores determinados, que representan a la mayoría de los trabajadores, que además se pase por el Ministerio del Trabajo, que se preavise al patrono con 120 horas de anticipación que la huelga va; que se le dé oportunidad al empresario para asistir a una reunión conciliatoria. Pocas cosas están más reglamentadas que la huelga y sin embargo esos canales no funcionan, porque están mal diseñados, porque hay una visión patológica del conflicto. En el fondo se siente que esto es algo necesariamente malo, cuando no es así. No quiero hacer una apología del conflicto, pero en todo caso se trata de un dato social que está ahí y que cada vez va a estar más presente en este país, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Además, en la ley laboral la figura del mediador esta muy mal diseñada, puesto que es ejercida por el Inspector del Trabajo, quien es al mismo tiempo -como su nombre lo indica- la persona que inspecciona y sanciona. El disparate consiste en que el funcionario que hoy sanciona a una empresa, mañana puede estar sentado en una mesa de conciliación como tercero neutral, entonces, por supuesto, no es percibido como tal.

Esos son los aspectos que hay que corregir; es decir, hay que crear mecanismos, en esta y en otras materias, correctamente diseñados. Además, tenemos que fomentar la cultura de la intermediación en los conflictos. En este país, no tenemos tradición de solución de conflictos vía arbitraje, conciliación o mediación.

VA: Durante el primer gobierno de Betancourt hubo una política reformista, por ejemplo, la reforma agraria, la cual produjo su efecto. Este Gobierno tiene la intención o hay la apariencia de intención de redistribución de activos. Es tocar un conflicto que quizás se había olvidado. ¿Cuál es tu visión de ese problema de los activos, distribución del ingreso y distribución de los activos?

JRP: Creo que hay que distinguir entre el discurso y las posibilidades de actuar, y yo creo que este gobierno ha dado muestras de incapacidad para llevar a la práctica sus propuestas; eso que tú dices está ahí, claramente se puede identificar en el discurso. Ahora, que sean capaces de llevarlo a la práctica y de aplicar políticas a partir de ese discurso, no sé, tengo serias dudas.

VA: Parece que desde el punto de vista económico, que la conflictividad organizada va a disminuir en Venezuela. Va a disminuir la conflictividad laboral organizada, porque el empleo formal está en una proporción menor. Hay un gran empleo informal que lo que quiere decir en el fondo es que es difícil que haya una conflictividad laboral, y que aún si bajaran los precios del petróleo, va a ser difícil que se exprese con la contundencia y la fuerza que tenían antes. Da la impresión de que esos conflictos laborales en el pasado estaban mediados políticamente y ahora como ganó un poder político distinto va a ser más difícil que esos sindicatos puedan tener el poder que detentaban anteriormente. De hecho, en Venezuela las huelgas las ha hecho el sector público, prácticamente no hay huelgas en el sector privado. Eso es una visión, la otra, es que va a ser muy similar al pasado, pero con elencos nuevos y quizás con un funcionamiento un poco más imperfecto (probablemente no va a tener la eficacia anterior, por lo que tú señalabas de la curva de aprendizaje, etc). Y eso dependería mucho de que el nuevo elenco político tuviera la capacidad de reemplazar en el ámbito laboral a los elencos anteriores. ¿Cuál de esas visiones ves tú como la más adecuada en el futuro?

JRP: Aunque pueda parecer contradictorio, estoy de acuerdo con las dos visiones que has dado. Por una parte creo que, efectivamente, la conflictividad organizada va a disminuir, salvo, obviamente, situaciones extraordinarias. Va a disminuir en Venezuela como lo está haciendo en todo el mundo. Los grandes indicadores de conflictividad laboral, que son el número de horas perdidas por huelga al año y el número de trabajadores involucrados en huelgas, están disminuyendo en todo el mundo desarrollado, y también en América Latina. Si tú observas, por ejemplo, el caso inglés es impresionante, porque efectivamente hay una quiebra en la tendencia a partir de 1979, como consecuencia en gran medida de la política sindical de Margareth Thatcher, que estuvo muy bien diseñada y mejor ejecutada.

Debo señalar que el caso venezolano es triste porque no tenemos datos, no se sabe cuál es el número de trabajadores involucrados en conflictos laborales, ni mucho menos las horas perdidas por la misma razón. Todo lo que se conoce es el número de pliegos conflictivos introducidos en el Ministerio del Trabajo, que no nos dicen mucho.

En todo caso, parece razonable suponer que en Venezuela la conflictividad laboral organizada va a disminuir, lo cual esta en perfecta correlación con otro fenómeno: el descenso en los niveles de afiliación sindical. Con relación a esto, para variar, tampoco hay demasiados datos, sin embargo, según información fiable - y es fiable porque que es de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no del ministerio - la tasa de sindicalización viene descendiendo drásticamente, desde su momento estelar que el sindicalismo fue, no por casualidad, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando los sindicatos llegaron a agrupar al 35% de los trabajadores, hasta ahora cuando la OIT estima que este dato no supera el 17%. Pero el dato importante, que conecta con lo que tú decías, es que de ese 17% del total de trabajadores sindicalizados, el 80% está en el sector público. Entonces, es ahí donde tiene capacidad de presión.

Adicionalmente, en este país hay un sector informal impresionantemente alto y esos no son candidatos a sindicalizarse.

Va a surgir otro tipo de conflictividad

Por todo esto, creo que aquí va a disminuir la conflictividad organizada, pero va a empezar a surgir otro tipo de conflictividad, la que no pasa por los sindicatos. Acuérdate que no tiene que haber un sindicato para que haya un conflicto: hay saboteos, hay operaciones morrocoy, hay huelgas de reglamento, hay 40 mil cosas. Le pueden pegar un chicle a una máquina y la bloquean, o pueden parar un vagón del metro, por ejemplo, y estropear el funcionamiento de todo un sistema en cadena. Todas esas son formas de conflictividad laboral que yo sospecho que van a empezar a aparecer, porque hay causas objetivas para el malestar (porque sencillamente los salarios son muy bajos) y apuntalan hacia la aparición, al desarrollo de nuevas formas de conflictividad, que son en el fondo mucho más peligrosas, porque son más difíciles de controlar.

Lo que se ha roto, además, es la disciplina sindical, entonces en el pasado una huelga de un sindicato petrolero de Cabimas era manejada e incluso suspendida desde el edificio de la CTV en Caracas. Eso probablemente no va a ocurrir en el futuro. Por otra parte, creo que es inevitable la tan postergada 'democratización sindical', ello va a producir sindicatos independientes, con dirigentes que tienen que rendir cuentas a sus bases y no a quienes los pusieron a dedo desde la CTV. Y eso va a crear un clima de autonomía sindical que va a hacer mucho más difícil dictar líneas desde Caracas para que, por ejemplo, el sindicato de Cabimas suspenda una huelga. Entonces vamos a ver cosas muy interesantes. Yo creo, y espero, que eso es lo que va a pasar.

VA: Tengo la impresión de que este gobierno ha tenido como objetivo fundamental reemplazar ese elenco por un elenco distinto, motivado por la premisa de que los de la IV República corruptos. ¿Hay posibilidad de que ese proceso sea exitoso? Es decir, hasta ahora no ha sido exitoso, ¿hay posibilidades en el futuro lo sea?

JRP: Yo creo que eso es más complicado de lo que parece. No es fácil sustituir la estructura sindical en Venezuela, a pesar de la pérdida de afiliados y de sus perversiones intrínsecas absolutamente indiscutibles. Y la principal dificultad, en mi opinión, es el gobierno no tiene mecanismos para sustituir a la vieja dirigencia sindical. Si alguna posibilidad de éxito tenía el chavismo en esa operación, pasaba por la alianza con actores sindicales ya consolidados, básicamente cercanos al PPT y también a la Causa R. Esta última, si bien fuera desde el principio del Polo Patriótico, es una fuerza crítica frente a la CTV y ha ganado sindicatos muy importantes.

VA: Efectivamente, ellos han tenido oportunidad de buscar alianzas políticas y no las buscaron.

JRP: Peor, las tuvieron y las perdieron.

VA: Da la impresión de que eso no está dentro del esquema político, no quieren un movimiento sindical fuerte. Es una situación que diferenciaría a los adecos del 45, estos últimos tenían una idea absolutamente leninista de la relación entre los sindicatos y el partido.

JRP: Estoy completamente de acuerdo, a diferencia del chavismo, en el proyecto político de los adecos del 45 el sindicalismo jugaba un rol absolutamente central. Por cierto, que aun hoy en día podemos ver algunas consecuencias de esa manera de entender la política y el sindicalismo. Como es el caso de los gremios del magisterio, que todavía guardan algo de la fuerza y capacidad de movilización de aquel movimiento liderado por el maestro Prieto Figueroa, que entre otras cosas pretendía apuntalar el concepto de educación laica y universal, que fue una bandera de los adecos del 45. En todo caso, y salvado las distancias, lo que no sabría decir es si, a diferencia de aquellos, el chavismo no ha querido dar un rol protagónico a los sindicatos, o si simplemente no han sabido hacerlo.

Adicionalmente, con relación a la reforma sindical, hay otro punto que me parece ha sido subestimado, pero es importante, no tanto por las consecuencias directas que pueda tener, sino en términos de la imagen internacional del país, que es el rol de la OIT. Las reformas sindicales las puedes hacer, las puedes estimular desde el gobierno, pero respetando la libertad sindical. Precisamente, Venezuela ha suscrito dos convenios internacionales: el Convenio 87 y el 98 de la OIT, que entre otras cosas obligan al estado a respetar el derecho que tiene el sindicato a decidir cuál es su forma de organización y cómo designar a sus representantes.

Un país que debe cuidar su imagen internacional, porque ha recibido acusaciones de organismos como la Federación Interamericana de Prensa. Para un país que es visto con sospechas por una parte importante de la prensa internacional, es delicado abrir u enfrentamiento con la OIT que es un organismo influyente. No es que van a embargar al país, posiblemente ni siquiera le aplicarían sanciones, pero en todo caso, en términos de opinión pública internacional, una condena de la OIT puede ser algo serio. En resumen, me parece una torpeza abrir un frente adicional con la OIT en este momento.

VA: Hay un conjunto de analistas que dice, desde el punto de vista de la Escuela Economía Institucional, que la Constitución del 99 es más o menos la misma del 61, pero reforzando algunos aspectos negativos en lo central; es decir, el esquema rentista sale más fortalecido; la parte distributiva está muy enfatizada. Igualmente se le critica que la nueva institucionalidad no establece reglas claras: un concepto negativo, induce a un comportamiento no positivo pues. ¿Cuál es tu pronóstico?

JRP: Yo estoy muy preocupado por ese tema. Desde luego, supongo que eso dependerá de cuál sea la composición de la Asamblea Nacional, si hay un dominio amplio del bloque gubernamental, no tengo dudas de que esas tendencias se van a acentuar, aunque sea para rectificar más adelante. En la Constitución lo que hay es un programa diseñado de manera muy inflexible, en todo caso encuentras lo que técnicamente se conoce como normas programáticas, que simplemente diseñan un programa de actuación a ser desarrollado después, por el legislador. Entonces tú tienes temas ahí muy delicados, por ejemplo, artículo 95 de la Constitución habla de la estabilidad en el trabajo. Esta es una norma muy confusa en su redacción, puesto que dice que: "...el legislador propenderá a la estabilidad en el trabajo y que nadie puede ser despedido por una causa contraria y que cualquier contrario a la Constitución es nulo". Entonces, por supuesto, hay un montón de cosas que preguntarse, por ejemplo: ¿qué es eso de despido contrario a la Constitución?. Probablemente las presiones políticas van a propiciar que se ahonde en ese camino: establecer rigideces, inflexibilidades, que al final van a limitar las contrataciones.

VA: Se acentúa la informalidad.

JRP: Se acentúa la informalidad, y ya tenemos unos niveles muy altos, pero siempre podemos empeorar. Entonces tú vas a tener situaciones que son muy difíciles de manejar. No sé si las cosas van a cambiar después de las elecciones, pero, creo que el discurso político y concretamente el discurso presidencial ha colaborado a que se manifiesten formas absolutamente desarticuladas de presión social, de organizaciones muy incipientes, pero que son capaces de salir a la calle, de reclamar y de crear molestias. Y, además, presionan de una manera absolutamente desproporcionada entre los objetivos y los efectos; es decir, una cosa es que yo proteste muy legítimamente por lo que sea, para seguir con el ejemplo que hemos usado anteriormente, porque no tengo agua en mi zona, y otra cosa es que el impacto que pueda causar mi protesta afecte a un colectivo desproporcionadamente grande.

Cultura de conflicto

Quisiera agregar un comentario final. Actualmente estamos reflexionando en el IESA, sobre la necesidad que tenemos de acostumbrarnos a vivir con la conflictividad, porque los conflictos están ahí, no van a desaparecer y, por lo tanto, tenemos que crear canales para manejarlos, tenemos que crear reglas de juego y una cultura del conflicto que no existe. Además, que esta es la enseñanza de otros países: el conflicto es un dato absolutamente natural y propio de toda sociedad plural y democrática. Hay gente que tiene intereses legítimos, que son contradictorios con otros intereses igualmente legítimos, y que los expresan. Entonces, el conflicto está servido y es parte de la vida.

Lo único que nos queda es aprender a vivir con el conflicto y, obviamente, a canalizarlo y a sacar de él sus energías positivas como fuente de cambio, como elemento de innovación, de creatividad.

Por ello, en el IESA estamos diseñando un programa de gerencia de conflictos. Se trata de ayudar a que la gente entienda lo que es el conflicto. Darle herramientas para que los maneje eficientemente, para que sepa comunicarse en un entorno de conflicto, para que sepa entender los objetivos del otro, y que se familiarice con los mecanismos de solución: con la negociación, con la mediación y con el arbitraje.

Yo creo que esa es una función que hay que cumplir y creo que a un instituto académico le corresponde avanzar por esa línea.