AR. ¿Con respecto al primer trimestre de 1999?

PCE. En el último trimestre del 99 la caída fue mayor, superior al 30%. Surge aquí un elemento que vale la pena comentar, por cuanto no se explica cómo es que el sector construcción pueda estar registrando en el primer cuatrimestre del año una caída tan significativa, existiendo recursos y programas del sector público de gran significación. Esto revelaría la lentitud en la ejecución de programas del sector público o ineficiencias en programas sociales, manejados con un alto componente de informalidad.

AR. ¿Es posible que existan problemas de coordinación intergubernamental en ese sector específicamente?

PCE. Sí, y también el problema de que los bonos que se emitieron para financiar la construcción de viviendas tuvieron un período de concreción demasiado largo. En suma, todo ello revela que estamos en presencia de un primer semestre virtualmente perdido en términos de recuperación económica, porque aun cuando tomáramos las cifras oficiales, apenas habríamos asomado la nariz por encima de la superficie, pero todos habríamos esperado que, aun cuando fuese como producto de un incremento tan fuerte de gasto público, el efecto del mismo sobre el comportamiento de la economía hubiese sido mucho mayor.

AR. Y más cuando las exportaciones, petroleras (que han demostrado gran dinamismo) y no petroleras, han mejorado. ¿El crecimiento de las exportaciones petroleras por efecto de los altos precios del petróleo y el aumento de volumen puede llegar a ser de 60% en términos nominales?

PCE. Exactamente. Afortunadamente, después de la abrupta caída de las exportaciones no petroleras el año pasado, cercana al 25%, hay señales de mejoramiento en las exportaciones este año, especialmente a nuestro socio comercial que es Colombia, de manera que no podemos sino tomar en cuenta esa realidad de un semestre prácticamente perdido, pues exige que el segundo semestre del año deba ser mucho más dinámico en términos de comportamiento de la economía. Para llegar a las cifras originalmente anunciadas (2.2 % de crecimiento para el año), vale decir que hay que redoblar el esfuerzo en el segundo semestre para alcanzar los objetivos esperados.

La lentitud en la ejecución de los programas del sector público, que hay que admitir será el factor de impulso principal de recuperación en el corto plazo, no ha cambiado las expectativas o incertidumbres nacionales que influyen sobre los agentes económicos y especialmente sobre la inversión privada. No podemos hablar de que haya aún una modificación de las tendencias de la inversión, como no sea lo relacionado con oportunidades como la adquisición de la Electricidad de Caracas por una empresa extranjera. Pero ello no representa per se una señal de confianza ni nueva inversión de capital fijo o inversión reproductiva.

AR. Aparte del problema de la desnacionalización que ha afectado a EDC, una empresa de tanta tradición en Venezuela (lo cual es una indicación de las dificultades que puede tener el capital nacional en el mundo globalizado) algunos analistas lo podrían interpretar como una señal de confianza...

PCE. Claro. Es una muestra de interés, pero más bien determinada por los bajos precios de las acciones en el mercado de capitales. Puede ser una cabeza de puente de la empresa para otras inversiones en Venezuela, pero hubiese preferido que no se hubiese dado un simple cambio de “manos” de la empresa de servicios más eficiente del país, sino que hubiese invertido en nuevos proyectos o en la privatización de empresas eléctricas del Estado.

AR. Hay unos sectores que se mueven en forma positiva, uno puede ser telecomunicaciones, donde aparentemente aprobaron un nuevo instrumento legal que, desde el ángulo económico podría ser positivo, aunque hay cuestionamientos con relación al control opcional del ejecutivo. ¿Qué piensa usted?

PCE. Ciertamente. Telecomunicaciones sigue siendo un sector con un comportamiento altamente positivo. Creció en un 20% en 1999 y sigue siendo en el año 2000 con mayor dinamismo. Desgraciadamente es un caso aislado, pero ha tenido y tendrá un papel relevante. Ahora bien, en términos de evolución de la inversión privada, lamentablemente la perspectiva no es aún favorable para el año 2000. Este año arrancan, sí, algunos proyectos, como el de Orinoco Iron, para la fabricación de briquetas en un joint venture de Sivensa con un grupo australiano, con una inversión total unos 850 millones de dólares, que añadirá valor al mineral de hierro venezolano. Por otra parte, algunos proyectos se vienen adelantando en el sector petroquímico, tal como el de fertilizantes. Se espera asimismo la toma de decisiones este año respecto a la construcción de una gran planta de olefinas en el complejo de José en el oriente del país. Pero en general, el comportamiento de la inversión privada en el país en el año 1999 fue pobre, producto de una tendencia que se acentuó en ese año, y no percibimos que en el año 2000 vaya a revertirse esa tendencia. Las razones están a la vista: por un lado, un proceso político largo, complejo y con mucha incertidumbre. Por el otro, falta la definición de reglas de juego ligadas a las reformas legislativas que quedan pendientes una vez que se instale la Asamblea Nacional. Esas reformas legales abarcan, como sabemos, temas tan fundamentales como una nueva Ley Orgánica del Trabajo, la reforma del Sistema de Seguridad Social que se había aprobado en los años 97 y 98; reformas del Código Orgánico Tributario, una nueva la Ley de Hidrocarburos y tantos otros elementos, en lo económico y en lo institucional, que serán los que terminen de definir el conjunto de reglas del juego claras que constituyan una respuesta coherente a las necesidades de inversión privada en el país. Además, creemos que hay que aprobar o revisar algunas leyes sectoriales, fundamentales para que los flujos de inversión se vean estimulados. Me refiero a casos como el de la minería, en el cual la ley aprobada mediante Ley Habilitante el año pasado, es considerada por el propio sector minero como una ley que no es capaz de estimular la inversión privada de la manera adecuada y, si se le compara con las leyes de otros países (México, Perú, Argentina, por citar algunos) quedamos ubicados en un rango bajo respecto a la posibilidad de estimular la inversión privada en dicho sector.

También el sector eléctrico, aun cuando hay ya algunas definiciones, se trata de un sector que requiere de una inversión de alrededor de seis mil millones de dólares. Hay allí también algunos elementos del ordenamiento jurídico que son importantes, ya que si se opta por el camino de alianzas estratégicas en las cuales el Estado mantenga una amplia participación de capital, abandonando el camino de la privatización, probablemente los resultados no sean los esperados.. Margarita fue un ejemplo claro de cómo una empresa en un año pudo cumplir un programa de inversiones en cinco años y colocar a la isla en capacidad de generar electricidad por encima de su demanda. Sabemos que son muchos los casos de filiales de Cadafe susceptibles de privatización, pensando que es difícil que la inversión extranjera se asocie minoritariamente con el Estado. Por ello, es necesario definir las estrategias y el ordenamiento que rija este proceso. Igual ocurre con el sector aluminio, donde se modificó, y creo que con razón, la estrategia de privatización en paquete, optando por la vía desagregada de las alianzas estratégicas. Ahí está otro sector susceptible de inversión del sector privado, para el cual hay que terminar de definir las reglas del juego. Por tanto, cuando pensamos en el año 2000 como un todo, es difícil esperar que la inversión privada vaya a cumplir un papel de motor importante en la recuperación. Esperamos que ello sí ocurra a partir del 2001.

AR. Sería por la incertidumbre sobre las reglas de juego o las políticas que Ud. mencionaba anteriormente, porque en el mercado petrolero existe una situación muy positiva.

PCE. Exactamente... La incertidumbre institucional, las reformas legales, la prolongada agenda política, ahora postergada en función del proceso electoral, aun cuando en todo momento se había dicho que era necesario superar esta etapa pronto para dedicarse a gerenciar el país y asignarle a la agenda económica el papel relevante que le corresponde...

AR. Dos preguntas. ¿Qué va a pasar con la política de ingresos? Aparentemente en el gobierno se ha producido un aumento del salario de bastante más del 20 por ciento, al tomar en cuenta los educadores, médicos y universitarios. Pero todavía no hay un aumento del salario mínimo, el cual parece que se está discutiendo con el sector privado. La otra pregunta es ¿cómo perciben ustedes, sobre todo en el sector industrial, el efecto de la política cambiaria sobre la competitividad?

PCE. Este es el primer año, después de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo del 97, en que no se activan los mecanismos de consulta tripartita establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Efectivamente, el salario mínimo del 97, subió de 15 mil a 75 mil, luego de 75 mil a 100 mil en el 98; a 120 mil en el 99, todo ello producto de los mecanismos de concertación.

En el 99, en plena transición del gobierno de Caldera al gobierno de Chávez, fue posible, a pesar de que se habían vencido los plazos de convocar la consulta tripartita, utilizar los mecanismos jurídicos de concertación entre el sector laboral y empresarial que permitió recomendar entonces por consenso al Gobierno, un salario mínimo nacional del orden de 120 mil bolívares. Este año ha sido la excepción. No se produjeron consultas oportunas y ello generó un vacío. El Gobierno dio el paso de otorgar un aumento lineal para el sector público de 20 %. Siempre nos ha preocupado el impacto fiscal de este tipo de política. Ya se ha dicho de parte de algunos de los coordinadores, sobre todo de la OCEPRE, que hay todavía un problema, porque no están asegurados los recursos para sufragar el alto impacto que ello tiene.

El sector privado lo que ha señalado es, primero, haber obviado que la consulta no fue conveniente porque son decisiones de mucha relevancia, respecto a las cuales existen previsiones legales explícitas. En segundo lugar, que estamos dispuestos a discutir salario mínimo y no aumentos lineales, porque cada empresa y cada sector han venido realizando los esfuerzos necesarios para corregir en la medida de sus capacidades las remuneraciones de sus trabajadores en forma directa o por la vía de la contratación colectiva. No podemos desconocer que existe una referencia establecida por el Gobierno, al fijar un 20 %. Hemos señalado, además, que el aumento de salario mínimo no debería en ningún caso exceder la inflación estimada por razones perfectamente comprensibles. En muchos sectores, especialmente la pequeña y mediana empresa, el grado de mortalidad empresarial es alto, por lo cual no hay duda de que un porcentaje del 20 % puede agravar la situación. Pero entendemos también que hay que tomar como referencia la decisión del gobierno, a pesar de esta insatisfacción por la falta de diálogo. Existe una justificable expectativa nacional, por lo cual hay que definir pronto la materia. Cualquier tentación de incorporar conceptos de inamovilidad laboral, no hará sino reeditar fallidas experiencias del pasado e inhibir a los agentes económicos de contratar nuevo personal en función de la reactivación esperada.

Tradicionalmente ha sido el primero de mayo la fecha en que se han tomado decisiones sobre el tema salarial, pero es difícil, mientras más nos alejamos, tomar decisiones que tengan efectos retroactivos, pues se golpearía fuertemente las finanzas de cualquier empresa y mientras más pequeña, más seria es la situación. De manera que creo que ya el primero de mayo se nos hizo lejano, tenemos que tomar una referencia de una fecha más cercana.

Ahora, el impacto de este tema es sin duda importante en una situación crítica como la actual. Insisto en el caso de la pequeña y mediana empresa. Hay análisis que muestran que un aumento del salario mínimo de 20 por ciento puede tener efectos contraproducentes sobre la generación de nuevo empleo, pero esta cifra no es descartable. Un aumento de ese nivel en el salario mínimo puede forzar a racionalizar la nómina y no hay duda que eso preocupa en momentos donde el índice de desempleo sigue agravándose. Nuestras estimaciones lo ubican en alrededor del 20 %.

En la hipótesis de que el Gobierno decidiera un aumento generalizado o lineal, se requeriría de una decisión por parte del Poder Legislativo y, obviamente, la crisis nacional se agudizaría sobremanera y nos estaríamos alejando del esquema que prevé la propia ley.

Con respecto a la política cambiaria y la competitividad, ciertamente que todo el sector productivo coincide en que la sobrevaluación cambiaria es un factor fundamental de pérdida de competitividad y de afectación de su rentabilidad. Por otra parte ha estimulado las importaciones. Ya los primeros indicadores registran un crecimiento del 19 % en el primer trimestre del año y eso hay que registrarlo, con sólo un crecimiento en el PIB del 0,3 %.

Estas son evidencias claras -existen otras empíricas- de la sobrevaluación, que la mayoría de los analistas ubica en torno al 40 %. El manejo financiero, decidido no hace mucho por PDVSA, apreció más el tipo de cambio y llevó a perforar el piso de la banda, por lo cual el BCV ha modificado la inclinación de la banda, agravando el problema de la sobrevaluación.

El tema cambiario, en términos generales, no es un tema de fácil consenso en el propio sector empresarial venezolano, y sin duda merece una reflexión profunda. Pero en lo que sí hay consenso, y así se lo señalamos a los candidatos presidenciales, es que sin salir de la política de la banda, el tipo de cambio debería por lo menos deslizarse buscando el punto medio de la banda y no como hoy, el límite inferior, que está castigando de una manera perceptible a la producción nacional y también por supuesto en general al sector exportador y a la inversión nueva.

AR. Hay analistas que suponen que, sin depreciar el tipo de cambio nominal o sin devaluaciones pronunciadas, se podrían lograr efectos similares reduciendo los impuestos de nómina, lo que podría hacerse sin muchos problemas por los altos ingresos petroleros. ¿Cuál es su opinión?

PCE. No hay duda. La posición del sector privado no es devaluacionista per se como vía para corregir el problema de la sobrevaluación. Lo que sí es una realidad es que muchos voceros del sector oficial tratan de minimizar la realidad y el impacto de la sobrevaluación cambiaria sobre la competitividad y se indica que este es un gobierno antidevaluacionista. Siempre hemos pensado que cualquier decisión tiene que ser tomada dentro de en un conjunto de políticas coherentes, donde un elemento importante es la lucha contra la inflación. Pero también pensamos que en este aspecto la política fiscal tiene mucho más relevancia, y que en la lucha antiinflacionaria el peso no debe recaer sólo un ancla cambiaria. Ello puede convertirse a mediano plazo en una bomba de tiempo. Adviértase además el efecto sobre la salida de capitales.

Ahora bien, el planteamiento de buscar la compensación de los efectos de la sobrevaluación por otras vías puede ser interesante, como lo es el abaratamiento del costo de la nómina. Sin duda vale la pena analizar esta posibilidad. No tenemos una posición definida al respecto, pero estamos abiertos. Nuestros documentos recientes no contemplan propuestas al respecto. Hasta ahora hemos puesto el énfasis en esa opción que ha merecido consenso, de ubicar la paridad más cerca del centro de la banda.

Ahora, quisiera abundar en torno a la decisión de PDVSA de actuar sobre políticas cambiarias. El gobierno señala que de esta manera ha dado un mensaje ejemplarizante a los especuladores. Pero ese tipo de medida que ha reducido la liquidez en forma brusca, ha ejercido una presión importante hacia el alza de las tasas de interés. Algunas empresas que estaban negociando créditos vieron modificadas sus expectativas significativamente en materia de tasas de interés. Éste había sido un tema al que el gobierno y la banca habían asignado un enorme énfasis en el pasado, tratando de presionar hacia una reducción de las tasas de interés. Era pues previsible que, con la reducción tan abrupta de los depósitos de PDVSA en el sistema financiero, ello tendría un efecto muy notorio en las tasas de interés, que hoy se ubica en 5 o 6 puntos porcentuales. Es posible que volvamos a la normalidad en cuanto a la liquidez, pero ese tipo de acciones no parecen consistentes con el deseo de bajar las tasas. Se incurrió quizás en una nueva manifestación de ensayo y error.

AR. Posiblemente el gobierno tomó esta medida por la salida o fuga de capitales. Según las estimaciones del Banco Central, la salida de capitales del primer trimestre fue algo menos de tres mil millones de dólares. Cuando no se cumple la condición de paridad entre las tasas de interés con las internacionales se puede producir salidas de capital. Hay analistas que estiman que podría existir una salida de capitales importante en este año, aún mayor que la del año pasado. ¿Cuál es su apreciación de este problema?

PCE. Sí, ese es un fenómeno que podría ocurrir. Es un hecho que una combinación de factores podría conducir a esa situación: sobrevaluación cambiaria, es decir el dólar es hoy una mercancía barata para el venezolano, con tasas de interés internas pasivas negativas, vale decir rendimientos internos menores que los internacionales, y elementos de incertidumbre o riesgo, pues bien, esa combinación de factores estimula la salida de capitales o el ahorro en divisas. A pesar de la cifra de 4.600 millones de dólares que se registra como salida de capitales el año pasado, no todo es fuga de capitales, sino que hay también pagos de deuda privada y otros compromisos, una cifra como la que se estima para este año, entre 7 y 8.000 millones de dólares, coloca una señal amarilla sobre el manejo de la política económica y obliga a una evaluación de conjunto de los tres factores que constituyen un sistema de engranajes: la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal para tratar de anticiparse a circunstancias futuras, donde, si se reducen los precios del petróleo, puede ocurrir una nueva crujida. Es una situación compleja donde pudiera entonces planearse alternativas, pero una cifra de salida de capitales como la señalada, indica una señal temprana que obliga a una evaluación y revisión.

Ahora, creo que la salida de capitales se presenta en términos del ahorro de personas naturales principalmente, porque yo estoy convencido de que en el sector productivo las empresas no están haciendo reservas en dólares. Los termómetros nos hacen ver que las empresas no están adquiriendo dólares, ya que la situación es tan crítica para la gran mayoría de las éstas que es difícil que existan excedentes si las empresas pierden dinero.

AR. La impresión que se tiene en la última semana es que de parte del Ejecutivo hay cierta intención de relanzar un diálogo con el sector privado... Pareciera existir alguna apertura.

PCE. Sí. Y ello constituye un hecho alentador.

AR. Quizás por el efecto que tuvo el fracaso del proceso electoral... ¿Cree Ud. que ese diálogo tiene una perspectiva seria, podría influir no sólo en la actual política económica sino en la agenda legislativa de la próxima Asamblea Nacional?

PCE. Bueno, efectivamente el diálogo sector público–sector privado se había visto afectado, sobre todo después de diciembre pasado, por las posiciones asumidas ante el hecho constituyente. Pero, ante la nueva realidad, el sector privado ha señalado que tiene la mejor disposición de asumir un diálogo constructivo con el sector oficial y lo único que reivindica, como no puede ser menos, es la posibilidad de coincidir o disentir en las políticas oficiales. Pero sí tenemos una posición positiva para ir concertando y aportar ideas y propuestas en temas del mayor interés nacional.

También han acontecido hechos que estimularon ese diálogo, como lo fue la conformación del Consejo Nacional Electoral, tema en el cual la sociedad civil ha recobrado algunos espacios las organizaciones empresariales y gremiales son parte de ello. Hace pocos días se produjo una positiva reunión con el Presidente de la República, en la cual se pudo hablar en un tono de mucha franqueza, hacerle ver realidades desde la óptica del sector privado, como la lentitud en la ejecución de medidas gubernamentales, los problemas y obstáculos principales a la reactivación, la necesidad de poner el foco en la multiplicación de la inversión privada. El sector privado no apuesta al fracaso del Gobierno, sino a su éxito que sería el de Venezuela. Pero la disposición debe ser sincera de la otra parte y ojalá la promesa del Presidente se traduzca en una disposición de reiniciar de una manera sistemática procedimientos de consulta con el sector privado, sabiendo que al final si hay discrepancias, es al Gobierno a quien corresponde la decisión final en materia de política económica.

Nuestro planteamiento es que analicemos las medidas y la revisión del ordenamiento jurídico pendiente, pero también hemos indicado que en la ejecución de parte del sector público existen lentitud y problemas. Hubo también un acuerdo básico para revisiones de naturaleza sectorial. Nos parece además imprescindible que no seamos informados a posteriori de las medidas que se adopten o de proyectos legales que ya estén cocinados, sino que los mismos puedan nutrirse con planteamientos e iniciativas que pueda presentar el sector privado.

AR. ¿Hubo receptividad por parte del Presidente?

PCE. Como dije, hay receptividad de poder desarrollar una mecánica de consultas... Es importante, y así lo señalamos, que fluyan señales desde arriba, porque muchas veces los cuadros ministeriales o medios pueden verse inhibidos si no aprecian una clara disposición del Gobierno desde su más alto nivel.

AR. ¿Existe un mecanismo específico para el diálogo?

PCE. No todavía, pero sí se nos señaló que, pasado el proceso electoral, el mismo Presidente se ocuparía de poner en marcha reuniones específicas para analizar temas de alto interés nacional, junto a la disposición de pasar la página en aspectos que hubieran podido contribuir a alejarnos o distanciarnos en el pasado, como es también nuestra disposición, siempre preservando esa capacidad irrenunciable de coincidir o disentir.

AR. La última pregunta: ¿cómo marcha el proceso de reformas en FEDECÁMARAS?

PCE Recientemente se definió la metodología que será utilizada y se decidió convocar a una Asamblea en julio, previo análisis del proyecto de reformas por parte del Directorio. No se trata de una reestructuración profunda de la institución sino de reformas estatutarias que son necesarias para adecuarse con las nuevas realidades. Por ejemplo, las bases empresariales y las Fedecámaras estadales requieren algunas reformas para poder garantizar la captación de miembros que son las Cámaras regionales y algunos aspectos ligados a la organización de Vicepresidencias funcionales de Fedecámaras a través de la elección directa y luego una serie de medidas que recogen aspiraciones de las propias bases que vienen manejándose desde hace algún tiempo.

Lo que ha resultado más complejo y se ha pospuesto, es la admisión de nuevos sectores. Queda abierta en la reforma estatutaria la posibilidad de que nuevos sectores se sumen a los doce que existen, pero de acuerdo a una metodología y criterios, porque dicho tema genera algunas discrepancias. Ahora, la metodología decidida coincide en que hay que propiciar consensos, sin forzar votaciones sino en aquellos artículos donde existan discrepancias fundamentales. Personalmente creo que habrá total acuerdo y en aquello en que no exista entendimiento se diferirá. Pronto podremos anunciar buenas nuevas. Entre tanto, existe total cohesión en el empresariado.

AR. ¿No se trata de cambios drásticos sino de una reforma?

PCE. Exactamente, se trata de una reforma.