La situación en Honduras se complicó este jueves por minutos. El presidente del Gobierno, Manuel Zelaya, quiere reformar la Constitución para seguir en el poder y, como primer paso, convocó para el próximo domingo una especie de referéndum para que los hondureños digan si están de acuerdo o no con que vaya iniciando los trámites. Pero ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Ejército están de acuerdo con la iniciativa presidencial, a la que tachan de ilegal. Así que el presidente Zelaya optó el miércoles por cortar por lo sano: destituyó al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y de paso aceptó la renuncia del ministro de Defensa, su otrora amigo Ángel Edmundo Orellana.

El caso es que Tegucigalpa amaneció este jueves con militares en las calles. La explicación oficial es que los centenares de soldados -desplegados alrededor del aeropuerto, el Parlamento, la Corte Suprema y la Casa Presidencial- tienen como objetivo evitar posibles disturbios protagonizados por grupos afines al presidente, lo que parece indicar que éste ya ha perdido el control de los uniformados.

Aunque el presidente, que anunció por radio y televisión la destitución del jefe del Ejército, dijo que en breve nombraría a un sustituto para así zanjar la crisis, la situación no parece tan sencilla. En primer lugar, el destituido general goza del respaldo de sus subordinados y del Parlamento. Y, en segunda instancia, sea quien sea el sustituto tendrá que hacer frente a una difícil encrucijada: ¿a quién hacer caso, al presidente del país o al Tribunal Supremo Electoral?

El presidente quiere que el Ejército se encargue de instalar la maquinaria para que los hondureños puedan votar, mientras que el tribunal electoral -el único capacitado legalmente para hacer ese tipo de consultas- ha ordenado a los mandos militares que no permitan la instalación de una sola urna. La situación es tan complicada que el presidente de Honduras ha pedido la reunión urgente del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se sitúe a su lado.

En su comparecencia pública del miércoles, el presidente Zelaya justificó la destitución del jefe del Ejército en "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido". Pero lo que parece más probable es que el general Romeo Vásquez fuese removido de su cargo al negarse a colaborar con la consulta. Los acontecimientos se precipitaron después de que, el pasado martes, el Parlamento de Honduras aprobase una ley que prohíbe expresamente la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las elecciones presidenciales están previstas para el próximo mes de noviembre, queda claro que la oposición parlamentaria al presidente Zelaya logró bloquear su aspiración de perpetuarse en el poder.

La guinda del gran lío en el que por momentos se sumerge Honduras es la noticia de que la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vásquez casi al mismo tiempo que portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general, Edgardo Mejía, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Sin saber todavía a cuál de los dos generales tendrán que obedecer, centenares de soldados armados con pistolas, bastones de madera y gases lacrimógenos vigilaron los puentes de Tegucigalpa desde el amanecer.

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