El tribunal indicó en un comunicado que realizará audiencias privadas y otras públicas por el fondo y reparaciones, además de que deliberará en privado sobre la posibilidad de dictar algunas sentencias y supervisará el cumplimiento de varias condenas emitidas meses atrás.

Los casos por los que se llevarán a cabo audiencias públicas, en las que participarán víctimas, defensores y representantes del Estado, son contra México, Venezuela y Barbados.

El caso Óscar Barreto Leiva contra Venezuela, que tendrá su audiencia pública el 2 de julio, se relaciona con el proceso penal mediante el cual el denunciante fue condenado en 1996 a un año y dos meses de prisión por delitos contra el patrimonio público.

Barreto ejercía como Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y en la denuncia alega que fue llamado a declarar como testigo de un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el entonces presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, y otros funcionarios.

Sin embargo, asegura que se le decretó auto de detención en su contra sin conocer la acusación y sin que se le respetaran varias garantías judiciales.

El 7 de julio, la CorteIDH realizará una audiencia pública en el caso contra México por "la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco que tuvo lugar a partir del 25 de agosto de 1974", luego de ser detenido en un retén del Ejército en el Estado de Guerrero.

La demanda señala que décadas después los hechos se encuentran impunes, pues no se ha esclarecido el paradero del hombre y tampoco se le ha otorgado algún tipo de reparación a sus familiares.

El 1 de julio los jueces celebrarán otra audiencia pública sobre la demanda DaCosta Cadogan contra Barbados, que se refiere a una condena a pena de muerte.

La denuncia indica que Tyrone DaCosta Cadogan fue condenado a la pena de muerte "sin consideración a las condiciones particulares del crimen cometido ni a las posibles circunstancias atenuantes".

En audiencias privadas, la Corte deliberará sobre la posibilidad de dictar sentencia por los casos "Reverán Trujillo contra Venezuela", "Integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República contra Perú" y "Escher y otros contra Brasil".

La demanda contra Venezuela se relaciona con la presunta destitución arbitraria de María Cristina Reverón Trujillo de su cargo de jueza del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 6 de febrero de 2002.

La demanda contra de Perú se refiere al supuesto incumplimiento de sentencias judiciales del Tribunal Constitucional que ordenaron a la Contraloría General de la República abonar a 273 trabajadores cesados remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones.

El asunto sobre Brasil se relaciona con la presunta interceptación ilegal de las líneas telefónicas de varios activistas en 1999 por parte de las autoridades de Paraná.

Los jueces de la Corte Interamericana también deliberarán en privado acerca de la supervisión de sentencias emitidas meses atrás contra Honduras, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Perú y Costa Rica.

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