El rumor de que el gobierno de Cuba estaba a punto de congelar los precios en los agromercados liberados causó tensiones pocas veces vistas entre la población cubana, acostumbrada a los racionamientos, pero temerosa de que un mayor control del estado genere más escasez.

La policía tuvo que intervenir en un agromercado este mes cuando los clientes comenzaron a gritarle a los inspectores del gobierno que realizaban una visita de rutina, según contaron trabajadores del lugar. Dos reporteros de la AP tuvieron que salir del mismo mercado el martes cuando sus preguntas generaron fuerte discusión.

"Esto va a ser un desastre y habrá menos productos", afirmó a la AP, Antonio Gutiérrez, un trabajador de cooperativa que vende hortalizas y frutas en el "agromercado" de 42 y 19 en el municipio Playa de la capital.

El gobierno cubano pensaba, a partir del 1ro de noviembre, congelar los precios en los agromercados liberados, los únicos donde rige la ley de la oferta y la demanda, aunque cuentan con supervisión estatal.

"El estado aplazó el cambio para el 2 de enero del 2010, estoy muy preocupado porque podría perder mi trabajo", manifestó Pablo Miguel Saldívar, trabajador del mercado.

Los medios de prensa cubanos no hicieron comentarios al respecto, pero un delegado municipal capitalino confirmó que se estaba preparando una revisión de los precios en los agromercados liberados, aunque habló bajo la condición del anonimato.

Gutiérrez, de una cooperativa en las afueras de Ciudad de La Habana que surte viandas, verduras y hortalizas al agromercado, precisó que "la cooperativa le vende el 70% de su producción al estado y el 30% restante queda para los mercados a precio diferenciado".

El presidente Raúl Castro está enfrascado en una política de lucha contra la corrupción y de reforzamiento de los controles del estado en varios sectores de la economía.

Ismael, un joven de 24 años que lleva seis años comprando productos en las cooperativas para venderlas en los agromercados liberados, señaló "nos quieren eliminar", aludiendo al estado.

"En este mercado hay de todo, eso es lo importante", señaló. "El estado en vez de controlar más, debería liberar este negocio, con una licencia, un impuesto, para acabar con la escasez".

Gladys, una jubilada de 72 años con una pensión de 240 pesos (11 dólares), está conforme con que "el estado controle los precios. Con mi pensión es poco lo que puedo comprar aquí. Pero es un problema bien complejo, aquí venden productos y son de calidad en tanto vengo de un agro estatal donde no había casi nada".

"¿Lograron poner alimentos en manos de la gente? Si. Pero se reduce el control gubernamental", comentó Bill Messina, economista agrícola en la Universidad de Florida en Gainesville.

Messina afirmó que el estado trata de "reforzar el control más que nunca... para consolidar el poder y superar la crisis". Y recordó que el gobierno ya experimentó estas medidas en las décadas de 1980 y 1990, y hace un año después del paso de dos huracanes, "por las mismas razones: el mercado negro, los intermediarios enriqueciéndose, el gobierno incapaz de controlar el mercado y suministrar los alimentos".

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