Una sala de conjueces electorales de Colombia invalidó el proceso de inscripción y solicitud de convocatoria del referendum que busca facilitar una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe en los comicios de 2010.

Los mismos conjueces también decidieron formular o presentar cargos contra los nueve promotores de esta iniciativa, entre ellos el ex embajador Luis Guillermo Giraldo, dijo el jurista Carlos Mario Isaza, del equipo de tres jueces que adoptó las decisiones.

"Se dejó sin validez alguna la etapa de inscripción de la iniciativa legislativa y la solicitud de referendo", dijo a la prensa en Bogotá el conjuez Isaza.

El jurista explicó que los promotores de este proyecto electoral violaron los topes de financiación del proceso de recolección de firmas.

El comité promotor del referendum reunió casi cuatro millones de firmas de ciudadanos favorables a la reelección de Uribe, campaña que dijeron haber financiado en gran parte con un empréstito de 2.000 millones de pesos (poco más de 1,01 millones de dólares).

El crédito no fue contraído, según lo establecieron los investigadores designados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para establecer la legalidad de la financiación de esta campaña, que fue realizada en los meses finales de 2008, por iniciativa del movimiento Primero Colombia.

El conjuez Isaza dijo que la iniciativa fue dejada sin validez por el voto suyo y el de su colega Felipe Pérez, integrantes del grupo de conjueces junto a Manuel Pretelt de la Vega, que se apartó de la decisión de ambos.

Los promotores de la iniciativa podrán recurrir la decisión de los conjueces mediante un recurso legal de reposición.

El jurista que salvó el voto es hermano de Sabas Pretelt de la Vega, quien asumió como embajador en Italia tras ejercer como ministro del Interior y de Justicia en una parte del Gobierno de Uribe, quien asumió por primera vez en agosto de 2002 y que en mayo de 2006 fue reelegido por primera vez, mediante una enmienda constitucional.

La iniciativa de convocatoria de referendum fue aprobada de manera definitiva por el Congreso hace más de seis meses, y en la actualidad está en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si se ajusta a la Constitución.

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