La suscripción se realizó en una ceremonia sencilla en la que participaron el canciller Jaime Bermúdez y el embajador de E.U. en Colombia, William Brownfield.

Mediante este convenio de cooperación, Colombia le permite a Estados Unidos, el uso a militares norteamericanos operar desde 7 bases aéreas y navales ubicadas en territorio nacional.

Ayer, el Gobierno reiteró que el texto del acuerdo militar no pasará por el Congreso. Así se lo hicieron saber el Canciller y el Ministro del Interior al presidente de la Cámara, Édgar Gómez, y a los presidentes de las comisiones segundas de Senado y Cámara (encargadas de tratar temas relacionados con política exterior), Mario Varón y Manuel José Vives, respectivamente.

Gómez, quien se declaró "satisfecho" con las explicaciones del Ejecutivo, dijo que el texto no pasará por el Legislativo dado que "no es un tratado internacional sino un acuerdo simplificado", es decir, desarrolla "obligaciones contenidas en tratados y convenios bilaterales y multilaterales, suscritos previamente por Colombia".

Según el presidente de la Cámara, quien leyó un comunicado que resumía las razones del Gobierno, "el acuerdo no implica el tránsito de tropas" extranjeras por territorio nacional, uno de los argumentos que esgrimieron congresistas de oposición como Cecilia López (liberal) para pedir que se le dejara al Congreso revisar el convenio.

Para ayer, a las 11 de la noche estaba previsto el arribo a Bogotá del ministro Silva, quien, proveniente de Miami (E.U.), traía en su maletín la versión final del acuerdo.

Congreso de E.U. sí lo revisará

A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, el acuerdo de cooperación militar sí pasará por las manos del Congreso de E.U. Así lo anunció ayer el embajador Brownfield: "Después de firmar un acuerdo ejecutivo, tenemos la obligación de pasar el texto al Congreso y específicamente, a los dos comités de relaciones internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes".

El diplomático también reiteró que "ninguna acción contemplada en este acuerdo puede afectar la soberanía de otro país".

El embajador de E.U. se refirió al tema de la inmunidad de la cual gozaría el personal estadounidense que opere en Colombia, uno de los aspectos más polémicos del acuerdo.

Aseguró que "se trata de inmunidad, no de impunidad" y recordó que en los diez años que lleva la "ayuda basada en el llamado Plan Colombia", han pasado por el país "alrededor de 10 mil militares de E.U." y un número similar de contratistas. Sin embargo, recordó que en ese período han tenido lugar "seis casos que sugieren delitos por parte de militares de E.U., que afectaban un total de 10 personas".

Brownfield habló del tema al término de una reunión con Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General del Trabajo (CGT), en la sede de esa organización.

Gómez también se refirió al acuerdo. Aseguró que no está de acuerdo con que este se firme pues, "se ha convertido en un pretexto para que los países vecinos entren en una carrera armamentista absurda, cuando los problemas fundamentales de la población no están resueltos en ninguna de esas naciones".

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