Venezuela podría cerrar el año, según estimaciones de expertos, con más de 18.000 muertos por homicidio, un flagelo en aumento y cuya solución, en opinión de los analistas, pasa por el desarme de la población civil.

Se calcula que en este país hay entre 9 y 15 millones de armas en manos de la población, declaró en una entrevista a Efe el presidente del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), Pedro Rangel, a partir de datos de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional.

La media determina que cada hogar venezolano cuenta con tres armas bajo su techo, algo "totalmente desproporcionado" a juicio de Rangel, ya que "la posesión de armas por parte de la población civil influye notablemente en la violencia de las calles".

Según datos de INCOSEC recogidos en el área metropolitana de Caracas durante el primer semestre de 2009, el 98 por ciento de los casos de homicidio fueron con armas de fuego y el 60 por ciento de los cadáveres presentaban heridas por más de cinco disparos.

Esto muestra "unos niveles exacerbados de violencia", que en el 36 por ciento de los casos mata a jóvenes de entre 15 y 29 años, añadió Rangel.

El Observatorio Venezolano de Violencia proyecta que, si se mantiene la tendencia, se registrarán unos 18.436 homicidios en el país al cierre de 2009, y la estimación es "conservadora" ya que los últimos meses suelen ser los más violentos, apunta su director, Roberto Briceño-León.

Desde 1994 hasta 1998, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió de 22 a 20, lo que situaba a Venezuela entre los países con una tasa de violencia media-alta de América Latina.

Sin embargo, Venezuela está ahora con una tasa muy alta dentro del espectro de la región, con una media de 40 muertes diarias y 52 homicidios por cada 100.000 habitantes a final de 2008.

Según cifras policiales, hubo el pasado año más de 12.000 muertes violentas, uno de los índices más altos del mundo, en un país de 28 millones de habitantes.

También se ha incrementado la preocupación entre la población, que sitúa el problema de la inseguridad como el principal que azota el país, por delante de la inflación o el desabastecimiento, según encuestas de Datanálisis.

Asimismo un 80 por ciento se manifiesta insatisfecha o muy insatisfecha con la acción del Gobierno del presidente Hugo Chávez al respecto.

No obstante, explica a Efe el director de Datanálisis, Luis Vicente León, "el presidente no parece ser percibido por la población venezolana como responsable" del problema.

"Cuando les preguntas quién es el culpable de la inflación, el desempleo o el desabastecimiento siempre el gobierno o el presidente asimilan un costo importante, una responsabilidad concreta. Sin embargo, el responsable se atomiza de una manera impresionante", en el caso de la inseguridad, añade.

"Mientras la población perciba que el problema más importante es la inseguridad, se maquillan el resto de las preocupaciones donde él sí es responsable", explica.

Si Chávez no habla del asunto es porque "no lo quiere convertir en un problema suyo", además de que el grueso de la población cree que este flagelo no tiene solución, dice.

"En los barrios populares da igual que maten 60 o 70 o 50 en un fin de semana, ellos conviven con la inseguridad y lo han hecho durante muchos años, por eso no lo relacionan con Chávez sino con la pobreza, con sus circunstancias", opina León.

Desde INCOSEC, Rangel difiere de este análisis ya que, de acuerdo con las cifras oficiales, los niveles de pobreza han disminuido significativamente y Venezuela sería de los más seguros según esta teoría.

A su juicio, el 93 por ciento de impunidad de los crímenes constituye "una invitación al delincuente y un golpe al orgullo de los cuerpos de la ley".

"Necesitamos un modelo policial que esté regido por la transparencia, la equidad y la justicia en el proceso de reclutamiento, respaldado por un sistema de seguridad social y un equipamiento individual y colectivo adecuado", considera Rangel, quien tiene esperanzas en la Policía Nacional creada por Chávez.

El impulso al proyecto de Ley de Armas, Explosivos y Municiones, activar un plan nacional de desarme y propiciar cambios de conducta en todos los sectores de la sociedad son los pasos que INCOSEC propone seguir.

"Hemos llegado a situaciones extremas como la Ley del Talión, en la que la víctima pasa a ser victimario, y esto crea situaciones de mayor violencia colectiva", apunta el experto, que insiste en la necesidad de mantener la esperanza en hallar vías de solución.

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