A solicitud del Ministerio Público, fue dictada medida de prohibición de salida del país contra 16 directivos de las instituciones financieras Provivienda (Banpro), Confederado y Bolívar Banco, intervenidas el pasado viernes.

El Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas tomó la medida como parte de la investigación que ha iniciado una vez que la Superintendencia de Bancos detectó irregularidades en estas entidades financieras, adquiridas por el empresario Ricardo Fernández Barrueco.

El Tribunal 11 de Control imputó a Ricardo Fernández Barrueco y a su asesor legal, José Camacho Uzcátegui, por distracción de recursos de los ahorristas, apropiación indebida de créditos y asociación para delinquir.

El Tribunal dictó la medida contra los directivos del Banco Provivienda (Banpro), José Antonio López Pernalete, Rafael Alberto Medina, Andrés Polanco Fernández, Omar Casañas, María Sol Cacique y Reynaldo Valdéz.

La decisión también afecta a los directivos del Banco Confederado, Fernando de Candia (ex presidente de la Comisión Nacional de Valores), César Mendoza Villapol, Reynaldo Gadea Pérez, Antonio Figallo Bottaro, Daniel Hernández Castillo, Oscar Benedetti, Alberto Cosme Genatio Fernández y Augusto Herrera.

La prohibición de salida del país, en el caso de los directivos del Banco Bolívar, impacta a Andrés Enrique Polanco Fernández y Edduar Antonio Vázquez.

El Ministerio Público agrega en su comunicado que entrevistó al "ex presidente y dueño del Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos, como parte de esta investigación".

El miércoles de esta semana efectivos de la Disip, a solicitud de la Fiscalía, allanaron la casa de bolsa U21, empresa relacionada al Banco Canarias, entidad financiera que también se encuentra intervenida por la Superintendencia de Bancos.

El Ministerio Público resalta que incautó en U21 "evidencias de interés criminalístico para la investigación, relacionadas con las operaciones que habría efectuado la casa de bolsa con empresas vinculadas con Ricardo Fernández Barrueco".

Ricardo Fernández compró, mediante operaciones que no recibieron la aprobación final de la Superintendencia de Bancos, a las entidades financieras intervenidas.

Organismos públicos colocaron importantes sumas de dinero en estos bancos, al punto que al cierre de octubre lo inyectado en depósitos asciende a 4 mil 838 millones de bolívares fuertes, una magnitud que representa 18% de todos los depósitos del Estado en la banca privada.

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