La fiscal general Luisa Ortega Díaz acudió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una declaratoria de antejuicio de mérito, del ciudadano gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez. El antejuicio implicaría el cese de la inmunidad que goza el gobernador y su separación del cargo.

"Hace ya aproximadamente mes y medio los fiscales me solicitaron, tras la investigación preliminar que ellos condujeron, que hay fundados elementos de convicción que pudiesen comprometer la responsabilidad del alto funcionario en algunos delitos contemplados en la ley contra la corrupción".

Algunos delitos en los que podría estar incurso el gobernador de Yaracuy serían: "peculado doloso impropio, evasión de procedimiento licitatorios y concierto con contratistas".

Aunque no precisó el número de imputaciones en el caso del gobernador de Yaracuy señaló que sí existen otros funcionarios y no funcionarios involucrados. "Se han imputado a algunas de estas personas y se van a seguir imputando, por supuesto, que continúa la investigación para las personas que no tienen el beneficio del antejuicio de mérito".

La fiscal respondió al calificativo de irresponsable que le diera el gobernador Giménez, que el "Ministerio Público es el titular de la acción penal y es el encargado de investigar la comisión de hechos punibles, sobre la materia política no me corresponde pronunciarme porque el Ministerio Público no puede participar de esto, pero esta investigación que condujo la Fiscalía es seria, responsable, apegada a la ley y al respeto del debido proceso".

Recordó que el gobernador en tiempo pasado recusó a la fiscal del Ministerio Público pero ya fue resuelta por la consultoría jurídica del ministerio y declarada como improcedente.

La fiscal se refirió a las denuncias del diputado Wilmer Azuaje como no concretadas. "El diputado Wilmer Azuaje no ha acudido al Ministerio Público a formular ninguna denuncia sino que acudió fue a los medios de comunicación, no es que esté en desacuerdo con esto sino que toda denuncia debe acudir además de los medios de comunicación al Ministerio Público".

"Una persona enferma va primero a auscultarse ante un médico y luego puede acudir al medio de comunicación a informar, igual ocurre con el Ministerio Público", dijo y explicó que un hecho público, notorio y comunicacional es otro caso y no este. "El hecho notorio comunicacional al cual se reguló en una sentencia de 2003 y estaba referido a las pruebas, decía que las pruebas que constituyen un hecho público, notorio y comunicacional no se deben probar, no se está hablando entonces respecto a las denuncias o las querellas".

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