El contralor general de la República, Clodosbaldo Russian, aseguró que no habrá nuevas inhabilitaciones en los próximos meses, con motivo del venidero proceso comicial previsto para el mes de noviembre de este año.

El anuncio lo hizo este martes tras recibir, en la sede de la Contraloría, el respaldo y la solidaridad del Frente Socialista Unido de Profesionales y Técnicos (Fsupt), y donde señaló que, por razones operativas, la Contraloría cierra ahora mismo todo el proceso relacionado con esta materia.

Dijo, además, que el Consejo Nacional Electoral le solicitó la lista depurada de los inhabilitados, lo cual debe hacer con suficiente antelación, tal como ocurrió con el pasado evento electoral.

La inhabilitación no es sólo para el desempeño de cargos públicos que se deriven de votaciones universales, directas y secretas, sino para cualquier cargo, o sea, no lo pueden nombrar portero, ni director de un ministerio, ni ser empleado de otro organismo, apuntó.

Insistió en que las personas inhabilitadas nunca demostraron su inocencia cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo ante la Contraloría, cuya dirección operativa, después de haber encontrado irregularidades y la presunta responsabilidad de algunos funcionarios, entregó en sus propias manos la información necesaria con un informe preliminar para que ejercieran todos los derechos con el debido proceso, entre ellos, el derecho a la defensa.

Luego se transfirió a otra Dirección, como tenía que ser, para evitar la contaminación y allí se establecieron las responsabilidades administrativas; es obvio que, una vez cumplido con esos procedimientos, lo que prosigue es la inhabilitación del funcionario, aclaró.

Indicó que se trata de inhabilitaciones impuestas hace más de dos años.

Russian consideró que las inhabilitaciones no son algo novedoso porque eso está contemplado en la ley aprobada en el año 2001 en la Asamblea Nacional, donde hubo la participación de todas las fracciones parlamentarias que estaban representadas en ese momento.

Tampoco es una creación de la quinta república o como alguna gente pretende hacer ver, una decisión del Presidente de la República, quien no tiene velas en este entierro, aseveró.

“Las responsabilidades y sanciones que se imponen aquí son única y exclusivamente del Contralor”, expresó.

Recordó que los mismos que aprobaron el articulado de esa ley, “de la cual estoy en la obligación y en el deber de aplicar, salen, entonces, a decir que tengo el corazón peludo, que soy un impío y que le estoy imponiendo sanciones a alguna gente para que no participe en un proceso electoral, lo cual es completamente falso porque son sanciones administrativas y no pudieron demostrar su inocencia”.

Hizo ver que pierden el tiempo aquellos que intentan insultarlo o amenazarlo porque así “no podrán demostrar su culpabilidad”.

Entretanto, la coordinadora nacional del Frente Socialista Unido de Profesionales y Técnicos (Fsupt), Jacqueline Sosa, quien le entregó en sus manos un documento de solidaridad al contralor Russian por el caso de las inhabilitaciones, manifestó que, de acuerdo con el artículo 289 de la Carta Magna, son atribuciones de la Contraloría General de la República inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público.... imponer los reparos y “aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley” .

Está consciente de que las decisiones a través de las cuales la Contraloría ha inhabilitado a cientos de compatriotas, independientemente de su ideología, credo o clase, se hicieron en consonancia “con nuestro ordenamiento legal y protección de nuestro patrimonio y de los derechos que nos amparan, los cuales tienen que ver con la administración de nuestros recursos y bienes públicos”.

“Basta de impunidad, de corrupción y mentiras al pueblo, hablemos con la verdad y luchemos juntos para que se cumplan las leyes y la Constitución en la defensa de esos valores supremos del ser humano como la moral, la ética, la solidaridad y la corresponsabilidad”, puntualizó.

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