Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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Proyecto de Ley de Reforma Parcial del COPP

Viernes, 31 de agosto de 2001

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional

PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Caracas, 23 de Agosto de 2001

Introducción

La Asamblea Nacional designó una Comisión Mixta para el Estudio de los Códigos Orgánico Procesal Penal, Penal y Orgánico de Justicia Militar. La misma fue integrada por los Parlamentarios Alberto Jordán Hernández. (Presidente), Guillermo Palacios (Vicepresidente), Omar Mezza Ramírez, Nelson Ventura, Ernesto Alvarenga, Juan José Mendoza, Henry Ramos Allup, Edgart Zambrano, Gerardo Blyde, Nelson Chacin, Charles Medina, Roger Rondón, Wilfredo Febres, Iris Varela, Roberto Quintero, Carlos Casanova, Noely Pocaterra, Pedro Díaz Blum, Alejandro Arzola, Eliás Mata y Luis Longart.

El equipo técnico de asesores estuvo coordinado por el abogado Fernando M. Fernández e integrado por los Dres. Alberto Arteaga Sánchez, Jesús Enrique Rincón Rincón, José Luis Tamayo, Federico Gasiba Cárdenas, Samer Richani, José Fernando Núñez, Claudia Tina, Gilberto Alcalá, Eleazar Guevara Sifontes y Oscar León Uzcategui. Fueron consultados en algunos aspectos los Dres. Jorge Rossell-Senhenn, Blanca Rosa Marmol de León, Alejandro Angulo Fontiveros, Rafael Pérez Perdomo, Julio Elías Mayaudón, Sergio Brown, Hernando Grisanti Aveledo, Carlos Simón Bello, Rogelio Pérez Perdomo y Carmen Alguindigue. Asimismo, calificados integrantes del Poder Judicial, Corte Marcial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados de Caracas, Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Guardia Nacional y los abogados Ivette Guillén y Daniel Arteaga de la Oficina de Investigaciones y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, quienes se sumaron a la revisión de los borradores y papeles de trabajo e hicieron llegar sus observaciones y aportes.

En el plazo destinado a tal fin, se realizaron más de 40 foros a lo largo y ancho del país, en los que se recogieron directamente las opiniones y sugerencias emanadas de jueces, fiscales, organismos policiales, abogados y profesores de derecho, quienes aportaron valiosas ideas, producto de su experiencia.

Adicionalmente, se recibieron valiosos documentos en intervenciones en foros de los siguientes colaboradores, entre expertos e instituciones, entre otros: Beltrán Haddad, Nelson Chacón Quintana, Eric Pérez Sarmiento, Pedro Berrizbeitia, Jesús Ramón Quintero, Sonia Lafee, Gral. Luis Alberto Camacho Kairuz, Cnel. Eladio Aponte, Alejandro Leal, Eloy Rutman, Angel Edecio Cárdenas, Roberto Alvarado, Rafael Quiñones, Giuseppe Yoffreda, Carlos Landaeta Cipriani, David Terán, Gustavo Limongi, Maurizio Cirrottola, Javier Iranzo, Carracciolo Lamus, Rosa Negrín, Nicol Catalano, Angel Irigoyen, Luis Ortiz, Héctor Pérez, Jesús Enrique Párraga, José Francisco Martínez, Carmelo Borrego, Carmen Luisa Borges, Elsie Rosales, Federico Fuenmayor, Iván Figueroa, Yenni Villalobos, Juan Luis Modolell, Nelson Garrido, Eloy Rutman, María Josefina Ferrer, Edgar Fuenmayor, Juan B. Figueroa, Efrén Calderón Medina, Milagros Carvajal, Ignacio Ramírez, Glenn Rivas, Angel Rebolledo, Mirian de Reyes, José Enrique Montes de Oca, Eustoquio Contreras, Henry Manzano, Francisco Belisario Landis, Andrei Urdaneta, Ryfak Schmidt, Marianela Olivier, Darlis Hernández Alexis Gómez y Luis Gómez. Asimismo, Organizaciones No Gubernamentales como Una Ventana a la Libertad, la Red de Apoyo, COFAVIC, PROVEA y la Sección Venezolana de Amnistía Internacional han permanecido atentas a los avances de esta reforma y han colaborado activamente.

En fecha 9 del corriente esta Comisión Mixta presentó dicho estudio, el cual fue aprobado por unanimidad por la Plenaria de la Asamblea.

La primera tarea que se le encomendó a la Comisión Mixta consistió en elaborar el Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual había sido señalado como una de las prioridades a ser abordadas de inmediato. Se fijó el 23 de agosto de 2001 como fecha para la presentación del Proyecto, como en efecto se hace en este acto.

En ese sentido, la Comisión Mixta, en ejecución del mandato recibido ha realizado un proyecto de reforma parcial, pero significativo, del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se somete a la consideración de la Plenaria de la Asamblea Nacional, en los siguientes términos.

Consideraciones generales

Venezuela ha venido padeciendo un recrudecimiento de la violencia delictiva desde la década pasada, tal como lo demuestran las cifras oficiales disponibles respecto de los homicidios, atracos, secuestros, terrorismo, linchamientos y diversas otras manifestaciones.

De otra parte, diversos sectores de la población se han pronunciado por varias vías acerca de la necesidad de reformar el Código Orgánico Procesal Penal, con la esperanza de que esta reforma será la solución al fenómeno de la delincuencia violenta. Sobre este particular, la Comisión Mixta cree oportuno puntualizar acerca de que este instrumento procesal penal solo pretende ser un mecanismo eficiente de realización de la justicia, tal como manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el conjunto de principios que animan al Estado Democrático y Social de Derecho. Hacen falta muchos cambios más en la institucionalidad y el comportamiento de ciudadanos y funcionarios, para que cese el delito violento que trastoca el funcionamiento de la sociedad y sus integrantes.

Así las cosas, de nada servirá esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal y de otras leyes, si no se emprende una sólida fórmula de desarme de la población que impida hechos con armas de fuego, se inicie una verdadera política criminal preventiva y represiva que llegue a la población, y se emprenda una reforma penitenciaria que logre la rehabilitación y la reinserción social de los condenados por delitos.

La Comisión Mixta, luego de oír a los destacados expertos y funcionarios que han hecho llegar sus opiniones, ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de prevención del delito es la igualdad de oportunidades, el trabajo, la educación, el acceso a los servicios básicos, especialmente de justicia penal, y un cambio en los valores éticos, que propendan hacia la construcción de una mejor calidad de vida y la convivencia de todos los venezolanos.

Por otro lado, la Comisión Mixta recomienda que se haga una realidad los postulados constitucionales acerca del presupuesto de la administración de justicia, el cual no puede ser inferior al 2% del presupuesto nacional. En ello debe hacerse lo necesario para lograr la profesionalización, la educación permanente y todo aquello que coadyuve a la optimización de los recursos humanos. Igualmente, es imprescindible que se invierta en la planta física de los tribunales y se dote de sedes dignas a todos los organismos de la justicia penal.

En el mismo sentido, se hace impostergable efectuar una reforma penitenciaria que incorpore las nuevas tendencias criminológicas que garanticen la rehabilitación y reinserción social, tal como lo establece la Constitución. Ello contribuirá en gran medida a que se hagan una realidad los principios fundamentales originados en la Organización de las Naciones Unidas, lo cual ha sido una aspiración de destacadas Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia.

De la misma manera, es necesario incorporar las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones y las que puedan alcanzarse en un futuro lleno de innovaciones, a los fines de proveer de medios idóneos que aumenten la eficiencia de los operarios de la justicia penal.

El mandato que dio la Asamblea Nacional a la Comisión Mixta fue claro en el sentido de desarrollar las normas constitucionales, los Tratados Internacionales suscritos por la República y consolidar los principios fundamentales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de dotar a los operarios de un mejor y más eficiente instrumento procesal.

Por último, se hace necesario efectuar una campaña informativa acerca de los alcances de la reforma que hoy se presenta, a los fines de educar a la población y evitar la formación de opiniones equivocadas o exageradas por parte de los distintos sectores y de la población en general.

LAS REFORMAS PROPUESTAS

Principios generales

En el Título Preliminar se sustituye el término juez imparcial por el de tribunal imparcial, debido a que los tribunales mixtos, Cortes de Apelaciones y Sala de Casación Penal están compuestos por varios jueces. Se agrega que el debido proceso tiene la finalidad de realizar la justicia, tal como lo consagra el texto constitucional.

Se adapta el texto a la norma constitucional que se refiere al principio de soberanía popular, fuente originaria de donde emana la potestad para administrar la justicia. Se refuerza la autoridad de los jueces a los fines de hacer respetar y cumplir sus decisiones, en caso de desacato.

Se complementa la afirmación de la libertad establecida en el Código con la remisión al texto constitucional. Se precisa que la actividad de los abogados requeridos en la justicia penal se remite a garantizar lo previsto en el artículo 1° del Código referido al cumplimiento de la Constitución, los Tratados Internacionales y leyes de la República.

Se elimina el término jurados, debido a que esa institución desaparece del proceso penal. En cambio, se fortalece la institución del escabinado. Se agrega el resto de pruebas lícitas y las anticipadas que se incorporen al juicio oral.

Se sustituye el término libre convicción por el de sana crítica en la apreciación de las pruebas, debido a múltiples equívocos e interpretaciones erróneas que han surgido.

Se agrega un artículo nuevo donde se consagran los derechos fundamentales de las víctimas de delitos, a saber: derechos de acceder a los órganos de la administración de justicia de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos del imputado. Se desarrolla la norma constitucional que consagra el derecho de las víctimas a ser protegidas y alcanzar la indemnización correspondiente, como objetivos del proceso penal. Se establece el deber de los funcionarios de procesar oportunamente las denuncias de las víctimas, así como también, las consecuencias disciplinarias que acarrea el afectar los derechos de las víctimas, a ser desarrolladas en Códigos de Conducta u otros instrumentos legales.

Participación ciudadana y eliminación de los jurados.

Materia verdaderamente importante en la concepción original del Código Orgánico Procesal Penal, la constituyó la Participación Ciudadana, con la que se pretendió “...combatir las prácticas burocráticas y rutinarias que...” que caracterizaron el estado de la administración de justicia bajo la vigencia del sistema de enjuiciamiento derogado el 1° de julio de 1999.

Por tal razón, en el Libro Final del Código Orgánico Procesal, se incorporaron las normas que previeron la Organización de la Participación Ciudadana. Sin embargo, pareciera que no fue suficiente el esfuerzo realizado conforme a lo programado en el artículo 532, por cuanto en la práctica, después de más de dos años de vigencia, la participación ciudadana no se ha consolidado como mecanismo de administración de justicia.

En efecto, los datos estadísticos que lleva la Oficina de Participación Ciudadana del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no arrojan resultados satisfactorios en cuanto a la implementación de la institución, aun cuando se ha visto que otras circunstancias institucionales y de recursos contribuyen también en este problema.

No obstante, las encuestas realizadas entre las personas que han intervenido como escabinos o jurados demuestran que estos superaron las naturales aprensiones que tuvieron al ser informados de haber sido seleccionados para actuar como tales, y mostraron satisfacción y orgullo una vez concluida la labor realizada.

Pero en todo caso, las cifras en cuestión sugieren que deben implantarse correctivos que permitan superar las fallas encontradas.

Habiendo arrojado resultados poco satisfactorios los juicios por jurados, debido al elevado número de personas que deben integrar el tribunal, como antes se anotó, por la desinformación y falta de protección física existentes al respecto en la ciudadanía, y por otras razones y opiniones existentes en el ámbito universal que desfavorecen la institución del jurado, nos permitimos recomendar la eliminación de esta institución.

Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la Participación Ciudadana. Por ello, y por muchas otras razones que resultaría prolijo enumerar ahora, entre las que destaca la diafanidad con la que se lograría el procesamiento penal, creemos necesario la permanencia y perfeccionamiento del escabinado en nuestro sistema de procesamiento penal, pero con mecanismos regulatorios que no entraben la administración de la justicia.

Sin perjuicio de las sanciones que establece el artículo 157 del actual Código Orgánico Procesal Penal, se establece en esta reforma, que verificadas en forma efectiva cinco convocatorias para la constitución del tribunal mixto, por inasistencia o excusa de los escabinos, el acusado podrá solicitar su juzgamiento por un tribunal unipersonal.

Con esa norma, el propio acusado puede desentrabar el proceso que se le sigue y lograr una rápida sentencia.

Solventada de esa forma, por el propio acusado, una eventual causa de retraso en su proceso, con la debida información a la ciudadanía acerca de las ventajas de su participación en la administración de justicia, garantizándosele la debida y adecuada protección, debiendo informarse también en cuanto a las sanciones aplicables a los escabinos por su injustificada incomparecencia, no vislumbramos razón alguna para que deje de fortalecerse la institución del escabinado.

En definitiva, se establece que los Tribunales Mixtos deben conocer de las causas por delitos cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, con excepción de los casos de flagrancia.

Excepciones.

Se regulan de un modo claro y preciso cuáles son las excepciones que pueden oponerse a la persecución penal, incluyéndose la “Existencia de una cuestión prejudicial” y la “Falta de jurisdicción”, y expresamente se indica en cuáles casos puede oponerse la excepción de “Acción no promovida conforme a la ley”, sustituyéndose esta expresión del Código actual por la de “Acción promovida ilegalmente”, por ser más adecuada. Se indica claramente en cuáles casos procede esta excepción, con el fin de restringir los abusos que se venían presentando en cuanto a la indebida interpretación y alcance de esta excepción.

El incumplimiento de los requisitos formales para intentar la acusación fiscal, al igual que la de la víctima, si bien podría dar lugar a la declaratoria con lugar de la excepción, esto sólo ocurrirá cuando tales defectos no sean subsanados oportunamente; y, en todo caso, se deja establecido que, a todo evento, la desestimación de la acusación por requisitos formales, no impide que pueda intentarse nuevamente la acusación con prescindencia de los defectos que la motivaron.

Se regula adecuadamente el trámite a seguir para la interposición de las excepciones en las diferentes etapas del proceso, y se establecen expresamente cuáles son sus efectos, corrigiéndose el vacío del Código actual en ese sentido.

Se hizo necesario aclarar el contenido y alcance de lo que realmente constituye la “extensión jurisdiccional” (Art. 28), y crear disposiciones para hacerla realmente aplicable en el proceso penal, pues la redacción actual es incompleta y no establece los mecanismos necesarios para hacer efectiva la aplicación de la norma.

Finalmente, en cuanto a la prejudicialidad civil, se amplía el contenido del Artículo 29, con el objeto de implementar y facilitar su aplicación efectiva, supliéndose las deficiencias de la redacción actual. Se introduce como novedad el hecho de que el juez penal deba participar al juez civil acerca de la interposición de la excepción, a los fines de procurar obtener la máxima celeridad procesal posible para la resolución de la cuestión prejudicial, sin perjuicio de que, pasados seis meses, el juez penal pueda entrar a resolverla.

Medidas Alternativas a la prosecución del proceso.

Una de las fallas más importantes del Código Orgánico Procesal Penal, en su versión original, es la amplitud desmesurada de las formulas alternativas a la prosecución del proceso, las cuales en definitiva, más que excepciones al precepto legal que impone al estado la obligación de perseguir y enjuiciar a los responsables de los delitos cometidos, se ha convertido en regla, que sustrae de la justicia penal la persecusión de hechos graves, lo que se traduce en manifiesta e inmoral impunidad.

Se impone, por lo tanto, restringir esas fórmulas, para que responda a las consultas formuladas, a la experiencia judicial en la aplicación del Código y al tratamiento de estas instituciones en el Derecho Comparado.

Por ello, en relación a las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, esto es, el Principio de Oportunidad, los Acuerdos Reparatorios y la Suspensión Condicional del Proceso, se han efectuado cambios y mejoras importantes que limitan el acceso a estas instituciones a delitos leves, de poca monta, requriéndose en todos los casos la opinión de la víctima y del Ministerio Público antes de decidir, exigiéndose también la adecuada y debida reparación o indemnización a la víctima por el daño que se le haya causado, equilibrando así los intereses del Estado, del imputado y de la víctima, ya que las actuales disposiciones favorecen injustificadamente al imputado, inclinando la balanza a su favor, y relegan o excluyen al sujeto pasivo del delito, es decir, la víctima.

Igualmente se consideró conveniente establecer tanto en la Suspensión Condicional del Proceso, como en los Acuerdos Reparatorios, en los casos en que ya el Ministerio Público haya presentado la Acusación, que el imputado admita los hechos punibles objeto de la acusación, de tal manera que, en caso de que el imputado incumpla injustificadamente el Acuerdo Reparatorio celebrado con la víctima, o las obligaciones que se le hayan impuesto al concedérsele la Suspensión del Proceso, el Juez procederá a dictar la sentencia condenatoria correspondiente.

Atribuciones del Ministerio Público

Se incorporó dentro de las atribuciones del Ministerio Público, la práctica directa, a través de la Unidad Técnico Científica del Ministerio Público, de experticias o peritajes que puedan ser necesarios en el curso de una investigación, lo cuales podrán ser realizados sin contar para ello con el auxilio de las Policías de Investigaciones Penales.

Se establece como atribución del Ministerio Público, requerir de organismos públicos o privados, altamente calificados, por vía de excepción, y en casos plenamente justificados, la realización de peritajes o experticias, a los fines de el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, ello, sin perjuicio de la actividad que desempeñan los Órganos de Policía de Investigaciones Penales.

Tal como está redactado el numeral 5° de este artículo, pareciera que el fiscal prescinde de la acción sin control jurisdiccional, lo cual se corrigió.

Asimismo, es preciso incorporar dentro de las atribuciones del Ministerio Público la suspensión del ejercicio de la acción penal, la cual actualmente no requiere, a los efectos de la suspensión, la aprobación del juez, que será necesaria sólo si la información aportada por el imputado a quien se le suspendió el proceso resulta satisfactoria para el Ministerio Público, en cuyo caso solicitará al Juez de Control la aplicación del principio de oportunidad.

Por último, se aclara que el Ministerio Público le corresponde: la solicitud y ejecución de los exhortos o Cartas Rogatorias; intervenir en los procesos de extradición; solicitar las medidas de aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con el delito.

Derechos de la víctima

Se eliminó dentro de el numeral 8° del artículo 117, la exigencia de que el recurso por parte de la víctima, en casos de sentencias absolutorias o de sobreseimiento, esté supeditado a su interposición por el fiscal. Es poco probable, por ejemplo, que el fiscal apele de un sobreseimiento que él mismo solicitó. Aunado a ello, tal disposición no guarda relación con los principios y garantías establecidos por el legislador a favor de la víctima del delito.

Querella y Acusación

A los fines de aclarar la confusión terminológica creada por el Código respecto a los vocablos “querella” y “acusación”, se sustituyó (en las causas que sólo pueden seguirse a instancia de parte agraviada) el término “querella” por el de “acusación privada”, reservándose el primero, exclusivamente, para denotar el modo que tiene la víctima para instar la persecución penal en los delitos de acción pública. Asímismo, y para diferenciar la acusación que presenta el Fiscal de la propia que puede presentar la víctima, se emplea el vocablo “acusación particular propia”.

Por tal virtud, en el ordinal 4° del Artículo 117 se estableció como un derecho de la víctima la posibilidad de adherirse a la acusación del fiscal o “... formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte”.

Notificaciones

Se reforma parcialmente el régimen de las notificaciones, con el fin de no hacerlas obligatorias para todos y cada uno de los actos del proceso, tal como ocurre actualmente.

Se establece el procedimiento de notificación para cuando el notificado se encuentre ausente, es una esta posibilidad prevista actualmente, e, inclusive, se prevé la posibilidad de la notificación por Carteles fijados a las pruebas del Tribunal, cuando el imputado o su defensor no indiquen u omitan señalar el lugar donde éstas deban ser practicadas.

Nulidades Procesales

Con especial atención y cuidado se trató la materia concerniente a las Nulidades procesales, habida cuenta que las actuales disposiciones del Código, dada su amplitud, convirtieron a la declaratoria de nulidad en la regla, y no en la excepción, como es lo correcto en el proceso penal. De manera que se concibió un sistema de nulidades basado en su verdadero carácter excepcional, con el fin de procurar la estabilidad de los juicios, con respeto absoluto de los derechos y garantías constitucionales de las partes.

Así por ejemplo se estableció, para evitar solicitudes de nulidad infundadas, que, además de individualizar el acto viciado u omitido, el interesado, aparte de indicar de manera expresa el acto viciado u omitido, debe señalar los actos “... conexos o dependientes de él, cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta...”, estableciéndose que “... El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el desarrollo del proceso, ni perjudique la intervención de los interesados”.

De la misma manera, se crearon disposiciones similares para procurar que los jueces analicen con sumo cuidado si se está o nó en presencia de una causal de nulidad, con el fin de evitar la nulidad de todo un proceso, cuando ello realmente no se justifica.

Medidas de Coerción Personal

Con respecto a las medidas de coerción personal, esta Comisión considera que la regulación de la restricción de la libertad en el proceso, es una de las materias más delicadas y sensibles, con antecedentes de graves abusos en el pasado, bajo el régimen del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación a la detención de “sospechosos”, del cual hemos pasado, a un régimen que restringe al máximo cualquier coerción personal y limita la privación de la libertad en el proceso sólo a casos de flagrancia o por orden judicial, con tales formalidades que, en definitiva, aún en casos graves no flagrantes, se ve impedida la detención y frustrada así la persecusión y el enjuiciamiento, con la evidente insatisfacción de valores societarios tan importantes, como son la justicia y la seguridad de la ciudadanía. Se impone por ello, respetando las exigencias del artículo 44 de la Constitución, regular de manera más funcional y efectiva la procedencia del aseguramiento penal, a los fines del proceso.

En este sentido, se consideró conveniente y necesario incluir la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera solicitar, excepcionalmente, en casos complicados y complejos, una prorroga que no podrá exceder de seis meses, para mantener las medidas de coerción personal. Igualmente se estima indispensable el mantener un registro automatizado de los ciudadanos a los que se les haya impuesto medidas de coerción personal, privativas y restrictivas, así como de los acuerdos reparatorios y de las suspensiones condicionales del proceso y de la pena.

Se consideró también que la privación judicial privativa de libertad debe ser solicitada expresamente por el Ministerio Público, para que pueda ser decretada por el Juez, lo cual debe ser resuelto dentro de las veinticuatro horas siguientes, mediante una orden de aprehensión, que permita oír al imputado.

Se incrementa el lapso para que el Ministerio Público presente la acusación, fijándolo en treinta días con la posibilidad de una prórroga, en casos debidamente justificados. Igualmente se tomará muy en cuenta para decidir la existencia o no de peligro de fuga, además de las ya establecidas actualmente, la conducta predelictual del imputado, presumiéndose dicho peligro de fuga en los casos de delitos cuya pena máxima sea igual o superior a diez años, así como cuando el imputado aporte información falsa sobre sus datos o domicilio, o se niegue a darla.

Se incluye dentro de los peligros de obstaculización el hecho de que pueda el imputado modificar algún elemento o evidencia sobre la investigación o trata de influir en las víctimas.

Se limitaron los delitos por los cuales sólo proceden medidas cautelares sustitutivas, a delitos cuya pena privativa de libertad no exceda de tres años y el imputado haya tenido buena conducta predelictual. Se autoriza al Juez a imponer cualquier otra medida preventiva o cautelar sustitutiva que se estime necesaria y procedente, además de las ya expresamente establecidas, es decir, unas medidas innominadas cuando así lo ameriten las circunstancias del caso.

Se incluyó la conveniencia de tomar muy en cuenta la entidad del delito y la magnitud del daño causado a la víctima. para la imposición de las cauciones económicas. Se le impuso al Juez la verificación de todas las circunstancias y requisitos exigidos antes de otorgar cualquier medida, razonando y motivando suficientemente su decisión.

Se señalan más claramente las causas que pueden llevar al Juez a la revocatoria de alguna medida cautelar sustitutiva que haya otorgado, por el incumplimiento injustificado del imputado a cualquiera de las obligaciones que se le hayan impuesto. Finalmente, se consideró inapelable la decisión que dicte el Tribunal cuando revise la medida cautelar y decida mantenerla.

Archivo Fiscal

Se modificó el trámite para el caso en que el juez encuentre fundada la solicitud de la víctima, por cuanto, de acuerdo a la actual redacción, no existe ninguna otra posibilidad, sino presentar una acusación, lo cual no siempre será adecuado. Por ejemplo, es posible que el juez no esté de acuerdo con el archivo, no obstante, considere que aún faltan diligencias por practicar para poder dictar algún acto conclusivo, pareciera que entonces la orden queda limitada a la presentación de la acusación.

Por otra parte, es importante mantener la autonomía del Ministerio Público respecto al ejercicio de la acción penal, sobre todo si se toma en cuenta que presentar una acusación por orden de un juez, sin que el fiscal se encuentre, en su criterio, provisto de los elementos y pruebas necesarios para ir a juicio, podría acarrear responsabilidad para el Estado.

Finalmente, se prevé que en los casos de delitos en los cuales se afecten intereses patrimoniales del Estado o intereses colectivos o difusos, el Fiscal del Ministerio Público que decrete el archivo, deberá notificar de ello al Fiscal Superior correspondiente.

Sobreseimiento

En cuanto al sobreseimiento, se precisa, de manera general, cuáles son las causales que lo hacen procedente, a fin de aclarar que las mismas proceden no sólo a solicitud del Fiscal, sino que también las puede tomar en cuenta el Juez para sobreseer al termino de la audiencia preliminar; incorporándose expresamente un nuevo ordinal para incluir aquellos motivos de sobreseimiento expreso que no encuadren en ninguno de los señalados. Igualmente, se incluye una disposición expresa acerca de los efectos que produce el sobreseimiento, pues este es un vacío del actual Código; incorporándose asímismo un nuevo Artículo para regular el sobreseimiento decretado durante la etapa de juicio.

Finalmente, se dispone expresamente que contra el sobreseimiento recurso de apelación y de casación.

Audiencia Preliminar

En cuanto a la Audiencia Preliminar se dispone que la admisión de la acusación particular propia de la víctima le confiere la cualidad de parte querellante, a menos que, con anterioridad, no se hubiere constituido como tal. Asímismo, se establece que los actos que pueden realizar las partes antes de la audiencia preliminar, lo deben ser con por lo menos cinco días anteriores a su celebración.

Se aclara que el Juez de control puede atribuirle a los hechos acusados una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación, y se establece que el juez de control debe explicar las razones por las cuales, de ser el caso, se aparte de la calificación jurídica dada a los hechos por el Fiscal.

Finalmente, se corrige el vacío del Código actual en cuanto a que el juez debe pronunciarse, expresamente, acerca de la ilegalidad o ilicitud de las pruebas promovidas.

Flagrancia

Se ajustó a la norma constitucional (art. 44), el lapso que tiene el Ministerio Público para presentar el aprehendido ante el juez. En este sentido, siendo que en el artículo 257 se establece un lapso de 12 horas para que el aprehensor ponga el detenido a la orden del Ministerio Público, al fiscal le quedarían 36 horas para su presentación ante el juez.

Igualmente, se deja claro en este artículo, que es el Ministerio Público quien determinará el procedimiento a seguir (abreviado u ordinario), y así lo solicitará en esta oportunidad al juez, correspondiendo a éste, únicamente la verificación, para el caso de solicitarse el abreviado, de si están dadas las condiciones previstas en el código, sin entrar en consideraciones de oportunidad o pertinencia de uno u otro, lo cual es privativo del fiscal. Aunado a ello, el fiscal debe solicitar la medida de coerción personal que estime procedente, debiendo el juez sólo resolver respecto a la solicitud, sin suplir la actividad de ninguna de las partes, en este caso, del fiscal. Por ejemplo, acordando una medida de privación de libertad que no fue solicitada por el fiscal.

Juicio Oral

En cuanto a la fase de juicio oral, se hacen algunas reformas para mejorar su desarrollo y aclarar ciertas dudas que se han presentado, sobre todo la relativa al momento en el cual el imputado puede ser advertido del cambio de calificación jurídica. Como reforma importante se destaca el hecho de que, una vez dictada la sentencia, el acusado, si es condenado a una pena de prisión de más de cinco años, deberá ser detenido desde la misma Sala de Audiencias del Tribunal.

Procedimiento en delitos de acción privada

En lo atinente a los delitos de acción privada, o solo perseguibles previa instancia de parte, se reformuló todo el procedimiento, destacándose el cambio antes anotado en torno a la sustitución del cambio de la denominación de “querella” por el de “acusación privada”. Se reformula todo lo relacionado con el Auxilio Judicial, eliminándose la actual antinomia existente entre los Artículos 404 y 405. Al efecto, se establece que el auxilio judicial puede ser solicitado por quien pretenda constituirse en acusador privado, sin necesidad de presentar, previamente, la acusación privada. Se establece, además, que es el Juez de control el que debe prestar el auxilio, a diferencia de cómo ocurre en la actualidad, que es el juez de juicio.

Se aclara que la acusación, una vea admitida, confiere al acusador privado el carácter de querellante para los efectos ulteriores del juicio oral y subsiguientes trámites procesales.

Se establece el respectivo procedimiento para lograr la citación del acusado y los requisitos que debe llenar la Boleta de Citación.

Se incorpora un nuevo artículo para establecer el trámite a seguir en caso de que el acusado no comparezca a imponerse de la acusación, adoptándose un procedimiento similar al establecido en el Código de Procedimiento Civil para la citación del demandado; y, finalmente, se establece que el acusado puede ser conducido al Tribunal por la fuerza pública en caso de incomparecencia.

Se incorpora un nuevo artículo para regular la actuación de las partes antes de llevarse a cabo la audiencia de conciliación, que se transforma en una especie de audiencia preliminar, similar a la que se celebra en los delitos de acción público. Con esto se procura un justo equilibrio entre las partes y el cabal ejercicio del derecho a la defensa de ambas.

Recursos

En materia de recursos, se incorpora un nuevo Artículo para establecer taxativamente cuáles son las causales de inadmisibilidad, con el fin de poner coto con las múltiples declaratorias en tal sentido por parte de las Cortes de Apelaciones, cuyos recursos, en muchos casos, y por cualquier motivo, por insignificante que éste sea, así son declarados, lo cual constituye una evidente violación del debido proceso, aclarándose cuáles son las oportunidades procesales en las que la Corte de Apelaciones debe pronunciase pronunciarse respecto a la admisibilidad del recurso y a su resolución.

Por otra parte, y dado que es posible promover como prueba el medio de reproducción que se haya utilizado para registrar todo lo ocurrido durante el debate, se hizo necesaria la modificación de la normativa correspondiente para adaptarla a esta posibilidad de prueba.

En materia de Recurso de Casación, se estableció que serán impugnables “... las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando las mismas sean dictadas durante la fase intermedia...”, toda vez que no parece lógico que no caigan bajo la censura del Tribunal Supremo de Justicia las decisiones sobre el Sobreseimiento de la causa o la dictada en el procedimiento por admisión de los hechos, que, en muchas ocasiones, suscitan variadas controversias.

Igualmente, se eliminó la necesidad del emplazamiento para la contestación del recurso de casación, pues se considera que, para determinados actos procesales “las partes están a derecho”.

Por último, se estableció la posibilidad de la casación múltiple para todos los casos iniciados bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, independientemente de que el fallo sea dictado por una Corte de Apelaciones actuando como Tribunal de Reenvío.

Ejecución de Sentencia y fórmulas de cumplimiento de pena

Motivo de verdadera alarma y preocupación en la ciudadanía lo constituye, sin duda, la impunidad reinante en el país como consecuencia de la superposición de beneficios existentes para el otorgamiento de libertades.

En este sentido, en la presente reforma se ha comenzado por racionalizar las funciones del juez de ejecución, las cuales se señalan en los artículos 471, 472 473.

Se incorpora en el Código Orgánico Procesal Penal, debidamente normada, la institución de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, estableciendo los requisitos y condiciones para su otorgamiento, el régimen de prueba, el término de la suspensión que no será mayor de tres años, y las causales de revocatoria, limitándose la concesión del beneficio a delitos graves, a la condición del cumplimiento efectivo de la mitad de la pena. Esta inclusión en el presente Código, determina la derogatoria de la Ley de Beneficios en el Proceso Penal.

Se incluye también en el Código Orgánico Procesal Penal, la figura del Destino a Establecimientos Abiertos, consagrándose la pertinente regulación del mismo como instituto previo a la Libertad Condicional, conforme al régimen de progresividad previsto en la Ley de Régimen Penitenciario.

Se racionaliza también lo relacionado con la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, estableciéndose que en todo caso, y salvo el régimen de progresividad previsto en la Ley de Régimen Penitenciario, el tiempo redimido se computará una que se que haya cumplido la mitad de la pena impuesta.

De igual manera se establece que solo se tomarán en cuenta los trabajos y estudios realizados dentro del penal, y de acuerdo con las regulaciones y normas que se establecen al respecto, relacionadas, en todo caso, con las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Educación.

Se incorpora, en el artículo relacionado con las penas de multa una norma, que sin afectar la estructura del tipo legal fundamento de la sanción, actualiza la misma, ya que equipara cada cien bolívares o fracción menor de multa a una unidad tributaria.

Esta medida, aparte de los ingresos que podría generar para engrosar, por ejemplo, un fondo de dinero para la atención de víctimas, testigos y otros auxiliares del proceso penal, debidamente divulgada, constituiría un elemento disuasivo para las personas que en forma desaprensiva, por la inaplicación de la sanción correspondiente, cometen habitualmente delitos menores y faltas.

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