Caracas, Jueves, 17 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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Análisis crudo y simple de la reforma de 2009 propuesta para el Código orgánico procesal penal: ¿vulnera derechos humanos?, ¿es inconstitucional?

Luis Miguel Balza Arismendi

Viernes, 3 de julio de 2009

Es de comenzar por señalar lo que refleja la situación de reformar en menos de un año (la más reciente reforma es de agosto de 2008) dos veces el Código orgánico procesal penal, no muestra más que un desorden político en el aspecto de seguridad y Estado de derecho. Por demás, las dos reformas acogen como bandera la celeridad procesal o el evitar retardo en el proceso penal.

Se observa que desde el Estado critican al sistema de justicia penal, se habla de que es “un clamor público la reforma del Código” por presuntamente ser él, el responsable, en buena medida, de la inseguridad vigente en el país. Pero es de recordar que este gobierno le ha hecho cerca de cinco reformas y nada, la situación sigue igual, lo que demuestra que la inseguridad no es un asunto de leyes, de reformas y reforma de la reforma, la inseguridad es un asunto de políticas de Estado, de política criminal, de comprender qué es y cómo desarrollarla (ya en su oportunidad, hemos desarrollado el tema: Analítica), así el desarrollo y aplicación de una política criminal seria.

Por otro parte, el retardo procesal obedece –y ésto muchos lo conocen- a recurso humano y a infraestructura: existe poco recurso humano en los distintos sectores del sistema de justicia –comenzando desde los órganos de policía- y el que hay no todos están suficientemente capacitados para el buen desarrollo del trabajo, ni hablar de la infraestructura, las salas de audiencia no son suficientes –hay que esperar que las desocupen con otras audiencias para poder hacer la de turno- los espacios para jueces, secretarios y asistentes es reducido, en cuanto a los alguaciles igual, el Ministerio Público y los órganos de policía padecen de los mismos males –agravado por la falta de equipamiento, los sueldos y seguridad social-. Siendo así, la solución y el cambio a la realidad no está en las leyes. Al parecer, se está ocultando una inoperancia de Estado en reformar leyes (legislar), en decir “vean pueblo estamos trabajando por ustedes, estamos haciendo algo”, cuando la realidad del sistema de justicia y de la seguridad tiene causas muy distintas y así soluciones similares. Por favor, no es debido, no más, la inoperancia de un gobierno no se puede dejar bajo la mesa, oculta, que se cambie de política, se diga la verdad y se le busquen soluciones adecuadas.

Ahora, revisando el texto en discusión para la reforma se observa como se ha desarrollado en dos partes: una, haciendo ver que se corrigen detalles que pueden generar retardo procesal y tratando de resguardar derechos de los penados, entre otros aspectos puntuales, y la otra –que parece el verdadero motivo (político) de la reforma-, introduciendo en el aspecto procesal la legalización de la vulneración del derecho a la intimidad en las comunicaciones –realmente, es materia de la ley sobre protección a la comunicaciones-.

La primera, dispuesta entre los artículos 163, 164, 327 y 342 se remite a pretender la reducción del retardo procesal, pero es de recordar, un proceso que busca justicia no puede llevarse exageradamente rápido, no habrá justicia en el apuro y además debe ratificarse lo dicho, las causas del retardo están en la falta de recurso humano e infraestructura, nada se hace con disponer en leyes obligaciones y que materialmente no se pueda hacer, sino hasta cuando haya posibilidades (personal disponible y espacios)

La segunda, contenida en el artículo 219 que trata de la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, donde al leerlo se consiguen dos puntos complicados: uno, de primer momento, que desarrolla la grabación de comunicaciones ambientales, es decir, la que se desarrolla en espacios abiertos y personalmente o de manera directa, donde según la redacción, habrá un tercer receptor que será siempre secreto, conocerá todo lo hablado, entrará en la intimidad de las personas –sin permiso- y lo informará sin conocimiento de los interlocutores, entre otros detalles más y algunos otros casuísticos. Situación que despoja las comunicaciones de toda intimidad, las comunicaciones pasarían de ser privadas a públicas. Es de reseñar, que aunque siempre por causa de proceso penal se ha podido hacer, nunca es general, sino puntual –previo cumplimiento de unos cuantos requisitos-, pues es una limitación al derecho a la intimidad, lo que significa que al abusar –al hacerlo general- no habrá derecho a la intimidad, toda comunicación es pública. El segundo punto desarrolla otro aspecto, quizá más significante –por lo común que es hablar hoy por instrumentos de comunicación-, específicamente al expresar la norma: "Los entes públicos o privados que presten servicio de telecomunicaciones, crearán unidades permanentes de veinticuatro horas y de siete días a la semana encargadas de procesar y suministrar en tiempo real las informaciones requeridas por el Ministerio Público o las autoridades competentes". Ahora, por qué es lesiva esta disposición: al obligarse lo dispuesto en la norma, todas las comunicaciones deberán ser grabadas, siempre habrá un receptor secreto, que entrará en la intimidad de las personas y deberá informar a los órganos competentes, ya no habrá privacidad. Este aspecto de la disposición aún con el consentimiento de los interlocutores –lo que harán obligadamente si queremos el servicio- es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos (si interesa conocer las ideas básicas de ellos, observar: http://comisionuniversitariadederechohumano.blogspot.com/2009/06/ideas-generales-y-sencillas-acerca-de.html), pues ese consentimiento –si lo hay- es coaccionado, no voluntario, es decir, no es consentimiento. Además, este punto tiene otra consecuencia perjudicial de los derechos del pueblo, pues esa obligación tiene efectos comerciales, debido a que habrá costos que las empresas tendrán y que en fin pagará el consumidor (la población)

Estos dos puntos de la norma tienen un análisis conjunto: en primer lugar, estas disposiciones no son materia estricta de procedimiento, su sustancia se remite a la ley sobre protección a la privacidad de las comunicaciones, la que por cierto quedaría vacía si se aprueba la reforma a este artículo, derogarían indirectamente muchos artículos de esa ley. En segundo aparte, estas disposiciones contrarían desde toda perspectiva el derecho humano a la intimidad en aspecto de comunicaciones reconocido en el artículo 48 en concordancia con el 60 de la Constitución Nacional, los que adoptan y desarrollan los artículos 12 de la declaración universal de los derechos humanos, V de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre y 17 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos del hombre. Al respecto léanse los artículos y expongan sus propias conclusiones en cuanto a la inconstitucionalidad, lesión de derechos humanos y sus efectos:

Constitución Nacional: Artículo 48. Del derecho a la intimidad: comunicaciones. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Artículo 60. Del derecho a la protección de la dignidad humana: honor, vida privada, intimidad, propia imagen... Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.

Declaración universal de los derechos humanos: Artículo 12. Del derecho a la intimidad. Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataque a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Declaración americana de los derechos y deberes del hombre: Artículo V. Del derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos del hombre: Artículo 17. Del derecho a la intimidad.

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

luismiguelbalzaarismendi@gmail.com

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