Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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Nueva Ley de Telecomunicaciones: Una buena noticia

Carolina Lanao de la Sota

Sábado, 1 de julio de 2000

Ver Ley Orgánica de Telecomunicaciones

Luego de un largo proceso que comenzó prácticamente cuando el sector de las telecomunicaciones fue abierto a la participación del sector privado en el año 1991, Venezuela tiene por fin una Ley de Telecomunicaciones que se adapta a la realidad actual de la industria. La derogada Ley del 41 tuvo la virtud de ser un instrumento programático que estableció bases muy generales para estructurar el funcionamiento de lo que, en ese momento, era la incipiente industria venezolana de las telecomunicaciones, dejando los detalles a instrumentos reglamentarios, muchos de los cuales fueron promulgados en la década pasada. El carácter general de la Ley del 41 permitió el desarrollo y florecimiento de las telecomunicaciones por casi 60 años, aunque no sin algunos tropiezos. Sin embargo, cumplió su cometido brillantemente, pues permitió el desarrollo de una industria que el legislador no habría podido anticipar, ni siquiera haciendo uso de una aguda imaginación.

La promulgación de la nueva Ley de Telecomunicaciones se hace luego de casi 10 años de discusión y de esfuerzos importantes para conciliar dos posiciones eternamente en pugna: la del Estado, que siempre ha tendido a considerar que las telecomunicaciones deben ser objeto de una importante vigilancia y control, y la del sector privado, que siempre propugnó la tesis de que son las reglas de la libre competencia y de la oferta y la demanda las que indirectamente ejercerán control sobe los agentes de este mercado. Parece que al fin ambas posiciones encontraron un justo medio que dio como resultado la promulgación de una Ley de Telecomunicaciones con rango de Orgánica y más de 200 artículos. Cabría preguntarse si el ambicioso proyecto de tener una ley que cubra con lujo de detalles todos los elementos involucrados en esta complicada industria, dará los mismos resultados que la ley anterior. Es decir, habrá que ver si la nueva Ley será tan duradera como la anterior y si podrá resistir los embates del tiempo y del avance de la industria que camina con los pasos más acelerados que industria alguna haya conocido desde que esta palabra entró en el diccionario de las naciones del mundo.

Sin duda que la nueva Ley es un paso importante y era una necesidad imperiosa en un mercado como el venezolano que, a pesar de la crisis, reportó un crecimiento del 20% en el último año, según cifras oficiales. Con la apertura del sector de telefonía en la puerta y el fin del régimen de concurrencia limitada de CANTV, una nueva Ley que permita crear reglas del juego claras y equitativas resultaba imprescindible.

La ley es tan extensa que una breve nota como esta no es suficiente para cubrirla. Nos gustaría, sin embargo, ofrecer al lector un breve resumen de las buenas noticias que conlleva su promulgación.

Desde el punto de vista jurídico, quizá la más importante de las novedades sea la caracterización de las actividades de telecomunicación como de interés general. Esto parece acabar con la vieja disputa respecto al carácter de servicio público de todas las actividades de telecomunicaciones. Ahora, la competencia reservada al Estado es la de establecer el régimen integral de las telecomunicaciones, mientras que su explotación se considera una actividad de interés general, sometida, eso sí, al régimen de obtención de habilitación administrativa o concesión cuando sea requerido. En la práctica, la mayoría de los operadores requerirán de una habilitación administrativa para prestar servicios de telecomunicación. No más concesionarios de telecomunicaciones. Ahora el término es “operador”.

Buenas noticias para los operadores de sistemas de televisión por suscripción y los inversionistas interesados en la actividad: la Ley modifica el artículo 26 del Decreto 2095 dictado para reglamentar la Decisión 291 del Pacto Andino, ya que dispone que las únicas actividades en las que puede limitarse la participación de la inversión extranjera son la radiodifusión sonora y la televisión abierta. Se recordará que el referido artículo reservaba a los inversionistas nacionales (tal y como están definidos en las disposiciones del Pacto Andino) la actividad de televisión y de radiodifusión. Tanto la SIEX como CONATEL siempre interpretaron que los sistemas de televisión por suscripción estaban sometidos a esta limitación.

La Ley aclara que solo el Poder Nacional puede imponer tributos a la industria; las municipalidades solamente podrán cobrar tributos a las operadoras por actividades no conexas con la industria. A partir de una sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de fecha 16 de julio de 1996 (Caso Telcel Celular C.A. vs. Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia), en la cual se dictaminó que Telcel no estaba obligada a pagar tributos municipales, muchos operadores se acogieron a esa posición sin advertir que esa sentencia solo beneficiaba a la solicitante, es decir a Telcel. Amparados por la nueva Ley, ya pueden todos los operadores desincorporarse como contribuyentes fiscales municipales. Vale la pena aclarar que lo que ha quedado exento del pago de impuestos municipales es la actividad de telecomunicaciones. Aquellos operadores que tengan otras actividades comerciales o industriales continuarán tributando por esas actividades.

Otra novedad importante es la reglamentación del pago de impuestos y contribuciones nacionales. El Estado había venido tasando la actividad con base en la Ley del 41 que, en nuestro criterio, no otorgaba el poder de tasar las actividades que no se mencionaban expresamente en ella (es decir casi todas). En la nueva Ley se crean impuestos por actividad específica y el antes llamado derecho de concesión pasa a llamarse contribución especial.

Las tarifas, salvo las de servicios prestados en función de una obligación de servicio universal, quedan liberadas para ser fijadas por la oferta y la demanda. Buenas noticias para los operadores y esperanzadoras para los usuarios.

Se crean reglas para el uso de satélites en Venezuela, hasta ahora inexistentes. El toque nacionalista: los satélites venezolanos tienen prioridad. Pero no es demasiado complicado tener la condición de venezolano: los satélites solo deberán usar órbitas asignadas por Venezuela y tener la sede de negocios de la entidad y las estaciones de control y monitoreo en el país. Los satélites extranjeros que operen en Venezuela tienen que tener una empresa responsable.

La Ley también regula el plan de numeración, la interconexión entre operadores y el llamado servicio universal; crea un fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones al cual todos los operadores deben contribuir; establece sus propios procedimientos de otorgamiento de habilitaciones para prestar los servicios; establece sanciones, incluso penales, y la obligación de homologar o certificar equipos de telecomunicación. Confirma que la administración del espectro radioeléctrico es potestad del Estado e impone la obligación de obtener una doble habilitación para los operadores de telecomunicaciones que usen espectro: una para ejercer la actividad y otra para usar el espectro.

La Ley introduce la participación de la Superintendencia para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia al requerir su opinión favorable para la aprobación de operaciones que conlleven la cesión del control de las operadoras y reforma el Decreto de creación de CONATEL adjudicando al organismo una importante cantidad de atribuciones. Esto tan solo para dar una idea general de los muchos aspectos que regula. Lo que no hace la Ley es regular el contenido de las telecomunicaciones que se supone estarán reguladas por una ley distinta que será promulgada con posterioridad. Mientras tanto, permanecerán vigente las disposiciones mencionadas en el artículo 208 que regulan el contenido de las telecomunicaciones.

La Ley abre todo un espectro de preguntas que serán objeto de un análisis posterior.

(*) Socia del Despacho de Abogados miembro de la Firma Internacional Baker & McKenzie.

carolina.lanao@bakernet.com

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