Caracas, Viernes, 18 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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La degradación

Oswaldo Páez-Pumar

Sábado, 25 de agosto de 2012

La población está claramente informada del atropello que representa el juicio que se le sigue a la juez María Lourdes Afiuni







   Foto: Google
 Desde el mismo momento cuando el presidente saliente pidiera 30 años de cárcel para ella, por haber ordenado la liberación de Eligio Cedeño para que el proceso en su contra continuara pero en  libertad, conforme a la ley, era de esperarse que ante la imposibilidad de complacerlo con una sentencia condenatoria, definitivamente firme, las tortuosas prácticas del sistema judicial salieran a relucir para privarla de libertad, sin que mediara indicio alguno, ni mucho menos comprobación del delito imputado: haber obtenido una retribución por su sentencia. Solo existió la sospecha del saliente que no puede entender que una decisión que libera a un perseguido suyo pueda producirse sin que haya mediado una compensación dineraria. Dícese que aquel que juzga dice más de si mismo que de aquel a quien juzga. En lenguaje popular “cada ladrón juzga por su condición”.

            Hace mucho tiempo que ese proceso contra ella debió estarse desarrollando en libertad, como lo prescribe la ley. Pero ¿dónde están los jueces que la acordarán ante las múltiples peticiones de sus abogados defensores, cuando ella está ahí sub-judice, precisamente por haber sentenciado que el juicio a Eligio Cedeño debía continuar pero en libertad y eso fue lo que causó la ira del saliente y cuando los que juzgarían a quien acuerde la libertad de Afiuni, gritan en los actos de apertura del año judicial “uh, ah, Chávez no se va”.

            La existencia de una grave condición de salud ha obligado a sus jueces, a riesgo de irritar más al saliente, a ordenar que tenga la casa por cárcel dadas las condiciones existentes en los penales sobre las cuales sería redundante hablar, cuando los acontecimientos de Yare II hablan por sí solos.

            Ocurre ahora, que la juez Afiuniva a ser sometida a una intervención quirúrgica y la titular del Tribunal 17 de juicio, Marilda Ríos, que conduce el proceso, vaya forma de conducirlo, en lugar de proceder como lo dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictar su sentencia y solicitar el concurso de la fuerza pública, lo hace al revés. “Los efectivos militares realizaron la supervisión y notificaron a la Juez que el Hospital de Clínicas Caracas (HCC) es seguro para proceder a la hospitalización de Afiuni Mora”. Y todavía dicta sentencias en nombre de la República.

opaezpumar@menpa.com

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