Nadie puede, so pena de poner en duda su salud mental, proclamar su pureza racial en estas tierras tropicales; en el fondo de nuestra historia genealógica todos tenemos un meteco en nuestra familia, partiendo desde las distintas y diversas tribus indígenas, cuya historia se pierde en la noche, o en la tarde, de nuestros tiempos, hasta encontrarse con sus antepasados polinesios o asiáticos; hasta los Pérez, López de evidente raigambre castellana, hasta los nietos o hijos de italianos, españoles, chilenos, colombianos, portugueses que han venido a enriquecer nuestra sabrosa manera de ser.

Los flujos migratorios entre distintas sociedades han existido desde hace muchos siglos, pero el establecimiento de una política de Estado para propiciar la inmigración es un fenómeno reciente. En América Latina, y evidentemente Venezuela no es la excepción, el estímulo a la inmigración europea luego de las guerras de independencia se convirtió en un objetivo fundamental de los nuevos estados.

En una fecha tan temprana como el primero de marzo de 1811 un irlandés residente en Caracas, Guillermo Burke, publicó en la Gaceta de Caracas una propuesta para establecer una política migratoria positiva. Tanto Miranda, en 1812, como Mariño y Bolívar, en 1813 realizaron un llamado a los extranjeros para sumarse, no sólo a la guerra contra la Corona española, sino también a la construcción de las nuevas naciones. No es un secreto para nadie el importante papel que destacados extranjeros tuvieron en batallas claves de la Guerra de Independencia, la Legión Británica y Daniel Florencio O’Leary son solo reflejos de una realidad mucho más compleja. Durante toda la Guerra de Independencia los territorios dominados por las fuerzas republicanas se encontraban, en la práctica, absolutamente abiertos a la inmigración y el comercio extranjero.

Un año después de la creación de Colombia, en 1820, Francisco Antonio Zea declara abiertos los puertos para los hombres de todas las naciones. En 1823 el Congreso de la República de Colombia promulga la primera Ley de Inmigración, donde se establece la necesidad de poblar el territorio. Después de esa fecha, y durante gran parte de nuestra república decimonónica, se establece un conjunto de colonias en tierras baldías previa concesión con un empresario. La Sociedad Agrícola Colombiana, con sede en Londres, emprendió la labor en Venezuela, estableciendo, entre otras, la Colonia de Topo de la Tacagua, en las cercanías de Caracas, formada por un conjunto de 200 campesinos escoceses en 1825. Gran parte de estas colonias finalmente fracasaron. Entre las fechas de 1823 y 1833 el Estado había concedido cerca de 80 cartas de naturaleza a extranjeros residenciados en el territorio.

La grave crisis económica de la naciente república motivó la búsqueda de inmigrantes como primer paso para alcanzar una mayor prosperidad. Antonio Leocadio Guzmán, entonces Secretario de Interior, en 1831, en su Memoria expresó que: “No tenemos caminos por falta de hombres; no tenemos navegación interior por esta misma falta; y por ella es pobre nuestra agricultura, corto el comercio, poca la industria, escasa la ilustración, débil la moral y pequeña Venezuela” (Fundación Polar, Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo 2, p. 794). La primera Ley de Inmigración de la República de Venezuela se promulgó el 13 de junio de 1831. La única de las colonias que, tras muchas dificultades, logró llegar hasta nuestros días, es la Colonia Tovar, fundada por 374 alemanes en terrenos montañosos de Martín Tovar Ponte, cercanos a La Victoria, en 1843. Según los datos de Manuel Landaeta Rosales, referidos en el Diccionario de Historia de Venezuela, entre 1832 y 1857 entraron 12.610 inmigrantes, la mayoría de los cuales eran canarios y alemanes, aunque hay una presencia corsa, francesa, portuguesa, puertorriqueña e italiana, este flujo se interrumpió durante la Guerra Federal.

Otra etapa de fuerte presencia de una política migratoria definida tendiente al poblamiento y “blanqueo” de la población venezolana fue durante el guzmancismo. Un factor muy importante en la concepción positivista de la modernización y civilización de nuestra sociedad estaba relacionada con el poblamiento de amplias extensiones de tierras baldías y con un proceso planificado de europeización o “blanqueamiento” de la población, en gran parte mestiza, de nuestro país. Proyecto de modernización que Antonio Guzmán Blanco asumió rotundamente. Las cifras de Landaeta Rosales así lo muestran: entre 1874 y 1888 entran en nuestro país 26 mil inmigrantes, de los cuales veinte millares eran peninsulares y canarios. Entraron además 2.764 italianos, 1.806 corsos (todas las cifras de Landaeta Rosales son aproximadas).

Según datos del Censo Nacional de Población de 1891 en Venezuela había 38 mil extranjeros, repartidos de la siguiente manera: 13 mil españoles, 11 mil colombianos, seis mil ingleses, 3.600 holandeses, tres mil italianos y 2.400 franceses. La cuarta parte residía en el Distrito Federal, la misma cantidad residía en el Estado Táchira, seis mil seiscientos vivían en el Estado Miranda, tres mil doscientos en Carabobo y dos mil trescientos en Delta Amacuro.

La inmigración durante gran parte del siglo XIX, de la mano de la óptica positivista, fue observada como la panacea para todos los problemas nacionales, la supuesta necesidad de “blanquear” la sociedad llevó a estimular el establecimiento de diversas colonias europeas alrededor del país, al igual que en varios países latinoamericanos, proceso que, convertido en política de Estado, recorre nuestra historia desde Francisco de Miranda hasta Marcos Pérez Jiménez, pasando por Guzmán Blanco, Arturo Úslar Pietri y Alberto Adriani.

En 1903, durante el gobierno de Cipriano Castro se firma la primera Ley de Extranjeros, en gran parte como una reacción posterior frente al bloqueo de las costas venezolanas y los diversos problemas que el gobierno tenía con los gobiernos holandés, francés y alemán, entre otros. Tanto esta legislación, como todas las posteriores tenían como objetivo fundamental, ya no estimular la inmigración, sino controlar las actividades que los extranjeros desarrollaban en nuestro país.

A la muerte de Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, se inicia una serie de importantes debates sobre la reconstrucción de Venezuela, ahora petrolera y en camino de urbanización. Uno de los puntos complementarios del Programa de Febrero, de Eleazar López Contreras, era el estímulo a la inmigración europea, vieja herencia del positivismo, como un camino para la modernización del país.

Intelectuales como Alberto Adriani y Arturo Úslar Pietri, al igual que muchos pensadores del positivismo, recomendaron el poblamiento del territorio con europeos, aportando con estos nuevos conocimientos y costumbres. Incluso se mezclaban argumentos claramente raciales en el estímulo de las políticas migratorias, un desdén por el carácter “mezclado” o particularmente “negro” de nuestra población. Por presiones de Alberto Adriani sobre López Contreras se promulga en 1936 la Ley de Inmigración y Colonización, donde son excluidos todos los inmigrantes que no sean blancos. Un año después se estableció el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, y se promulgó una nueva Ley de Extranjeros. Hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial la inmigración prácticamente estuvo detenida. Los inmigrantes que llegaron a América antes de 1939 eran, en gran parte, españoles republicanos y judíos, ninguno de los cuales encontraron una especial disposición en el gobierno venezolano para su recepción. Durante el conflicto bélico mundial la inmigración se paralizó. En 1944 Isaías Medina Angarita quiso activar los mecanismos para aprovechar la fuerte migración proveniente de una Europa que venía saliendo de la guerra. Entre enero y octubre del año 45 entran más de siete mil personas al país.

Entre 1945 y 1958 en Venezuela hubo una política de puertas abiertas frente a la inmigración. Durante el trienio adeco el gobierno mostró una especial disposición para estimular el ingreso de los flujos migratorios a nuestro país, aunque los problemas de transporte transoceánico hacían difícil poner en práctica dicha iniciativa. Pero, en 1947 entraron veinte mil personas en territorio venezolano. Durante la dictadura militar del período 1948–1958 Venezuela vivió un impresionante flujo migratorio, predominando los italianos, pero engrosándose las colonias portuguesa y española, entre otras. Los italianos durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez fueron los constructores por excelencia de la política de cemento armado del régimen y colaboraron en la industria de la construcción de un gran conjunto de importantes obras arquitectónicas durante el período. La relación entre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la importante comunidad italiana provocó, a la caída del primero, un extraño caso de xenofobia en nuestro país. El rechazo contra los italiano tuvo que ser rechazado por la Junta de Gobierno de boca de su Presidente Wolfgang Larrazábal.

Entre 1948 y 1961 habían entrado a Venezuela cerca de ochocientos mil inmigrantes, recibiendo cédula 614.425. El 78% de esta cifra estaban compuestos por españoles, italianos, norteamericanos, colombianos y portugueses.

En 1958 se terminó la política de puertas abiertas. La crisis económica de este año motivó una política más restrictiva al respecto. Hasta 1973 el promedio se estancó en 13 mil extranjeros al años. Pero, a partir de 1973–4, gracias al boom petrolero, y con la caída de la democracia en, prácticamente, toda Latinoamérica, el saldo migratorio aumentó. Venezuela, junto con México, se convirtió en el refugio político de muchos latinoamericanos, o en su nueva oportunidad, la esperanza frente a la pobreza y represión de sus países de origen. Durante la democracia los extranjeros, naturalizados, legales o no, contribuyeron de manera importante en la prosperidad del país. Pero, al llegar la crisis económica, a finales de la década de los 70, y a principios de la década de los 80, el rechazo a los extranjeros aumentó.

Para el último censo (1991) los nacidos en el extranjero eran 1.023.259 personas, 51.370 menos que una década antes. El 70% son latinoamericanos. La comunidad más numerosa es la colombiana, los cuales mantienen una población relativamente constante, 508 mil en 1981 frente a 529 mil en 1991. Las comunidades chilena y argentina se redujeron, mientras los peruanos y dominicanos aumentaron. El nivel educacional del inmigrante ha crecido significativamente, en comparación con las generaciones anteriores. Existe un buen nivel de inserción ocupacional, semejante entre la población venezolana y la extranjera.

En la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre de 1999, es de reconocer ciertos avances el algunos aspectos, el reconocimiento de la doble nacionalidad y el voto en las municipales y regionales para los extranjeros con más de una década en nuestro país.

Los inmigrantes, en su diversidad, han contribuído a darle forma y sentido a nuestro país, a nuestra cotidianidad y a nuestras vidas. En el fondo, por nuestras venas, la de todos, corre sangre diversa y mezclada, y ese pasticho cultural, esa mezcla de culturas y sentires, es nuestra particular manera de vivir, nuestra particular manera de ser “occidentalmente” criollos venezolanos.

Bibliografía

Varios autores, Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 4 tomos, 1995.

Ver Especial 12 de Octubre, Año 2000.

Iván Méndez: Extranjeros para nosotros mismos
Los inmigrantes hablan sobre la Tierra de Gracia
Andrea Imaginario: Michel de Montaigne: redescubrir el ¿descubrimiento?

Los inmigrantes cuentan sobre la Tierra de Gracia
ycamero@analitica.com