La anunciada "Ley de Contenidos" para la radio y televisión, cuyo solo título es de un fascismo macabro, al decir de Claudio Nazoa, está a punto de ser presentada a la Asamblea Nacional. El equipo del actual director de Conatel, Jesse Chacón, teledirigido desde Miraflores por el ministro Diosdado Cabello y por el propio presidente Chávez, parece que ha concluído la labor redaccional. El director Chacón, en una que otra declaración de prensa, ha sostenido que para enero es la cosa.
El texto del proyecto legal, lamentablemente, todavía no se conoce a cabalidad. Pero de reiteradas advertencias presidenciales y de anuncios preliminares, tanto de Chacón como de Cabello, no es un despropósito suponer que la intención es clara y directa: meter las cabras en el corral en materia de libertad de expresión radio-televisiva y promover la autocensura de los medios de comunicación. No por nada es que el nombre completo del instrumento, reza: "Ley sobre la Responsabilidad en la transmisión de contenidos a través de Radio y Televisión".
Entre los aspectos que ya han sido divulgados -a pesar del brumoso misterio que envuelve al proyecto --está el "principio" de un "sistema de responsabilidad compartida en la divulgación de contenidos, tanto para aquellos que contratan los espacios como para aquellos que los producen y conducen". Una de esas vaguedades retóricas que pueden amparar cualquier tipo de desafueros. Así mismo, también se establece entre los objetivos de la ley: "defender la vigencia de los derechos constitucionales, en patrimonio del respecto a los derechos al honor, la intimidad, y el secreto en las comunicaciones (...)".
En aras de la dificil objetividad, la preparación de este proyecto legal podría tener dos lecturas. Una, vamos a llamarla benéfica, cuyo cometido sería integrar en un sólo cuerpo normativo las numerosas disposiciones regulatorias que hoy están esparcidas en diversas leyes, decretos y reglamentos. Otra, mucho menos benigna, que buscaría impedir lo que José Vicente Rangel llama el "desbordamiento de la libertad", ésta vez desde las pantallas de televisión y las emisoras de radio. Dado el contexto de amenazas a los medios por parte del régimen, no hay que hilar muy fino para intuír hacia dónde van los tiros.
Llama la atención, por ejemplo, que mientras la nueva Ley de Telecomunicaciones se elaboró, consultó, discutió y aprobó a plena luz del día, bajo el patrocinio de Conatel y la concertación de las instituciones relevantes, este proyecto ha seguido un curso similar al de la penosa Ley de Tierras. Conciliábulos gubernativos y cero democracia participativa. El director Chacón acaba de explicar el "retraso en la discusión" porque "a diferencia de la Ley de Telecomunicaciones, los conceptos son muy subjetivos". Mayor razón, entonces, para que el proceso sea lo más transparente posible.
Las autoridades de Conatel han declarado que "no tienen la intención de llevar el proyecto legal a una discusión política que no tiene sentido aquí". En circunstancias distintas ello sería lo prudente y deseable. Pero al calor de los vituperios presidenciales sobre la "oligarquía de los medios", los procedimientos "administrativos" en contra de canales de televisión, y las reiteradas advertencias del "alicate revolucionario", es absolutamente imposible que el tema en cuestión se aprecie al margen del talante anti-democrático del régimen.
El fantasma de Herr Goebbels ronda por los pasillos de Miraflores y Conatel. Hay que ponerse en guardia para evitar que se materialize en la nombrada "Ley de Contenidos".
