Tradicionalmente, el liberalismo ha sido identificado con la idea de los derechos individuales y de un Estado limitado; la protección constitucional de la libertad de expresión responde a esta tradición.
Lo que está en juego en las discusiones relativas a la libertad de expresión, no es simplemente un conflicto entre libertad e igualdad, sino también uno entre libertad y libertad. Según está interpretación, el conflicto entre los liberales respecto a la libertad de expresión puede ser considerado como un conflicto entre dos maneras diferentes de entender la libertad. El conflicto en el liberalismo no surge de los compromisos pluralistas de esa filosofía política, sino de una disputa acerca del significado mismo de libertad.
Algunos liberales consideran a la libertad de expresión como una protección del interés individual del individuo a decir todo cuanto quiera: para ellos, el Estado es la amenaza contra la que el individuo debe ser protegido. Otros entienden la libertad en términos más sociales. Según esta interpretación, el papel del gobierno es preservar la plenitud y franqueza del debate público: asegurar que las personas son conscientes de todas las cuestiones con las que se enfrentan, y de los argumentos a favor y en contra. .
El supuesto crucial en esta teoría es que la protección de la autonomía producirá un debate público que será desinhibido, vigoroso y completamente abierto.
En una sociedad capitalista, la protección de la autonomía producirá en general, un debate público que es dominado por quienes son económicamente poderosos. El mercado, aún el que opera de un modo suave y eficiente, no asegura que todas las opiniones relevantes serán oídas, sino sólo aquellas que son defendidas por quienes cuentan con los recursos para confeccionar un producto ideológico que atraiga a los ciudadanos como consumidores potenciales.
Una sociedad que opera con capital privado puede constituir una amenaza a la riqueza del debate público tanto como un organismo gubernamental, porque cada uno de ellos está sujeto a restricciones que limitan lo que dice o lo que permitirá decir a los demás. Así como ya no es posible suponer que el sector privado es todo libertad, tampoco podemos seguir suponiendo que el Estado es todo censura.
En el mundo moderno, el Estado puede tanto enriquecer como empobrecer el debate público. Puede hacerlo, en parte, a través de la concesión de subsidios y otros beneficios como por ejemplo: las asignaciones gubernamentales a la radio y televisión públicas, a las universidades públicas y privadas a las bibliotecas públicas y a los sistemas educativos públicos. Estas instituciones presentan al público cuestiones y perspectivas que de otra manera, probablemente serían ignoradas o menospreciadas por las instituciones de propiedad privada y que están restringidas por el mercado.
Un compromiso para enriquecer el debate público permitirá, y a veces requerirá, que el Estado actúe imponiendo reglas de equidad a los medios de información. La autonomía será sacrificada, y en ocasiones se permitirá la reglamentación del contenido, pero sólo bajo el supuesto de que el debate público podría enriquecer e incrementar nuestra capacidad de autodeterminación colectiva.
