Mas allá de la regulación, democratizar a los medios de comunicación Ricardo A. Martínez Ceruzzi
Jueves, 6 de marzo de 2003
“…la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobiernos, se la protege para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo. Sólo una prensa libre y sin restricciones puede exponer las imposturas del gobierno”. Corte Suprema de los Estados Unidos (New York Times vs. United States, 1971)
Estados Unidos de América, es uno de los mejores ejemplos de democracia en nuestro continente. Sus instituciones funcionan, existe verdadera separación de los poderes públicos y una constante lucha por el respeto a los derechos humanos. La libertad de prensa ha madurado a niveles de crear doctrina, como la que refleja la sentencia que reseñamos al inicio de este escrito, fundamento de la “Teoría del debate público”. La doctrina transcrita enseña que la existencia de una prensa independiente es determinante al momento de individualizar un régimen democrático. Para que ello ocurra es necesario suponer que la información, materia prima de la prensa, no es prisionera en ninguna infranqueable fortaleza. Al contrario, constituye un bien público, accesible a todo aquel que desee su posesión. En estos términos, la información es un derecho (Ekmekdjian, 1996). Ahora bien, ¿En nuestro país no existe un pensamiento democrático similar? ¿Acaso no tenemos el recurso humano, que nos lidere hacia una transformación auténticamente democrática de los servicios de radiotelevisión? ¿Ley mordaza o Ley de Radiotelevisión? Para responder estos interrogantes, presentamos una propuesta de un destacado pensador venezolano, que pone de manifiesto que sí se pueden democratizar los servicios de radiotelevisión en nuestro país y que sólo falta VOLUNTAD.
Antonio Pasquali, investigador y catedrático de la UCV, propone que para democratizar el medio, hace falta asegurar la libre competencia, mejorar la calidad de los contenidos, diversificar las fuentes y poner partido al talento nacional y además enuncia lo que no va incluido en el anterior postulado de democratización: 1) No se trataría en lo absoluto de sacar de escena al concesionario privado, ni de reemplazarlo con un modelo abierta o solapadamente “estatizado” de TV. La TV privada debe sobrevivir, no importa si lo ha hecho muy mal y si ha abusado de sus privilegios, si sabemos honestamente estimularla a que lo haga mejor. Así como su oligopolio actual y el mal uso que ella hace de la concesión son antidemocráticos, también su desaparición desfiguraría las reglas más elementales de la democracia. 2) Tampoco se trataría de “ordenar” que hubiera más democracia –o más calidad, o menos violencia- mediante leyes, regulaciones y decretos. Comenzar las cosas con una buena ley, a la latina, es muchas veces la mejor manera de comenzar al revés, de confiar a la magia del verbo lo que no se quiere luego traducir en acción. Ese no es un modelo deseable de Estado regulador de las comunicaciones: los paternalismos, las censuras, los moralismos ocasionales, los desplantes y rabietas de ministros (y jefes de Estado) no conducen a nada. Un Estado democrático, moderno, educador y éticamente justo sólo debe garantizar dos cosas en comunicaciones:
a) Que se aplique y cumpla cabalmente, en su respectivo ámbito territorial, la segunda parte del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a todos un mismo derecho a “difundir (...) informaciones e ideas por cualquier medio de expresión”, y
b) Dar el buen ejemplo, asegurando medios lo más excelentes posibles, realmente democráticos y participativos, creíbles, independientes de los gobiernos de turno.
Lo anterior significa concretamente:
- en lugar de tantas complicidades, rabias de un momento, complicaciones políticas y reglamentismo, el Estado democrático debe garantizar canales de difusión a una libre creatividad nacional (sin privilegiar a quien lucrará con la frecuencia) no brutalmente sometida ni a las leyes de mercado ni al capricho burocrático del aparato gubernamental. Todos los ciudadanos del país, no importa el lugar geográfico de su residencia, deben estar en condición de elegir entre basura y mensaje de calidad;
- de nada valdría oponer, por ejemplo, a la TV comercial una TV pública “repotenciada” pero conducida con criterios iguales o parecidos a los actuales, ya que esta segunda seguiría siendo una televisión de obediencia gubernamental.
c) Asimismo, Pasquali señala que una más efectiva democracia radiotelevisiva precisa se alcancen, cuando menos, estos objetivos:
- La creación de mecanismos realmente democráticos y transparentes, encargados, en representación de la nación, de la concesión, supervisión, regulación y reversión de frecuencias y canales de transmisión abierta, regidos por un consejo plural con plenos poderes y sometido a la vigilancia del Legislativo, que confiera carácter republicano a una potestad hasta aquí ejercida imperial y discrecionalmente, en muchos países de Latinoamérica, por ministros y presidentes de la República
- Asegurar sobre una base consensual y no constrictiva un mínimo común denominador entre cierta programación de la radiotelevisión en general, y los grandes objetivos y necesidades educativas, culturales y sociales de un país, sin menoscabo de las libertades constitucionales tanto del sector público como del privado. Más efectivamente útiles a la sociedad serán la radio y la televisión, más democrática será su función
- Una realmente eficaz participación de la colectividad y del talento creador nacionales en todo lo que concierne a la radiotelevisión pública y privada. Participación es término a menudo empleado en sentido etéreo e impreciso, si no demagógico.
- La presencia en los diferentes países de la región de un relevante servicio radiotelevisivo público nacional, totalmente desgubernamentalizado, que garantice por vez primera a todos los usuarios de un país igual acceso a los mensajes mediante coberturas territoriales realmente totales, y la calidad de cuya programación, en libre y leal competencia con telebasura, impulse y obligue a esta última –si no quiere perder su clientela- a mejorar su respectiva programación (PASCUALI, 1995).
Los teóricos opinan que el camino más sencillo y democrático para lograr una mejor programación (una de las prioridades culturales que todos los Conac, el presente inclusive, han sospechosamente soslayado) no es la de una “ley de contenidos” sino la de que el Estado asegure a la población servicios públicos ejemplares y, sobre todo, no-gubernamentales de radiotelevisión, capaces de convertirse en exitoso modelo a seguir, de ofrecer al radiotelevidente una alternativa nacional de calidad. Para Pasquali el acaparar los servicios públicos, (el canal 8 y la radio nacional) para su uso personal, y al imponer insoportables cadenas, el presidente Chávez ha hecho exactamente lo contrario, añadiendo más radiotelevisión chatarra a la ya existente, y enguerrillándose con los demás medios que le son mayoritariamente adversos.
El proyecto de Ley de Orgánica de Radiotelevisión, producto del investigador fundador del ININCO, Antonio Pasquali, es el que mejor se acerca al principio democratizador sostenido por él, al incluir el principio de participación plural en la capacidad de emitir, y un acceso equitativamente distribuido a todos los canales de recepción disponibles, que aseguren la calidad y que sean de utilidad ciudadana, tanto los públicos como los privados; fomentando la producción y difusión de programas producidos en el país y con el respeto de la libre circulación de los mensajes. Además confía la reglamentación y vigilancia de todos los servicios radiotelevisivos a un solo organismo público, plural y autónomo, que se denomina Consejo Nacional de la Radiotelevisión, CONART.
(*): Abogado-Publicista Fuentes: EKMEKDJIAN, Miguel Ángel. Derecho a la Información. Depalma. 1996
PASQUALI, Antonio. Bienvenido Global Village. Monteávila Editores. 1998
