El presidente del Senado, Óscar Ortiz, junto a parlamentarios de Poder Democrático y Social (Podemos) presentaron anoche documentos y denunciaron que la Embajada de Venezuela alquiló el vehículo que manejaba el subteniente Georges Nava, principal acusado en el atentado al canal 4 de Yacuiba (Tarija).

La madrugada del 21 de junio, tras la explosión del medio de comunicación, la Policía detuvo al subteniente Nava a bordo de un vehículo Rav 4 con placa 1481-GPB de color plomo, propiedad de ‘Barrón’s Rent a Car’ (empresa arrendadora). El militar, además, llevaba un fusil AK-47, una pistola, celulares y dinero.

En la oficina de la bancada de Podemos en la ciudad de Santa Cruz, Ortiz mostró a los medios de comunicación una serie de contratos de arrendamiento, uno de ellos pertenece al vehículo que manejaba Nava ese día. Además, otros que él mismo habría firmado, a nombre de la embajada, pero para otros vehículos.

“Esto es una violación abierta a la independencia, a la soberanía ciudadana y a la paz en Bolivia. Esto es un verdadero terrorismo de Estado del que han participado oficiales del Ejército asignados a la seguridad presidencial, y se está comprobando la intervención del gobierno extranjero, es uno de los hechos más graves que puede suceder en un sistema democrático”, dijo Ortiz.

Consultado sobre el tema, el vocero de la Presidencia, Iván Canelas, sostuvo que la oposición pretende politizar el tema y que además el Gobierno espera que la justicia cumpla con su labor.

“No estamos politizando nada, que la justicia haga su trabajo y, una vez que concluya, sabrá establecer el resultado y esperamos que lo haga de la mejor manera posible”, dijo Canelas, quien luego acotó que “todo lo que diga la oposición no tiene validez; si ellos tiene documentación, que aporten a la investigación, que la presenten entonces al Ministerio Público”, manifestó.

En el documento específico del vehículo Rav4, con placa 1481-GPB, el arrendador es la Embajada de Venezuela, sin embargo, la persona que recibió el vehículo sería ‘Oswaldo Flores’, con un número de un carnet de identidad de La Paz.

Luego, figura un número de teléfono celular y al final del documento firma el gerente general, el 13 de junio. Este medio llamó al número de celular, pero dijeron que era “equivocado”.

Existe también facturas por el alquiler de distintos automóviles, pero en éstas no se detalla el nombre de la legación diplomática, sino “Imbox S.R.L.”.

Al respecto, el diputado de Podemos Antonio Franco, en contacto telefónico, afirmó que “la comisión investigadora lo determinará. Esto es sólo el comienzo, hay mucho por andar”.

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