Venezuela, debido a su ubicación geográfica, convive desde el punto de vista social, cultural, económico y político con múltiples realidades: caribeña, andina, amazónica y latinoamericana. Esta diversidad geopolítica y el hecho de compartir espacios comunes con diferentes tipos de países, genera una variedad de situaciones de carácter fronterizo que deben ser asumidas dentro de una politica de fronteras que reconozca la diversidad y complejidad de las situaciones, y pretenda dar respuestas adecuadas y oportunas.

Hasta ahora, esa definición de políticas, específicas para cada área pero coherentes entre ellas, no se ha visto realizada con la integralidad que requiere la importancia de estas zonas para el futuro del país. De hecho, las políticas de fronteras de los últimos tiempos han hecho énfasis en los aspectos de seguridad y contención externa en el oeste y sur-oeste del país, bajo la presión de la beligerancia extremista de las fuerzas guerrilleras y del narcotráfico colombiano, con respuestas de carácter militar y sin acciones más globales y complementarias que ayuden a mejorar de manera integral el clima general de esas zonas. Otras áreas fronterizas, como la del sur y la oriental, que tal vez no presentan problemas de delimitación tan graves o de inmediata atención y que no tienen connotaciones políticas tan evidentes, se encuentran en absoluto abandono. En cuanto a la frontera norte, la caribeña, tan importante para nuestro desarrollo armónico, es simplemente ignorada y se mantiene bajo esquemas de cooperación desarticulados y sin ninguna proyección, debido a la falta de organicidad de sus fuentes de acción.

Acciones de política fronteriza con sustento interno han sido esporádicas y con base en planteamientos que no son auto sustentables y carecen de un impacto sobre las grandes áreas que se precisa atender.

Otro elemento de cardinal importancia es la marginación de las fuerzas vivas de las zonas froterizas en la definición de políticas, cuyas opiniones deberían tener un gran peso como destinatarios y fuentes de sustento de estas. Está claro que estas opiniones deben estar enmarcadas por una visión global y coherente desarrollada por el Gobierno nacional que garantice su desarrollo y aplicación.

En pocas palabras, la política fronteriza tiene diferentes dimensiones y objetivos. Hacia afuera, se verifica en tareas de delimitación y demarcación y en el establecimiento de relaciones que regulen los flujos de personas y bienes que permitan generar las condiciones de mutuo respeto y de seguridad. Hacia adentro, se concreta en la política de apoyo y defensa de la actividad productiva y del derecho de los venezolanos a desarrollarse en un clima de seguridad y tranquilidad cívica, mediante la aplicación de medidas que hagan posible el fomento productivo y la ocupación armónica y respetuosa del medio ambiente, con el disfrute de infraestructura y servicios básicos que permitan su sustento permanente. Una política que aspire a ser integral ha de contemplar simultaneamente todas estas dimensiones y objetivos.

Sobre la base de esta caracterización genérica podríamos identificar gráficamente cuales deberían ser los componentes que confluyan en una Política Integral de Fronteras, en la que la dimensión internacional o bilateral del tema se conjugue con la nacional y esta última asuma los compromisos de carácter local y colectivo, con el objeto de brindar bienestar y desarrollo individual a los destinatarios finales de esta política: los individuos que han optado por vivir en los confines de nuestro país y con ello ejercer la labor de construcción de una patria presente en todos sus rincones.

Como se ha expresado, la definición de políticas fronterizas deberá tener un componente general, como Política de Estado, y uno específico, como respuesta a las necesidades de cada región y área específica. Estos dos niveles de política en lo interno será complementada con las acciones que a nivel bilateral e internacional, incluyendo lo multilateral, se deben realizar para construir una Política Integral de Fronteras. Un elemento que se debe rescatar es la responsabilidad internacional de los Estados en relación a los hechos que se originen en sus territorios y causen daños humanos y materiales en el de otros. El siguiente esquema sintetiza la propuesta:

Es indudable que la importancia del tema y las inquietudes que genera ameritan algunas definiciones, aunque sean preliminares, sobre cuál serían las acciones a desarrollar en los diferentes frentes. Con el objeto de simplificar la reflexión, se da por sentada una política que asuma lo planteado en el esquema general "Elementos de una Política Integral de Fronteras" y aquellas acciones en materia de seguridad ya asumidas por Venezuela. A continuación un cuadro resumen de las acciones específicas a cada área.

Seguridad, Salud, Vivienda, Educación y Condiciones para el desarrollo de actividades productivas. Esas palabras parecieran resumir lo que es un clamor de las zonas fronterizas en relación a lo que esperan sea un futuro posible.

Sin embargo, el hecho de que exista consenso acerca de la importancia cardinal que tiene para el futuro del país el atender este clamor, pareciera que Venezuela no ha logrado descifrar cómo actuar de manera concreta y definitiva en el tratamiento de lo fronterizo. A pesar de que normalmente el hecho froterizo adquiere dimensiones de alarmente inquietud por la presencia de fuerzas negativas como la guerrilla, el narcotráfico, el contrabando y la depredación del ambiente, las respuestas no se pueden limitar al combate de éstos, sino que debe asumir instancias más amplias que permitan crear condiciones de desarrollo y progreso que sirvan para contener los efectos perniciosos de un área abandonada a su propio destino.

La política de fronteras es acaso una de las áreas específicas donde la acción exterior se traduce en una realidad palpable que afecta directamente la vida de los ciudadanos venezolanos que allí habitan. Si se acepta que la política exterior es la primera línea de defensa del interés nacional, podemos afirmar que las zonas fronterizas y sus poblaciones son claves en la defensa de nuestra independencia e integridad territorial. De hecho, pareciese que la política fronteriza se refiere únicamente al aspecto de seguridad, determinante y tratado seriamente, y se olvida la necesidad de que los empresarios del campo y los pobladores en general cuenten con instituciones de apoyo a su existencia.

Las nuevas fórmulas participativas que aspiramos implantar incluyen cooperativas de producción y consumo, servicios sociales como educación y salud, servicios financieros y asesoría permanente en las acciones comunitarias. Ello significa un Estado que ayude a la comunidad a organizarse para solucionar sus problemas y a generar su propio bienestar, con el control de las acciones que definen su destino como sociedad.

Dentro de el cambio de paradigmas que proponemos adquiere valor central el financiamiento de la actividad productiva y el papel de las grandes corporaciones regionales. Consideramos que debe existir un nuevo rumbo en la acción de estos entes pasando de financiar la "actividad productiva" e intervenir directamente a través de empresas propias o en obras públicas, en las que la carga burocrática y lo engorroso de los procedimientos excluyen la participación de la comunidad en sus facilidades crediticias. Su nuevo papel debe ser el de centros de coordinación y definición de prioridades para una acción directa para las comunidades y a través de ellas. La organización de cooperativas de ahorro y financieras y otros órganos de participación comunitaria, mediante los cuales se reúnan y definan sus necesidades y prioridades de inversión y desarrollo, dará como resultado una acción más ligada a las necesidades de la gente y para la gente.

Estas acciones deberán atender necesidades colectivas básicas como las relacionadas con la dieta diaria. Por ejemplo, en una población fronteriza se puede determinar que no existen niveles adecuados de consumo de proteínas a lo largo del año, por cuanto la pesca fluvial, fuente primaria de proteínas, es totalmente estacional y tan sólo provee productos la mitad del año. La comunidad se reune y define su prioridad de subsanar este problema. Hacen uso del apoyo del Estado a través de la corporación regional de desarrollo y trabajan en conjunto, corporación y habitantes en el diseño de una estación de piscicultura, con estudios de factibilidad y financiado por la cooperativa de ahorro creada a tal fin (la cooperativa de ahorro cumpliría con la doble función de servir de casa de ahorro y de consejero financiero y prestamista). El resultado sería un crédito para diseñar, organizar y construir criaderos de peces, procesamiento básico del producto y facilidades de refrigeración. Con ello no sólo se garantiza la provisión permanente de proteinas, sino que se crean fuentes de empleo, se establecen canales de venta y distribución que pueden ser aprovechados para otras actividades productivas. En cuanto a la factibilidad financiera, se mejora la capacidad de recuperación de la inversión a través del compromiso directo de la comunidad. Podríamos decir que las posibilidades de fracaso son mínimas y poco probables.

Otro ejemplo podría ser el uso de facilidades asistenciales binacionales. En una experiencia en la Amazonia Brasileño-Peruana, se determinó que en el Perú existía un dispensario médico en el cual se trataban un número de enfermedades y daba apoyo a las poblaciones de ambos países. Brasil, que tenía pensado construir un centro asistencial en la zona, acordó con Perú el tratamiento de otras enfermedades diferentes. Resultado: las poblaciones de ambos países encuentran un tratamiento más completo, las comunidades establecen lazos de cooperación y se evitan duplicaciones innecesarias.

Podríamos seguir dando ejemplos. En muchos casos la comunidad quiere participar y no sabe como. Han habido casos en los que se han privatizado ingenios azucareros o plantas de producción, siendo vendidas a inversionistas nacionales o extranjeros que no tienen nada que ver con la zona y que no tienen un compromiso definitivo con su gente ni con su desarrollo, todo ello por la incapacidad de participación de la comunidad. Ello no quiere decir que se deben poner trabas a la privatización, pero en muchos casos, las privatizaciones, procesos con los que estamos de acuerdo, deben ser manejadas no solo como un problema contable y financiero, sino como un elemento que permitiría a poblaciones enteras incorporarse al proceso productivo y participar en la creación de su bienestar, tal vez a través de asociaciones u otras formas de participación.