Elogio de la cordura
El Poder Moral

Oscar Reyes (*)

En The priority of democracy to philosophy, Richard Rorty escribió: "Thomas Jefferson dio el tono para la política liberal norteamericana cuando dijo: 'No es una injuria para mí que mi vecino diga que hay veinte dioses o ninguno'. Su ejemplo ayudó a hacer respetable la idea de que la política puede estar separada de asuntos de importancia trascendental -que creencias comunes de los ciudadanos en torno a estas materias no son necesarias para una sociedad democrática" (1).

La creencia de Rorty y de los liberales es que la religión, si es necesaria, debe quedar reducida al ámbito privado de los ciudadanos y que no debe ser un asunto político. Esa prudencia no es casual. Los primeros norteamericanos llegaron en barcos procedentes de Inglaterra huyendo de persecuciones religiosas. En el ala católica, la Inquisición es el peor ejemplo de por qué no es conveniente una religión de Estado. En el ala musulmana, bastaría con citar el ejemplo de los sunnitas, que en ciertos países matan y apalean a los chiítas. Los musulmantes que mueren en Kosovo suelen ser chiítas. En Irak no les dan papeles, ni en Egipto, ni en Arabia Saudita: no pueden viajar, no pueden trabajar en el gobierno ni entrar a la universidad. Curiosamente, sólo reciben papeles en Líbano e Israel, cuando nacen allí y son ciudadanos. Los franceses, a partir de la revolución, sacaron a la Iglesia del Estado: es por eso que no se pueden usar crucifijos, velos, chadores o kippás en las escuelas públicas.

Las sociedades liberales fueron concebidas originalmente para mantener la tolerancia religiosa. El ideal pretende que en el seno de una misma sociedad sobrevivan musulmanes, hinduístas o ateos. El Estado no debe pronunciarse sobre esos temas, sobre cuál es el Dios verdadero. La democracia debe permitirle a los ciudadanos hacer ellos esa escogencia. Los ciudadanos pueden promover públicamente sus preferencias: en el mercado, pueden ofertar a Shiva como mejor que Shinto, o pueden defender su versión de Jesús como la más auténtica. Siempre que no haya "fanatismo" -intento de convertir al otro a mi fe por medio de la violencia- tal diversidad no afecta la democracia sino todo lo contrario.

Las sociedades democráticas modernos aspiran al paradigma de la inclusión, que cada vez un mayor número de personas sean consideradas como ciudadanos, como "nosotros", a pesar de creer en un Dios diferente a Cristo o de tener una lengua madre diferente al inglés o el castellano. Esa inclusión le permitió Francia ganar el campeonato mundial de fútbol con un equipo de negritos inspirados. En ese sentido, Venezuela ha sido un oasis de tolerancia. Musulmanes, hebreos, católicos y cientos de sectas protestantes conviven en paz, y compiten sólo mediante el debate y no mediante las bombas como en el Ulster. En Caracas, la mezquita musulmana, la sinagoga judía y un templo maronita están a menos de un kilómetro de distancia el uno del otro. Creo que esa paz se la debemos a nuestras Constituciones, que han sabido mantener el Estado laico desde la independencia de España.

Volviendo a Rorty, lo importante en materia política es que los ciudadanos respeten las reglas de juego. Las reglas de juego las marcan la Constitución y las leyes. Esas reglas de juego que hoy están poniendo en tela de juicio son las que han permitido que las opiniones diversas no terminen a balazos. El fanatismo nacional no se ha trasladado a la religión, a la moral o las razas, y muere en el estadio de beisbol, donde caraquistas y magallaneros a lo más que llegan es a lanzarse vasos de cerveza o un par de puñetazos.

Por eso, hay dos temas que merecen especial atención en esta confusión pre-constituyente. El primero, es la posibilidad de convocar a la Iglesia al proceso. El segundo, es que la nueva constitución incluya un cuarto poder, el moral.

Sobre el primer punto, vale toda la exposición rortyana. Es imposible saber cuál es el verdadero Dios. Por consiguiente, es imposible saber cuál es la "verdadera" iglesia. Por tradición nuestras mayorías son católicas. Pero no podemos sacar del marco religioso nacional a los millones de evangélicos, a los miles de musulmanes y judíos que viven entre nosotros, porque son ciudadanos del Estado venezolano. En el peor de los casos, habría que hablar de la participación de las iglesias y no sólo de la iglesia católica apostólica y romana. Debería haber por lo menos pastores, rabinos y curas en la Constituyente. Las contradicciones en este sentido son tan evidentes, que el Presidente se muestra como católico fervoroso, reza en público y cita la Biblia, pero está divorciado, y se casó en nupcias posteriores con la primera dama, contraviniendo la línea del Vaticano y de Juan Pablo II. El Presidente, entonces, debería dejar sus preocupaciones religiosas para el ámbito privado. En cuanto a convocar a las iglesias a la contituyente, ello es peligroso, porque el proceso se torna corporativo, lo cual es uno de los signos clásicos atribuidos al nacionalsocialismo. En una Constituyente corporativa, participan los grupos de presión como en una especie de lobby, para lograr que la carta magna se ajuste a sus intereses: ganaderos, gremios y sindicatos, empresarios, grupos de comunicación, iglesias, etc. ¿Y cuántos grupos de arraigo o recién fundadados ad hoc no reclamarán su derecho a participar? En un lobby de ese tipo, gana quien tiene más dinero o quien puede intimidar más. O simplemente las mayorías y las diversidades del país quedan cautivas de sus representantes, lo que es peor que el sistema de partidos.

Las buenas constituciones suelen ser bastantes abstractas y amplias para resguardar -en su parte doctrinaria- los derechos y garantías de los ciudadanos y -en su parte orgánica- pretenden ser modernas para guiar a las naciones hacia los retos futuros.

Por eso, no pueden detenerse a discutir las preocupaciones religiosas o morales puntuales de los ciudadanos. No pueden detenerse a estudiar el aborto, la corrupción, la educación o la bioética -que merecen marcos legales especiales-, sino que deben fijar las reglas de juego políticas en las que esos debates y problemas se van a resolver.

El Poder Moral encaja dentro de este tipo de cuestiones. ¿Quién decide lo que es bueno, lo que es moral, lo que es el summum bonum de una sociedad como para establecer un poder público que lo defienda y tutele? Para quien ama la naturaleza, el summum bonum será escalar el Ávila. Para quien ama el dinero, un mercado abierto con reglas de juego que le permitan hacerse rico. Para quien ama el estudio, un sistema educativo que le permita formarse a plenitud. Para quien ama la trascendencia, un espacio político tolerante donde buscar una conexión con lo que considera la divinidad. Es imposible que un Estado pueda discernir sobre estos temas. Es antidemocrático. El Estado debe tener una constitución liberal que permita que sea el debate interno el que decida cuál es el sumum bonum de cada quien, y que no haya que establecerlo en las leyes, como en el comunismo, donde era obligatorio y moral creer en el colectivismo, condenar la libre empresa y ser ateo, o te fusilaban.

Hay filósofos optimistas como Fernando Savater que piensan que hemos logrado ponernos de acuerdo a nivel global sobre lo que es el bien, y que esos paradigmas están presupuestos en los derechos humanos. Eso justifica una justicia global, como la que ahora enjuicia a Pinochet.

Creo que Pinochet es un asesino, pero no creo que nos hayamos puesto de acuerdo sobre lo que sea el summum bonum. Ni siquiera los derechos humanos lo son. Son apenas un marco mínimo para que los ciudadanos puedan buscar su realización, cualquiera que sea el significado de esto para cada quien.

El 15 de febrero de 1819, a las diez y treinta de la mañana, Bolívar inauguró el Congreso que llevaba el nombre de la vieja capital de la provincia de Guayana, Angostura. Allí, presentó ante 27 diputados -de 30 que habían sido electos el año anterior- su proyecto de Constitución para la joven república. Fue Bolívar -y no Chávez- quien inventó el poder moral, para vigilar el desenvolvimiento de los poderes, la educación de los niños y el cumplimiento de la Ley. Lo argumentó con la célebre frase "Moral y luces son nuestras primeras necesidades". El Congreso de 1819 fue sensato y no aprobó el cuarto poder. Las constituciones de la época ya sabían que el poder moral era parecido al poder religioso, un suprapoder, y preferían dejar ese tema en el ámbito privado, garantizando más bien mediante la carta magna los derechos civiles. Hay teóricos que creen que el cuarto poder existe, y lo identifican con los medios de comunicación y la opinión pública. Esa visión es bastante sensata, y dejar libre ese espacio de debate es lo más sano para el perfeccionamiento moral y política de un país, para luchar contra la corrupción y los abusos del poder. Si el Estado es el guardián que vela por la moralidad: ¿quién nos ayudará cuando el Estado sea inmoral contra nosotros? ¿No nos acusarán de inmorales por rebelarnos contra el orden instituido aunque el orden esté equivocado? Sólo el debate público puede aclarar quién tiene la razón y quien no. El Estado debe bajarse del ring.

El peligro de calcar a Bolívar 200 años depués sin una mirada crítica es grande. Bolívar propuso disparates como senadurías hereditarias -a la manera de la cámara de los lores en Inglaterra- y que la presidencia fuera vitalicia. El Congreso, sensatamente, echó para atrás tales propuestas.

Como intelectual influído por las ideas de la Ilustración, Jefferson creía que los hombres poseían una razón común, y que la misma era suficiente -en un marco de libertades- para lograr la sensatez y el buen funcionamiento en los asuntos públicos y políticos.

Los liberales post-modernos no creemos en una "Razón" común y universal. Pensamos que lo mejor es abrir un marco amplio para el debate, y que sea éste último -y no el fanatismo o la imposición del Estado y un Poder Moral tutelar- el que determine qué religión logra la mayoría entre los fieles, o cuáles aspiraciones logran convertirse en el summum bonum de la mayoría de los ciudadanos como para alcanzar el grado de ser reconocidas como moral pública. Es un viejo derecho liberal, que no tiene nada de antipatriótico.

(*) Filósofo.
simbolica@telcel.net.ve

(1) Richard Rorty, The priority of democracy to philosophy, en Philosophical Papers, Vol. I, Cambridege University Press, 1994, p. 175.