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| Cinco años para no olvidar Francisco Vivancos El quinquenio finalizado exhibe el peor registro de indicadores macroeconómicos de la historia estadística del país. Dos choques externos de signo enfrentado, una crisis financiera extendida por terapias inapropiadas y, en general, un manejo de política económica siempre incompleto y tardío, están en el fondo de este ciclo que cierra con otros pasivos institucionales y políticos no menos pesados. Hacer balance es más que un ejercicio de presentación de cuentas. Es una oportunidad para sacar lecciones que inhiban de futuros errores. De los choques externos a los internos Como nunca, el país ha perdido persistencia en el crecimiento de su ingreso y en la estabilidad de precios. Ha sido más vulnerable a los ciclos externos y ha transmitido con peores atributos la volatilidad externa a los mercados domésticos. Choques de todo tipo, en promedio insuficiente o deficientemente administrados, han intensificado la vulnerabilidad de las cuentas fiscales y el desempeño del producto y empleo internos. En esta fase ocurren: a) una crisis financiera que pulveriza 47% del patrimonio bancario y 54% de los depósitos del sistema y representó pérdidas por inflación, caída en las reservas internacionales y cargos fiscales no inferiores a 14% del PIB; b) tres macrodevaluaciones; c) tres episodios inflacionarios severos (con el mayor aumento histórico de precios en 1996 con 103%); d) dos choques externos de origen petrolero, uno con un incremento de los ingresos per cápita reales de 24% y el otro con una caída de 37%; e) tasas de interés extremadamente volátiles (oscilando entre -66% y +22%), pero con una tendencia sistemática a remunerar negativamente los depósitos (en un 84% de los meses del quinquenio); y, f) tres programas de ajuste, si pudieran llamarse así, cubriendo un espectro que va de la más rancia apelación a los controles (junio de 1994) a la versión más ingenuos e incumpleta de modificación de precios relativos con apoyo del FMI (abril de 1996), pasando por el drástico pero igualmente fragmentario recorte de gasto de este año. En el plano fiscal, los déficit públicos se han hecho más pronunciados y recurrentes, financiándose bajo una arquitectura de peor calidad (retrasos, inflación-devaluación, deuda cara y de corto vencimiento), inflexibilizando el gasto y apurando un cuadro de caja que amenaza ser insostenible si no se apela a su licuación con inflación o se liquidan nuevos activos públicos. Todo bajo un contexto externo que, si bien puntualmente en 1998 ha sido muy adverso, dispuso en el quinquenio de suficiente liquidez internacional, vía acumulación de reservas internacionales e ingresos petroleros per cápita similares a los de 1989-1993. En el área de las reformas, el saldo neto no es tan desfavorable. La apertura petrolera, las privatizaciones, los avances en regulaciones y supervisión bancaria y algunos componentes de la reforma laboral y previsional, si se mantienen y profundizan, tendrán retornos positivos en eficiencia asignativa y, por tanto, en puntos adicionales de crecimiento a largo plazo. No obstante incluso en esa materia, persisten severas restricciones y rezagos en lo relativo al mercado laboral y paralizaciones, sino retrocesos, en materia tributaria. Impacto en bienestar El venezolano promedio ha observado un retroceso considerable en su bienestar. No sólo se ha desacelerado el crecimiento total, sino que su concentración en las actividades petroleras se ha combinado con un retroceso absoluto en el sector no petrolero (-0,5% en promedio), castigando el empleo y la difusión de los beneficios de la expansión del producto en forma de una caída sostenida en el salario real (-11,6%), aumento de la informalidad (48,5%) y el mayor desempleo abierto promedio de los últimos 30 años (10,7% en promedio). Si a estos indicadores se le suman las confiscaciones masivas que las sucesivas devaluaciones (sin duda contra las preferencias expresadas por las autoridades), el empeoramiento de la distribución del ingreso originado en las asimetrías en la valoración de activos disponibles para distintos estratos de ingresos, los choques inflacionarios y tasas de interés negativas han generado; el balance es contundente: los venezolanos han sufrido macroeconómicamente bajo esta administración 3 veces más que bajo la de Herrera, 5 veces más que la de Lusinchi y dos veces más que bajo el segundo gobierno de Pérez. El costo para la población de los errores y omisiones de las recientes políticas públicas, obvia decirlo, no ha podido ser compensado por la declarativa oficial abundante en iconos del tipo 'compromiso con el pueblo' o el 'beso de la muerte' (referido a acuerdos con el FMI), ni con la apelación a causas no controlables por las decisiones de la administración saliente (desde la crisis financiera hasta los 'malos vientos petroleros'). Si la suerte fue adversa, el manejo de la política económica ayudó a empeorarla. De este balance, como veremos en la próxima entrega, se desprenden dos conclusiones básicas. Por un lado, es clave para entender la radicalización electoral como una manifestación apenas de una fractura política más profunda y de largo alcance en nuestra población. Por otra parte, entender el fracaso de este quinquenio debería ser el mejor disuasivo para el uso de políticas públicas e instituciones que no coloquen el crecimiento con baja inflación como su prioridad fundamental. Francisco Vivancos es economista, profesor UCV y UCAB
El Universal Digital, 8 de enero de 1999 |
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