El destino de los tiranos

Eduardo Ulibarri

Los hechos son promisorios y han dado fuerza a una pregunta antes ilusa: ¿logrará imponerse alguna vez, aunque sea de forma parcial, la razón humana sobre la razón de Estado; el derecho sobre la realpolitik; los seres humanos oprimidos, violentados, marginados o asesinados alrededor del mundo sobre los autores de esos desmanes?

En la cúspide del impulso está el proceso para la extradición del ex dictador Augusto Pinochet de Gran Bretaña a España. Relevante en sí mismo, y a pesar de la revisión acordada el jueves 17 de diciembre por la Cámara de los Lores, alienta también el precedente de una jurisdicción mundial que trascienda la persecución de delincuentes comunes y toque a ex dictadores singulares. Pero hay más: El pasado julio, 120 países adoptaron, en Roma, los estatutos de la futura Corte Penal Internacional. Su funcionamiento aún debe remontar grandes cuestas, como la negativa de Estados Unidos, China e India a firmar el tratado, pero el avance logrado es ejemplar.

En 1993, Naciones Unidas creó el Tribunal Internacional de La Haya para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia, con un cambio de primer orden: su ámbito alcanza a dirigentes políticos y militares en ejercicio. No en balde el sanguinario Slobodan Milosevic raramente abandona Belgrado.

Y otro tribunal, establecido por la ONU en 1994 para juzgar el genocidio cometido en Ruanda, condenó recientemente por este delito a un ex primer ministro del país.

La posibilidad de una justicia penal internacional más activa y organizada pareciera, así, asentarse sobre mejores fundamentos que hace pocos años. Sin embargo, aún su acción se limita a ámbitos reducidos: personajes determinados, circunstancias particulares. Aún su brazo universal no tiene suficiente músculo. Aún la "razón de Estado", como argumento oportunista o realidad ineludible, tiene un peso apabullante: Idi Amín, el más desmesurado de los genocidas africanos, vive plácidamente en Arabia Saudita, y la lujosa cafetería de su quinta esposa es muy popular en Londres.

El ex dictador haitiano Jean Claude ("Baby Doc") Duvalier mantiene sin alteraciones -aunque con recato- su existencia francesa, que alterna entre dos villas y un lujoso apartamento en París.

En Panamá, Raoul Cedras, que intentó reinstaurar la dictadura en Haití, es un cortejado empresario. Y el octogenario Alfredo Stroessner, epítome del clásico tirano latinoamericano, disfruta dando de comer cada mañana a los pájaros que invaden su jardín en Brasilia.

Si tal tolerancia existe con los dictadores jubilados -bajo razones que van desde el manifiesto asilo político hasta el oculto pago de favores- es mucho más ostensible la aceptación de los activos.

El general Laurent-Desiré Kabila, gobernante del Congo "democrático", pero cómplice o responsable por las muertes de decenas de miles de refugiados, fue recibido cordialmente el 28 de noviembre por el presidente francés, Jacques Chirac.

Fidel Castro, con miles de presos, fusilados y torturados a su haber, será el próximo año anfitrión de la Cumbre Iberoamericana.

A ninguno de estos -y otros- opresores, activos o inactivos, les ha llegado la hora de la justicia globalizada que apenas muestra su rostro. Quizá nunca les llegue. Pero tal carencia no invalida el precedente abierto por el juez español Salvador Garzón y las autoridades británicas. Al contrario, mientras más dictadores o ex dictadores se paseen por el mundo, más importante es lo que se haga contra uno.

Criticar la acción contra Pinochet con el argumento de la impunidad de que disfruta la mayoría de sus similares, es como invalidar la condena contra un violador porque muchos otros andan en la calle.

Pero contentarnos sólo con este caso es igualmente inaceptable. Más bien, a partir de sus precedentes, y de los avances que ya se han producido en los mecanismos internacionales penales y de derechos humanos, se impone impulsar con mayor celo la vigencia del derecho sobre la de los hechos consumados en la política internacional.

Las opciones son mucho más promisorias respecto a quienes están fuera del poder: Videla ya oye pasos de animal grande, y éstos serán más sonoros para otros opresores en retiro a partir de un simple paralelismo con el caso Pinochet.

La acción se torna mucho más difícil contra los dictadores de hoy. Existen, de una parte, verdaderas -y hasta paradójicamente legítimas- razones de Estado para frenar una acción jurídica internacional en su contra. Si se eliminara la impunidad de los gobernantes en ejercicio, por ejemplo, probablemente el daño sobre la conducción de la política exterior sería irremediable. Pero también se mueven inconfesables intereses. Cuatro casos los resumen: Kabila manda sobre uno de los territorios del mundo más ricos en minerales; Castro reparte a su antojo enclaves de mar y sol, y mano de obra semiesclava, a empresarios españoles; Suharto, por varios años, fue el gran árbitro de las inversiones en Indonesia; las teocracias árabes están entre los mayores compradores de armas. La diplomacia mercantil aún es más poderosa que la humanitaria.

Que la realidad actual sea así no implica que debamos aceptarla, o permanecer impasibles antes quienes la llevan a extremos de cinismo. Menos digno es aún que los gobiernos democráticos justifiquen su tolerancia hacia los dictadores, o su aprovechamiento de las dictaduras, a partir de razones espurias. Una cosa es hablar con Kabila para buscar un arreglo a la guerra en su país y otra para que mantenga privilegios a compañías belgas o compre armas francesas. Una cosa es tener relaciones diplomáticas con Castro y otra obtener condiciones comerciales que emulan con los enclaves bananeros de los años cincuenta, o avalar una reunión de jefes de Estado en La Habana.

Los precedentes del caso establecidos en Madrid y Londres no se pueden aplicar -al menos por ahora- a los dictadores que aún lo son. Pero sus corolarios por lo menos deben llevar a una conducta más rectilínea de las democracias. Si Kabila fuera destituido hoy y procesado penalmente mañana, ¿qué diría el sonriente Chirac? Si lo mismo ocurriera a Castro, ¿qué dirían Jean Chrétien y los empresarios canadienses con privilegiadas concesiones mineras en Cuba? ¿Acaso la culpabilidad sólo existe fuera del poder?

Si algo impone el desarrollo del caso Pinochet, es un cambio que no necesariamente conduzca a embargos comerciales o políticas activas para derrocar dictadores, pero sí a una acción para hacerles la vida más difícil, para presionar por su apertura, para restarles legitimidad y para negarse a ser beneficiarios de la opresión a que someten sus pueblos.

El camino, en este sentido, será largo y difícil, pero debe emprenderse de inmediato. El juicio universal contra la opresión debe partir del juicio sobre la conducta de las democracias ante ella.

El Nacional On-line, 5 de enero de 1999