| ¿Y las otras cajas negras,
qué? Jaime
Requena
Uno
de los primerísimos bandos del interregno del Presidente electo fue notificar a Pdvsa que
apenas se cumpla la formalidad del 2 de febrero, la corporación será sometida a una
profunda revisión. Con la salida de los actuales directores de la principal fuente de
ingresos del fisco, el nuevo equipo conductor deberá dar un
vuelco a la manera como se había estado conduciendo el negocio y producir más recursos.
Pdvsa ha sido calificada por el presidente Hugo Chávez como una caja negra que debe ser
auditada. Su condición de Estado dentro del Estado ha de desaparecer y para ello sus
cuentas pasarán a ser del dominio público. Cesarán las prebendas que disfrutan
sus altos empleados y aquellos negocios, pobres o inconvenientes, serán redimensionados o
suprimidos.
Sí, verdaderamente, en la conducción de la industria petrolera se han cometido
desafueros, la decisión del Presidente es valiente y debe ser respaldada. Pero esta
vez hasta sus últimas consecuencias ya que, abrir la caja negra más importante del país
para liberar unas monstruosidades que se queden flotando en la impunidad, sería de la
máxima gravedad. De tanta como que si de ella sólo se sacaran unos pírricos esperpentos
del mal. De resultar cierto lo último -algo nada improbable-, hay que cuidar que en una
sociedad gatopardiana como la nuestra, no se haga irresistible la
tentación de promover cualquier minucia administrativa a grave irregularidad.
La azarosa situación que durante tiempos de gran sequía podría representar el emprender
una cacería de fantasmas en la casa de la gallina de los huevos de oro,
es razón suficiente para reclamar condiciones más idóneas al proceso. Para que la
decisión presidencial sea entendida y los resultados que arroje sean creíbles, un
ente independiente al Ministerio de Minas y la propia industria, debe ser el auditor de
Pdvsa. Empero, hay otra razón que justifica que la nueva directiva no lleve a cabo
tan delicada tarea; bastante trabajo tendrán con mantener funcionando el negocio con
barriles a 8 dólares y la nueva MobilExxon dictando ferozmente las nuevas
pautas del mercado.
Volviendo sobre el tema, llama la atención que otros entes públicos, tan significativos
como Pdvsa, hayan pasado inadvertidos en el análisis presidencial. Si lo que anima a
revisar a la primera industria nacional es adecentar la gestión pública y lograr más
recursos al fisco, es justo extender esa campaña al menos a otros dos estados dentro del
Estado: el sector militar y el sector universitario.
La renuencia de las universidades públicas a ser controladas o auditadas es proverbial.
Basados en la mal entendida autonomía, no ha habido gobierno que pueda saber, cómo y
qué tan bien se gastan los dineros del pueblo utilizados en la formación de nuestros
licenciados y doctores. Para muestra, un botón: recientemente el Ejecutivo dictó el
Decreto 3.026 ordenando una "auditoría" de la Fundación de Ingeniería, un
ente público que cuatro años atrás fue pasado a la tutela de la Universidad Simón
Bolívar. Pues bien, el rector de esa universidad, después de acusar públicamente al
presidente Caldera de haber violado y mancillado la autonomía de su universidad, pidió a
la Corte Suprema la nulidad del Decreto, ya que según él, nadie sino él y su Consejo
Directivo, pueden atreverse a revisar el funcionamiento de uno de sus apéndices. No
pareciera importar que la República sea quien le haya dado vida al ente y le asigne un
presupuesto o que el Gobierno desee rectificar la equivocación que cometió, al constatar
que bajo la guía asignada la institución iba palo abajo, intencionalmente dejada a morir
de mengua, sólo para satisfacer el personalismo de algún jerarca del Valle de
Sartenejas.
Sobre los gastos de seguridad y defensa, el tema es más complicado. La excusa del secreto
militar es muy difícil de contrarrestar. Bajo su cobijo algunos han medrado y
muchos más han tenido que enfrentar serias adversidades. El secreto militar da hasta para
justificar que la autopista que rodea Fuerte Tiuna no sea iluminada, poniendo en vilo la
mismísima vida de los usuarios. Los conductores encandilados, noche tras
noche y en medio de la máxima oscuridad, han de sortear los miles de huecos para
encontrar un canal de circulación que no los lleve derechito a esa guillotina que
es la bajada de Tazón.
En sociedades verdaderamente democráticas, empresas del Estado, universidades y militares
rinden cuentas al sistema. La Venezuela que sueña el comandante Hugo
Chávez ha decidido incorporarse a ese selecto grupo. Empero, para ser un miembro a tiempo
completo de tal agrupación, no puede el proceso de auditoría y rendición de cuentas ser
restringido a una de las muchas instancias que conforman la sociedad. El odioso privilegio
debe ser eliminado, cueste lo que cueste, de todos los entes públicos que lo disfrutan.
El Nacional On-line, 5 de
enero 1999 |
