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| Legitimidad golpista Herbert Koeneke R. El 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos fue derrocado por un golpe militar, luego de que había sido electo el 24 de diciembre de 1947 con el 74,4% de los votos. Esa Presidencia contaba, como se ve, con una indiscutible legitimidad de origen, al haber obtenido el mayor porcentaje de sufragios directa y libremente emitidos alguna vez por los venezolanos. Y contaba asimismo con una clara legitimidad sustantiva, pues el partido de gobierno Acción Democrática, no sólo había triunfado aún más holgadamente en las elecciones del 24 de octubre de 1946 para la Asamblea Constituyente (78,4%), sino que también se impuso en las elecciones parlamentarias de diciembre de 1947 (70,8%) y en las municipales de mayo de 1948 (70,09%). En términos sustantivos, pues, los venezolanos confirmaron abrumadoramente en cuatro comicios realizados en algo más de año y medio su deseo de ser gobernados por representantes de AD. De estas estadísticas resulta evidente que el golpe contra Gallegos constituyó una usurpación a la voluntad popular, un desconocimiento de la legitimidad de un gobierno que tenía algo menos de un año en el poder. La legitimidad, como se sabe, no es otra cosa que el apoyo a un liderazgo, a un gobierno o a un régimen; apoyo que, en el caso comentado, fue desconocido por una logia militar golpista. Las insurrecciones del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, contrariamente a lo manifestado por el Presidente electo y por ciertos comentaristas, no fueron apoyadas en su momento por los ciudadanos. El prestigioso estudio Pulso Nacional de Datos, por ejemplo, encontró que en marzo de ese año sólo un 12% de una muestra representantiva de la población nacional prefería un gobierno militar a uno democrático. Y la misma empresa halló que en diciembre sólo 22% se expresaba en favor de la intentona del 27 de noviembre para derrocar a Carlos Andrés Pérez, en tanto que 76% expresaba su repudio hacia ella. Pese al alto grado de insatisfacción personal que se experimentaba en 1992 y a la escasa popularidad del gobierno perecista, los venezolanos seguían prefiriendo la democracia tanto al autoritarismo como al aventurerismo golpista. Es de hacer notar que este tipo de evidencia pone de relieve el peligro que entraña la distinción entre legitimidad de origen y legitimidad sustantiva para justificar los golpes de Estado. Este último tipo se refiere al apoyo específico hacia un gobierno determinado, el cual puede fluctuar de modo significativo al cambiar las condiciones de vida de los ciudadanos, sin que el apoyo de estos hacia el régimen democrático se vea necesariamente afectado. En 1992, por ejemplo, luego de experimentar en los años precedentes un impopular aunque inevitable programa de ajuste estructural, los venezolanos estaban insatisfechos con el gobierno pero querían seguir viviendo en libertad y democracia. En el caso de la actual administración, que tuvo índices positivos de popularidad durante parte de 1994 y 1995, su apoyo popular sufrió un abrupto desplome (-54%) al comenzarse a aplicar en abril de 1996 la Agenda Venezuela, tan inevitable como el ajuste del Gran Viraje iniciado en 1989. Para mantener un elevado apoyo específico o 'legitimidad sustantiva', el próximo gobierno tendría que embacarse en un curso demagógico y circense, capaz de mantener a la población movilizada y distraída, pero a costa de no resolver los problemas de fondo del país. El deseo de mucho es que desoiga los llamados del populismo y se dedique a resolver dichos problemas aunque tenga que afrontar el inevitable costo político. El Universal Digital, 5 de enero de 1999 |
