¿Constituyente sin reforma constitucional?

Eduardo Fernández expresó su inquietud en relación al hecho de que el presidente electo Hugo Chávez debe hacer los cambios que el país necesita y reclama en materia de justicia, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo moral, sin necesidad de exponer al país a los peligros que envuelve convocar a una Constituyente sin realizar previamente una reforma constitucional.Fernandez insiste en que no se puede correr el riesgo de instaurar una Constituyente que tendría por definición el poder absoluto, que podría remover los poderes públicos, gobernadores, concejales, y eliminar las garantías individuales.Por otra parte el ex secretario general de Copei comentó que Arturo Uslar Pietri se coloca en la posición correcta cuando dice que la Constituyente es inconstitucional; y que si se convoca sin hacer una reforma previa de la Constitución, eso implica automáticamente un golpe de Estado.

Restablecer salud financiera del país costará 3,38 millardos de dólares

El restablecimiento de la salud financiera del país costaría 3,38 millardos de dólares, que representan 3,7% del Producto Interno Bruto.Los cálculos fueron realizados por la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República, que elaboró el informe "Aguda situación fiscal para 1999", en el que hace un aparte especial sobre la situación de Fogade y la vincula con la política monetaria aplicada por el Banco Central de Venezuela a través de los Títulos de Estabilización Monetaria.Según el informe, el bono (deuda) de Fogade con el BCV representa 2,43 millardos de dólares (2,6% del PIB), la provisión para contingencias (neto del bono del BCV) 515 millones de dólares (0,6% del PIB) y el remanente de TEM, 439 millones de dólares (0,5% del PIB). El documento señala que existen déficit consecutivos en la gestión de la institución de los últimos tres años. En 1996 fue de 415 millones de dólares; en 1997 de 163 millones de dólares y a junio de 1998 presentó un déficit de 80 millones de dólares.El problema principal parece ser que los aportes que las instituciones financieras hacen a Fogade "lejos de constituir un verdadero fondo de garantía a los depósitos, se han destinado a financiar la ineficiente gestión del organismo".

88% de la deuda pública externa no se puede renegociar

El presidente electo Hugo Chávez Frías ha reiterado que contempla la eventualidad de adelantar durante 1999 una reestructuración de la deuda pública externa, con el fin de dejar espacio en el presupuesto público para atender las necesidades de financiamiento de gastos prioritarios del Estado, como salud, educación y seguridad.En ese sentido, el nuevo mandatario ha señalado la eventualidad de mantener el "acuerdo sombra" con el Fondo Monetario Internacional hasta diciembre de este año, y renegociar las acreencias con instituciones financieras dentro de lo que se denomina Club de París.Sin embargo, la realidad para el nuevo gobierno es que solamente podrá renegociar 12% de la deuda pública externa, según indica un informe (Situación Fiscal de 1999) elaborado por la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República.Ese porcentaje representa 2,76 millardos de dólares, sobre acreencias que suman 23,17 millardos de dólares, monto que no incluye deuda pública interna ni los compromisos que asumió el Estado por la reforma del régimen de seguridad social.En caso de sumar todos los empréstitos que tiene la República, la deuda pública completa un monto de 48 millardos de dólares, según cifras reveladas a mediados del año pasado por el propio ministerio de Hacienda. Por otra parte el informe de la Oficina de Asesoría del Congreso enfatiza que 88% de la deuda externa venezolana está representada por instrumentos no renegociables, como compromisos con bilaterales (aquellas acreencias de la República con otros países) por 1,79 millardos de dólares; deuda reestructurada por 15,55 millardos de dólares, la cual está incluida en el Plan Financiero 1990 que concretó el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez tras los acuerdos de refinanciamiento de la deuda pública, cuya negociación se llevó todo 1989; y los empréstitos con organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, Fondo Monetario Internacional) por 3 millardos de dólares. Para 1999 el servicio de la deuda pública externa, según indica el informe, alcanza 2,97 millardos de dólares repartidos en 1,59 millardos de dólares por capital y 1,37 millardos de dólares por intereses.

Chávez: Corresponde a la Constituyente decidir si el Congreso sigue funcionando

El presidente electo Hugo Chávez Frías ha expresado que no tomará la decisión de disolver el Congreso, puesto que la misma corresponde a la Asamblea Constituyente que se instalará de forma soberana y que también podría definir si el Parlamento recién electo se reducirá o disminuirá su mandato.Los obispos invitaron a Hugo Chávez Frías a la celebración de la 71 Conferencia Episcopal de Venezuela, donde se tratarán temas relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente, la situación nacional y los programas sociales. Baltazar Porras informó que en esa reunión se evaluará la colaboración que presta la Iglesia en áreas como salud y educación. Los obispos adelantaron a Chávez sus críticas en lo que respecta a ciertos programas sociales "que no ayudan a lo que debe ser una transformación no sólo material sino también cultural y espiritual, como lo es la beca alimentaria que viene a ser degradante de la condición del propio venezolano".Monseñor Porras resaltó la necesidad de buscar mecanismos que permitan que los programas sociales lleguen por completo a su destinatario final, que es el pobre y el necesitado "...no puede seguir habiendo programas sociales en los que 50% o 60% del dinero que se aporte sea para el manejo del programa y sólo 40% llegue al destinatario". Por otra parte Baltazar Porras señaló que la Iglesia no ha sido convocada a participar en la Comisión Presidencial para la Constituyente ni tiene previsto postular candidatos a la Asamblea. Aclaró que durante la Conferencia Episcopal analizarán el tema, pero dijo que están conscientes de que "cada quien debe ir a lo suyo, y el rol que debemos jugar en una sociedad no es ocupando el papel de otro. Si bien es cierto, tenemos un sentido de participación en la vida pública, no por ello tiene que ser con la tentación de querer convertirnos en actores políticos"

Orlando Castro saldará cuentas con Fogade

Cuando se haga efectiva la extradición de Orlando Castro y el ex presidente del Grupo Latinoamericana-Progreso regrese a Venezuela (probablemente la próxima semana) tendrá que enfrentar un juicio por la presunta comisión de cuatro delitos: 1) distracción simulada de los recursos concedidos por organismo público, 2) distracción continuada de los recursos de un banco, 3) elaboración, suscripción, presentación y publicación dolosa y continuada de estados financieros inexactos y 4) violación continuada de las obligaciones del fiduciario.Además, deberá responder al reclamo formulado por el Ministerio Público, con el propósito de que devuelva al Fisco nacional 10,8 millardos de bolívares, equivalentes a los auxilios financieros concedidos por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade).En caso de que en su contra se emitiera una condena definitivamente firme, dicho monto sería indexado, tal como lo dispone la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con este tipo de casos. Y, por si fuera poco, Castro tendría que pagar intereses vencidos a partir de la fecha en que ocurrió el beneficio ilícito que se le imputa.Por otra parte  Castro, quien tiene 73 años de edad, obtendrá aquí en Venezuela el beneficio de casa por cárcel y volverá a su residencia ubicada en la urbanización San Román de Caracas. Eventualmente, comparecerá ante el tribunal 24 Penal Bancario, a cargo de Irma Mansilla, quien tiene a su cargo el juicio (actualmente en etapa de cargos) por las irregularidades que provocaron la caída del Progreso-Latinoamericana.

Plantean que el Congreso convoque el referéndum

El próximo 23 de enero, fecha de instalación del nuevo Congreso de la República, los partidos que conforman el Polo Patriótico presentarán a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo para que sea ese cuerpo el que convoque el referendo consultivo, mediante el cual el pueblo dirá sí o no a la Asamblea Constituyente.Esta es la primera conclusión concreta del Comando Patriótico Pro Constituyente, reunido  en medio de los escarceos que se han registrado entre el presidente electo, Hugo Chávez Frías y algunos voceros de los partidos Acción Democrática, Copei y Proyecto Venezuela, que defienden la reforma constitucional como requisito para convocar el proceso constituyente. Pablo Medina (PPT), dijo que con esta decisión 'le estamos sirviendo en bandeja de plata' al Poder Legislativo, la oportunidad de convocar el referendo consultivo, basándose en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, e inspirados en el artículo 4 de la Constitución Nacional vigente. La norma contenida en la nueva ley electoral, contempla que la figura del referendo la puede activar el presidente de la República en Consejo de Ministros; el Congreso de la República, por acuerdo de las Cámaras en sesión conjunta y por el voto favorable de las dos terceras partes; o por un número no menor del 10% de los electores inscritos en el Registro Electoral. Por otra parte AD y Copei insisten en que se debe reformar primero la Constitución, éro Medina advierte que "esa propuesta no se sostiene, y si lo intentan tampoco podrán porque no tienen la fuerza numérica. Entonces lo que queda es este proyecto de acuerdo, y si ellos no lo aceptan, la convocatoria vendrá del presidente electo". 

Fuentes: El Nacional, El Universal, Economía Hoy.

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