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El lenguaje del poder Guido Grooscors Quienes juzgan a los hombres de Estado conforme a sus hechos cumplidos, deberían tomar en cuenta también su lenguaje, anuncio en buena medida de lo que se espera de ellos. Así, por ejemplo, en Venezuela el ejecutivo que entrará en funciones a partir del 2 de febrero, ha dicho por órgano de sus más calificados representantes, en primer término el propio Jefe del Estado electo , que su gobierno será "revolucionario", expresión ésta que, por lo reiterativa de parte suya es necesario aceptar en su justa significación. Las revoluciones, todas ellas desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad, procuran establecer un nuevo régimen desplazando al vigente hasta entonces. La regla es que las revoluciones son violentas por su propia naturaleza y, normalmente, son la consecuencia de estallidos sociales que conducen al enfrentamiento entre quienes asumen la defensa del régimen establecido y quienes aspiran a derrocarlo para sustituirlo por uno nuevo. La revolución por vías democráticas o pacíficas (léase: a través de elecciones) pasa a ser la excepción que confirma la regla. En el caso venezolano, los resultados de los comicios presidenciales del 6 de diciembre pasado le confirieron al presidente electo un claro mandato para llevar adelante su programa de gobierno, anunciado como de cambios radicales y de transformación profunda de la institucionalidad existente, producto en gran parte de la Constitución adoptada en 1961 bajo los esquemas típicos de la llamada democracia representativa que ha subsistido en nuestro país durante los últimos cuarenta años consagrando la alternabilidad en el ejercicio del poder, garantizando la realización de elecciones democráticas cuando así lo requería el ordenamiento legal y manteniendo de un régimen de libertades que permitió el funcionamiento ininterrumpido de los partidos políticos y de los grupos de electores independientes que participaban en las mismas con el propósito de obtener el respaldo del electorado para sus respectivos candidatos y políticas consiguientes. Esa realidad fue la que contribuyó a dar paso a los resultados del 8 de noviembre para integrar el nuevo Congreso de la República y la elección de los mandatarios regionales así como de las asambleas legislativas, para más tarde, el 6 de diciembre, como ya está dicho, se eligiera el nuevo Jefe del Estado para el período 1999-2004. Quienes votaron por el candidato electo como también quienes no lo hicieron así, estaban sin embargo conscientes de que, cualesquiera fueran los resultados, el país se enfrentaría a un proceso de cambios indetenible, en los más diversos órdenes. Pero un proceso pacífico conforme a los más elementales principios democráticos. Por ello, el anuncio de que el gobierno entrante, producto de unas elecciones limpias e inobjetables, será "revolucionario" y no, como lo pauta la Constitución (Artículo 3: El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo), conduce a expresar inquietud, al menos, en cuanto al futuro inmediato, pues un gobierno como el que se anuncia pudiera distanciarse del estado de derecho que ha regido hasta ahora para ser reemplazado por una nueva estructura jurídico-política y social, no necesariamente democrática sino revolucionaria, término éste último que ampara los más diferentes regímenes gubernamentales, autoritarismo populista entre otros, que es el temor que exhiben numerosos sectores de nuestra sociedad con respecto al cercano porvenir. |
