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"Derecho sin Estado" Diego Valades La expresión "derecho sin Estado" es sólo una licencia expresiva para aludir a la singular situación en el mundo. Desde el punto de vista jurídico hablar de "derecho sin Estado" es una barbaridad; desde un punto de vista político es un absurdo. Lamentablemente esa barbaridad y ese absurdo se están produciendo. Es una situación anómala, que consiste en la ineficacia de la norma porque los órganos encargados de su aplicación han entrado en un proceso de entropía que la doctrina clásica del Estado no previó. Un ejemplo de ineficiencia del derecho es el que ofrece Brasil. Desde hace tiempo se temía que los problemas financieros de ese país podrían generar una turbulencia internacional de gran calado. El error consiste en que se ha querido ver como cuestión financiera lo que en realidad es un asunto político de considestble magnitud. Los desajustes que se derivan como crisis económica no son otra cosa que una expresión más del deterioro al que las instituciones estatales han sido llevadas en prácticamente todo el orbe. La moda de desmontar la estructura del Estado se convirtió en una política "global" generada por el discurso ultraconservador británico y norteamericano de la era Thatcher-Reagan, que se adoptó de manera complaciente a lo largo y ancho del mundo. La "desregulación" como negación de la utilidad del derecho; el "Estado mínimo" como elaboración doctrinaria novedosa a partir, entre otros, de los profesores Nozick (Harvard) y Hayek (Chicago); la devaluación del estado de bienestar, convertido en sinónimo de burocracia y corrupción, impusieron una forma de ver al Estado como un estorbo prescindible, enemigo del mercado y por ende de la democracia. Lo "constitucionalmente correcto" comenzó a ser la mutilación sistemática de las instituciones. Algunas consecuencias de esas políticas están hoy a la vista; otras más se mantienen todavía encubiertas. No se advirtió que el Estado no desaparecerá en tanto que haya vida social. En el siglo XVII un filósofo británico, Hobbes, acuñó la ley de oro del Estado: "No existe poder alguno superior al Estado, porque cuando surge una fuerza mayor que el Estado, ese es el Estado". El Estado mínimo, por ende, es una ficción; lo que ocurre es que hay un Estado perceptible, cuyos titulares elegimos y medio controlamos, y un Estado intangible, que no sabemos quién dirige pero sí cómo actúa. Una buena parte del poder político se ha ido trasladando hacia un territorio inaccesible para el ciudadano común, distante para los medios, carente de Constitución y por completo ajeno al sistema representativo y a los controles políticos. Lo único que sabemos de ese poder es que expropia por igual el ahorro de los mexicanos que de los brasileños; que mantiene deprimidos los salarios de los colombianos y de los argentinos; que alienta el desempleo en España y en Alemania; que ha enriquecido desmesuradamente a quinientas familias y empobrecido hasta la miseria a varios centenares de millones. Genéricamente hablando esos poderosos, integrantes del Estado intangible, son los especuladores internacionales. Hace un mes apareció en Estados Unidos la más reciente obra del polémico inversionista George Soros. Su obra, The crisis of global capitalism (La crisis del capitalismo global) hace un detallado análisis de los factores que amenazan con la ruina de la globalización. Uno de ellos es la vocación especulativa del capital internacional. Para Soros el origen de ese problema se encuentra en la crisis mexicana de 1994-95. "Cuando México no pudo pagar, el Tesoro estadunidense y el Fondo Monetario Internacional entraron al rescate de los inversionistas". Al premiarlos, "en lugar de haber convertido sus inversiones en bonos de largo plazo", se garantizó la impunidad de las inversiones de riesgo "de los especuladores y de los banqueros imprudentes". Según Soros esa decisión es parte de las causas que hoy afligen a las economías de Brasil, de Rusia y en general del sistema financiero internacional. Lo que ese autor no examina es que hay un factor adicional de la crisis global: el desdén por el derecho. El constitucionalismo moderno ha venido desarrollando algunos instrumentos que teóricamente protegen a las sociedades nacionales de ataques especulativos como los que hemos padecido los mexicanos, y muchos otros pueblos, desde hace cuatro años. La Constitución portuguesa de 1976 es precursora de esas medidas; dispone que "la ley regulará la actividad económica y las inversiones por parte de personas individuales o colectivas extranjeras, con objeto de garantizar su contribución al desarrollo del país de acuerdo con el Plan (democrático de la economía), y defender la independencia nacional y los intereses de los trabajadores". Este precepto complementa los que disponen "la subordinación del poder económico al poder político democrático", y que "el Estado fiscalizará el respeto de la Constitución y de la ley por las empresas privadas". Gracias a que Portugal aplica su Constitución, su economía no es noticia en las páginas financieras internacionales. Por su parte, la Constitución de 1988 dispone que el orden económico se funda en la defensa de la soberanía nacional y agrega que la ley "determinará, con base en el interés nacional, las inversiones de capital extranjero, estimulará las reinversiones y regulará las remesas de ganancias" al extranjero. Gracias a que Brasil no aplica estos preceptos es noticia para los asalariados de México y de muchos países. Esa actitud de Brasil se explica parcialmente porque todavía el año pasado, según una encuesta de la revista Economist, casi 55% de los brasileños eran partidarios del libre comercio. Nada que afectara la libertad irrestricta de comercio era razonable, aunque la Constitución dijera otra cosa; tal vez ahora estarán cambiando ese punto de vista. La experiencia de diversos países nos muestra que el orden jurídico no es una prioridad para el Estado. Se trata, como dije antes, de un absurdo. Por paradójico que parezca, el Estado de nuestros días ha abandonado su propia defensa jurídica. Es un Estado entregado a las fluctuaciones del mercado, sujeto a los vaivenes de la especulación, sometido a la incertidumbre de los riesgos bursátiles. Es un Estado dirigido, no un Estado dirigente; es un Estado que ignora su propio destino y que, como los sencillos ciudadanos que lo componen, se asoma con estupor a la prensa de cada mañana para ver qué nueva frustración le anuncia. Excelsior (México), 18 de enero de 1999 |
