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| Motivación La reducción de la criminalidad Juan Martín Echeverría En las sociedades contemporáneas existen diferencias de comportamiento y de reglas de conducta de un grupo a otro, ante el conflicto de culturas, que pueden tener su origen en transformaciones intempestivas, dolorosas o felices, que provocan una especie de inhibición y la imposibilidad de ejercer con xito la acción de freno moral y jurídico: esa es exactamente la situación del país. Estamos en presencia de un proceso de destrucción de los unos contra los otros, fenómeno que se produce cuando las normas de convivencia morales y sociales entran en conflicto, hasta terminar en un estado de anomia, desamparo y absoluta desmoralización. La delincuencia es una conducta aprendida, como el lenguaje y el comportamiento cívico de los ciudadanos; en ese contecto hay una infinita interdependencia entre las diferentes formas de criminalidad y sus implicaciones, así por ejemplo, si se diseña un programa para desplazar o reducir de la curva de la criminalidad una determinada categoría delictiva, simplemente surgirá otra sustitutiva, porque la cantidad y calidad de delitos, entendida como un conjunto, será siempre la misma y ya es un xito extraordinario lograr que el crecimiento delictivo no sea superior al índice de crecimiento de la población. El nuevo gobierno ha hecho manifestaciones en el sentido de utilizar fórmulas diferentes a los esquemas tradicionales, que comienzan por la sensibilización de la sociedad civil y su cooperación en la prevención y represión delictiva, en la selección y actuación de los tribunales, en el cúmulo de información dispersa que debe ser analizada y procesada con extremo rigor, así como la transparencia de la actuación policial. Sin embargo, cuando un sistema penal hace crisis colapsa la organización policial, judicial, penitenciaria y como prácticamente no existen programas de prevención, se agrega al cuadro la impunidad con toda su perversa significación y una criminalidad desbordada que sobrepasa los índices de tolerancia social. Ello obliga a hacer un alto en el camino y entender que la reducción de la criminalidad no puede asegurarse en base a la sola acción de la justicia, porque es necesario elevar en paralelo el nivel general de la población, incrementar la solidaridad orgánica y la moralidad como elemento fundamental de prevención social; entendiendo por supuesto que se impone la ejecución de un Plan de Política Criminal que atienda todos los aspectos de la extensión, dimensión y características de las distintas modalidades delictivas, facilitando el acceso a la justicia y llevando a la praxis el principio de igualdad de los ciudadanos, para que sean efectivos derechos que son simples enunciados constitucionales o legales. Las ocho medidas básicas podrían ser: 1. Otorgarle la responsabilidad y coordinación de la política criminal al Ministerio del Interior. 2. Aprobar un decreto de coordinación policial, que defina el área de competencia de las policías nacionales, estatales y municipales y la colaboración que deben prestarse de acuerdo a sus funciones preventivas, represivas y a las categorías delictivas. 3. Crear mediante resolución un Archivo Criminal Nacional que permita el seguimiento de cualquier procedimiento policial, desde el momento en que se produzca la detención preventiva hasta las decisiones subsiguientes, policiales, judiciales y penitenciarias. 4. La creación de un servicio telefónico gratuito de emergencia, que funcione las 24 horas del día en escala nacional, mediante un convenio donde la Cantv asuma dicha responsabilidad. 5. Un programa de desarme progresivo de la población, elaborado por la Dirección de Armas y Explosivos y el apoyo de la organización policial. 6. La instalación de un buzón en las áreas críticas, donde los ciudadanos podrán depositar anónimamente cualquier tipo de información, que será procesada por las asociaciones de vecinos. 7. El estudio inmediato de las más valiosas experiencias piloto instrumentadas por Facur, para aprovechar sus enseñanzas y generalizarlas cuando sea posible y 8. La colaboración de los medios de comunicación en la prevención, mediante un acuerdo que permita la divulgación de normas que contribuyan a la reducción de la criminalidad. Este modelo igualitario de política criminal permitiría proceder desde la misma toma de posesión de las nuevas autoridades, sin erogaciones presupuestarias ni reformas legales, aclarando la enorme confusión conceptual que hay sobre la materia, ya que cada especialista tiene sus propias fórmulas: lo que hay que poner a funcionar es el sentido común y un equipo eficiente de trabajo. juanmartin@cantv.net El Universal Digital, 17 de enero de 1999 |
