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| Perspectivas para la ciencia venezolana Rafael Rangel Aldao La ciencia nacional tendrá un alto relieve a partir de febrero. Así parece al juzgar por el programa del MVR en su página de internet, y por recientes declaraciones de prensa. La ciencia dejaría de ser un 'sector' de la sociedad para entrar en las más altas 'decisiones del Ejecutivo', y su presupuesto se vería gradualmente incrementado hasta llegar a 'un 2% del PIB al final del quinquenio'. Y algo nuevo, estimularán la 'participación del sector privado a través de la exoneración de impuestos a las empresas que invierten en investigación'. Se habla de un 'salario mínimo digno' para los investigadores (a ver si eliminan la mendicidad académica), y la obligatoriedad de tener un título de posgrado para desempeñar 'ciertos cargos públicos'. Además, impulsarán a los 'ministerios y organismos estatales' para que se asesoren con las universidades nacionales en sus problemas tecnológicos. Igualmente, promoverán soluciones tecnológicas populares, pero, ¡cuidado con la teoría de donde salen muchos de estos buenos deseos! El próximo gobierno, establecerá áreas prioritarias como la 'agroalimentación, la salud y la vivienda', pero habría que tener cuidado con financiar proyectos prioritarios y mediocres sacrificando la calidad científica, como ya ha ocurrido. Para crédito de los nuevos planificadores, sin embargo, la ciencia nuestra no se ha desarrollado de acuerdo a necesidades socioeconómicas, y así nos encontramos con un sector de alimentos, por ejemplo, donde no hay centros públicos de excelencia científica mundial sino que éstos se concentran en ciencias básicas como la biología molecular y la bioquímica. En la agricultura, es poca o nula la investigación en ingeniería genética para producir plantas resistentes a plagas, o con mayor valor nutritivo; y en la medicina, se abandonó hasta dejarla al mínimo la investigación clínica de calidad que se hacía en los hospitales públicos durante las décadas de los setenta y ochenta. Las universidades venezolanas no producen tecnologías, ni los posgrados están orientados hacia la investigación tal como lo demuestra el crecimiento vegetativo de nuestras publicaciones en revistas con arbitraje internacional. Esto se debe al descuido de la infraestructura científica y al éxodo de dos sucesivas generaciones de relevo científico, al punto que la edad promedio de nuestros más productivos investigadores supera fácilmente los cuarenta y cinco años en un país donde más del setenta por ciento de la población son jóvenes menores de veinte. Los pensa de estudios de nuestras carreras tecnológicas no tienen nada que ver con la oferta de trabajo, de allí la disociación existente entre la universidad y nuestra sociedad actual. Hay, entonces, que reformar la educación universitaria para que los cambios que pretenden los nuevos gobernantes en la ciencia puedan tener algún asidero fáctico. Los estímulos a la innovación empresarial tienen precedentes, exitosos o nulos, según el país que uno analice. En Australia y en Singapur por cada dólar invertido en I+D las empresas se descuentan hasta dos dólares del Impuesto sobre la Renta, lo que hizo que la financiación privada de la investigación científica en Australia, por ejemplo, llegara en cinco años hasta el uno por ciento del PIB de ese país. Pero en ciertos países latinoamericanos donde ahora se trata de aplicar una medida fiscal de estímulo a la I+D no ha habido cambio alguno en el sector privado puesto que muchas de sus empresas evaden el fisco ocultando sus verdaderas ganancias tras una maraña de ingeniería financiera que sería descubierta si tratan de obtener beneficios por sus inversiones en I+D. ¿Cómo hacerlo, entonces? Habría que ampliar el campo de acción y reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para crear estímulos fiscales tan agresivos como los de Singapur o los de Australia; sería necesaria una nueva Ley sobre la Propiedad Intelectual, y una nueva Ley de Educación Superior que favorezca la universidad competitiva y el financiamiento atado a la calidad de la enseñanza y la investigación científica en todas sus áreas. Hay que impulsar a la pequeña y mediana industria a través de programas audaces de incorporación de científicos y profesionales universitarios hacia compañías de base tecnológica. Los franceses, por ejemplo, permitirán a los profesores universitarios su participación en empresas privadas aportando su trabajo científico y hasta un 15% del capital accionario de la empresa ( La Recherche, Décembre, 315, 11, 1998). Igualmente, el gobierno francés reembolsará a las empresas del I+D por los créditos fiscales a que se hagan merecedoras por sus inversiones de capital en el lapso de un año en lugar del período actual de 3 a 5 años ( Genetic Engineering News, December, 1, 1998). Impulsar el capital de riesgo previsto en una reciente ley y dotar de mejores recursos a Corpoindustria y Foncrei son otras dos medidas impostergables. Es una constante en los países de rápido desarrollo el binomio Estado-empresa privada en el financiamiento e impulso a la ciencia y la tecnología. 'Estimular soluciones tecnológicas populares' que le sirvan a la mayor parte del colectivo (incluyendo personas naturales y jurídicas), significará ligar el desarrollo científico a la demanda social a través de proyectos de envergadura, del sector público y del privado, que puedan así estar en capacidad de proveer soluciones tecnológicas a los ingentes problemas socioeconómicos que tiene Venezuela ahora. E-mail: rafdrana228@cantv.net El Universal Digital, 11 de enero de 1999 |
