Orlando Castro se encuentra de nuevo en el país para enfrentar un juicio por cuatro delitos relacionados con las presuntas irregularidades que provocaron la caída de su grupo, el Latinoamericana Progreso. Se refieren a manejos dolosos de los recursos del Banco Progreso y de los auxilios financieros otorgados por el Gobierno, elaboración y presentación de estados financieros inexactos, y violación continuada de las obligaciones del fiduciario.

Tiene el honor de ser el único de los "peces gordos" (aunque venga flaco y demacrado), involucrados en la crisis bancaria de 1994, que se encuentra detenido en el país, pese a los millones de dólares despilfarrados en juicios de extradición y otro tipo de acciones legales, llevadas a cabo sin ningún resultado, por distintos organismos que actuaron sin coordinación alguna. Otros banqueros se pusieron a derecho mientras lograban, en muy pocos días, acuerdos para resolver la enojosa situación en la que se veían envueltos.

Aunque haya sido extraditado por decisión de un tribunal norteamericano, el Gobierno ni los representantes de la justicia venezolana podrán exhibirlo como trofeo, producto de su empeño por hacer cumplir las leyes (suelen decir "caiga quien caiga"), porque el ex banquero, ya no prófugo, tuvo el cuidado de advertir, ante todos los medios de comunicación, que su regreso es voluntario, lo cual es cierto.

Pese a ello, su retorno provocó un gran despliegue policial en Maiquetía mientras bajaba del avión, con las manos esposadas, escoltado por tres comisarios y una docena de miembros del grupo BAE que habían ido a buscarlo a Nueva York. No se movilizaron tantos funcionarios para impedir que saliera del país, al igual que tantos otros banqueros, tan pronto como tuvo conocimiento (alguien lo puso en guardia) de que le habían dictado auto de detención.

Castro fue apresado en Estados Unidos, en 1995, junto a su hijo y un nieto, y se les halló culpables de conspiración para defraudar, por un monto de 55 millones de dólares, a los ahorristas del Banco Progreso Internacional de Puerto Rico. Una vez cumplida su condena se le retuvo en prisión mientras enfrentaba el juicio por extradición intentado por el Gobierno venezolano, pero el encausado prefirió convenir su traslado a Venezuela, sin oponerse a una acción judicial que podía mantenerlo por largo tiempo entre rejas: Lo hizo para librarse del rigor de las cárceles norteamericanas y someterse a otro tipo de justicia que, según afirma, le permitirá recobrar su libertad.

Mientras el Ministerio Público exige que devuelva al Fisco 10,8 millardos de bolívares, equivalentes a los auxilios concedidos por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, el banquero sostiene que no debe nada, pues en su momento entregó 350 millones de dólares. Sin embargo, reitera su disposición a reunirse con las autoridades del Fondo para sacar cuentas.

La credibilidad de Orlando Castro es muy baja: por algo se le acusa de elaboración, suscripción, presentación y publicación dolosa y continuada de estados financieros inexactos, pero será interesante averiguar cuánta verdad hay en sus palabras y sobre todo cuánta mentira hay en las de los representantes de los organismos gubernamentales. La posibilidad de sacar cuentas incluye determinar que bienes fueron entregados con sobreprecio, pero también cuáles fueron ocupados irregularmente por la burocracia oficial, sin pagar nada por ellos.

Con el regreso voluntario de Castro termina la telenovela del quinquenio: tragicómicas prohibiciones de salida del país y autos de detención que nunca se aplicaron ni se ejecutaron, desafíos puramente retóricos a las "mafias financias", intervenciones de bancos mal gerenciadas y corruptas, y un incesante e inútil derroche de recursos para cubrir cualquier propósito o despropósito, extraditar o negociar, indistintamente o simultáneamente, mientras los funcionarios que permitieron la impunidad se trababan en zancadillas. Para colmo en el exterior siempre tropezaron con el mismo obstáculo: la violación de derechos humanos en las cárceles venezolanas no hacía recomendable la extradición. El nuevo gobierno deberá retomar el problema:"deben regresar al país y devolver el dinero mal habido y espero que todos se pongan a derecho", advirtió el presidente electo. Esperamos que lo haga con mayor seriedad: el culebrón no admite parte II.

El Nacional On-line. 216 de enero de 1999

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