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| Profesionalizar el servicio exterior Adolfo P. Salgueiro La necesidad de cambios radicales en el diseño y en la conducción del Estado ha generado no sólo vientos reformadores sino tempestades huracanadas en las que algunos de los más ardientes defensores del 'orden constitucional' han visto la conveniencia de modificar sus opiniones a fin de ponerse a tono con la nueva moda. En todo caso, a partir del próximo 2 de febrero, cuando se instalen las nuevas autoridades, habrá la posibilidad concreta de demostrar si se pueden o no realizar los cambios requeridos; este columnista estima que sí se puede siendo la única condición la existencia de una inquebrantable voluntad política y tan sólo en segundo lugar contar con los recursos necesarios. Por aquello de 'zapatero a tus zapatos' hoy volvemos sobre el tema de la profesionalización del servicio exterior sobre el cual hemos venido insistiendo desde hace ya varios lustros sin haber tenido mayor éxito. La ley vigente, promulgada en 1962, en sintonía con su época, es un buen intento para dar algún carácter normativo al ingreso y permanencia del personal para el servicio exterior de la República. Por encima de cualquier otra consideración, dicha ley aspiró a poner algunos límites a la facultad discrecional del Ejecutivo para designar funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa virtud que tuvo la Ley del Servicio Exterior es precisamente la mismísima razón para su poca observancia ya que en un ambiente político bipartidista de conciliación de intereses de las cúpulas del puntofijismo, muy pronto se comprobó que el Servicio Exterior era un excelente coto para el pago de favores, dispensa de canongías, refugio de pasiones amatorias heterosexuales o no, etcétera. Siendo así, no era de esperarse que el Poder Ejecutivo fuese el fiel custodio de la aplicación de una ley que le cercenara su discrecionalidad y menos aún el impulsor de nuevos proyectos de profesionalización concebidos a tenor de las cancillerías más eficientes en las que sus funcionarios son auténticos productos con sello de fábrica, dedicados a tiempo completo a la promoción de los intereses de sus países (Itamaraty, Departamento de Estado, Foreign Office, Quay d'Orsay, etcétera. Hacia 1985 el entonces canciller Morales Paúl, creó el Consejo de Asesoría Jurídica del despacho, presidido por el ex ministro Efraín Schacht Aristeguieta e integrado por un ex Presidente de la Junta de Gobierno, (Edgar Sanabria), dos futuros cancilleres (Tejera París y Burelli Rivas), distinguidos ex embajadores y algunos académicos, entre los cuales este columnista. Con muchas horas de trabajo y consulta logramos preparar un proyecto de Ley del Servicio Exterior concebido en los términos más razonables, que fuesen compatibles con la realidad de nuestro país y nuestra diplomacia. El proyecto en cuestión fue sometido a 'consulta' de todo el que quiso decir algo y como es natural cada quien ofrecio las sugerencias que en su mayoría tenían nombre y apellido. El resultado fue el esperado y tal vez deseado: convertir aquello en un arroz con mango que no pudo resistir el menor análisis. Lo mismo ocurrrió con otros proyectos que a duras penas consiguieron llegar al Congreso, donde legisladores que nada conocen del tema dejaron colarse las modificaciones que complacieran a tal o cual grupo de presión, asegurándose de esa manera el abortamiento del esfuerzo. Por fin, en 1998, un proyecto consiguió pasar la primera discusión en la Cámara de Diputados, a donde había llegado tan desfigurado que fue mejor que no progresase, aun cuando algunos legisladores como Pedro Pablo Aguilar, Haydée Castillo y Paciano Padrón hicieron genuinos esfuerzos por conducirlo hacia el camino de la Gaceta Oficial. La verdad verdadera es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo apenas brazos institucionales del puntofijismo tuvieron nunca el menor interés en llevar adelante un proyecto que limitara a su capacidad de dispensar favores y canongías. Hoy, cuando el Congreso ya no es bipartidista sino plural, y cuando la acción del Gobierno ya no se cocina en la Dirección Nacional de Copei ni en el CEN de AD, existe la posibilidad real de poner las cosas en orden. Ese orden comienza en primer lugar por respetar las disposiciones de la ley vigente (ingreso, rotación, traslado, ascensos, etcétera). En segundo lugar se requiere de una asignación presupuestaria adecuada para las metas que se fijen a fin de que no pase como ocurrió en Roma, cuando se firmó en tratado de la Corte Penal Internacional y Venezuela activísimo partícipe de los trabajos preparatorios apenas pudo enviar una delegación de dos personas por falta de recursos, mientras paralelamente se planificaba y ejecutaba un plan de adquisición de lujosos inmuebles en el exterior. En tercer lugar debe adecentarse el ingreso del personal, hoy obligado por ley a llevar un nivel de vida 'acorde con el decoro que debe caracterizar a un funcionario del servicio exterior venezolano', a quien se retribuye con sueldos de verdadera hambre en destinos cuyos costos de vida son insoportables. En cuarto lugar deberá haber mucha prudencia en la designación de los jefes de misión, eligiéndose para esos cargos a profesionales en la materia, de carrera o no, pero que no sean apenas acreedores de favores, ministros fracasados, militares inquietos, gente de sociedad o amigos del poder de turno. La oportunidad se presenta de oro, nunca hubo tanto consenso. Lo que se precisan son testículos bien amarrados para hacer lo que hay que hacer. Eso es todo. E-mail: apsalgueiro@etheron.net El Universal Digital, 16 de enero de 1999 |
