Cualquiera sea la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, en relación al recurso de nulidad solicitado por el partido Acción Democrática del Decreto N° 3 del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, debe ser respetada. El Máximo Tribunal tiene la última palabra y está obligado, por la Ley, a emitir los juicios, que desde el punto de vista jurídico, más no políticos, se le solicitan sobre diversas materias.

El decreto N- 3 del Presidente Chávez, es sin duda polémico. No sólo la pregunta número dos puede resultar incómoda a los principios democráticos, sino lo establecido, no claramente, en la exposición de motivos que acompaña dicha orden presidencial. No puede dársele a un solo hombre el poder absoluto para decidir sobre la refundación de una nueva República, si se pretende que ésta sea democrática y participativa. No puede cedérsele la potestad de decidir sobre el rumbo del país a un sólo hombre.

Todos los juristas coinciden en señalar que para que las Constituciones sean durables y cumplan con sus objetivos, las mismas deben provenir del consenso de todos los sectores de la sociedad. Dejar en las manos de una persona la decisión de marcar las reglas de convocatoria de la Asamblea Constituyente, así como también el mecanismo de selección de los participantes, es un atropello a la participación colectiva y las libertades públicas que caracterizan los regímenes políticos plurales y democráticos.

No puede el jefe del poder ejecutivo presionar a la Corte Suprema de Justicia para que se declare a favor de su propuesta de referéndum para la Constituyente, amenazando que de no hacerlo sacará el pueblo a la calle para propiciar una barbarie similar a la observado el día de la instalación del Congreso.