La Postdemocracia

Guido Grooscors


La era postdemocrática en nuestro país comenzó el 6 de diciembre de 1998 cuando, como resultado de los comicios presidenciales efectuados en esa fecha, una determinante mayoría del electorado se inclinó por el candidato de la opción autoritaria y populista para asumir la jefatura del Estado a partir del 2 de febrero de 1999 por un período de cinco años que finaliza en iguales día y mes del año 2004, todo ello de acuerdo con la Constitución Nacional vigente (la de 1961 que fue calificada de "moribunda" por el alto mandatario en el acto de su juramentación ante el Congreso de la República). Durante la campaña electoral que precedió al acto de votación previsto para la primera de las fechas anotadas, se puso en evidencia, sin que quedara duda alguna sobre el particular, que el pensamiento de quien encabezaba las encuestas de opinión pública respecto al futuro político del país privilegiaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente para "refundar la República" mediante la adopción de un nuevo texto constitucional que sustituyera al actual, el cual, entre otros aspectos, bueno es recordarlo, consagra los principios rectores del régimen republicano, alternativo, responsable y representativo que corresponden a un Estado de derecho constituido democráticamente.

Una de las primeras declaraciones del nuevo Jefe del Estado hizo alusión expresa a la duración del período constitucional, dejando patente su aspiración a gobernar más allá del límite que fija la Carta Fundamental, por lo cual numerosos comentaristas políticos han indicado que, en gran medida, las reformas que en ese campo promueve el hoy Primer Mandatario tienen como objetivo central permitir la reelección inmediata del Presidente de la República, por lo que, de adoptarse tal iniciativa, Venezuela pasaría a engrosar el grupo de países que, en Sudamérica, han reformado sus respectivas constituciones para dar paso a las ambiciones reeleccionistas de quienes ejercen el poder en cada uno de ellos (Argentina, Brasil y Perú, para mencionar los tres donde ha sido exitosa la pretensión continuista).

Otra de las tantas expresiones que recoge el discurso presidencial, hace referencia a la naturaleza del régimen político que entraría en vigencia después de que el nuevo instrumento fundamental sea debidamente adoptado, referendo aprobatorio mediante. La democracia representativa, tan cuestionada durante el transcurso de la campaña electoral, daría paso así a una nueva democracia, "social y participativa", que obliga a precisar sus alcances y significados, puesto que, de no hacerlo, se corre el riesgo de caer en el remedo democrático que caracterizó institucionalmente a los países de Europa del Este durante el largo período de la llamada "guerra fría". Hasta ahora esas precisiones se han hecho esperar y, salvo menciones ocasionales sin contenido concreto, no se conocen mayores detalles, por lo que será necesario aguardar por la presentación de algún proyecto de texto constitucional que responda a la autoría del entorno ejecutivo, para determinar el rumbo cierto de este propósito que puede ser de trascendencia insospechada para el porvenir de la República.

A lo ya apuntado, cabe añadir que la agresiva prédica antipartido que ha sido una constante en los últimos tiempos y el desprestigio que de cara a la opinión pública, injustamente por cierto, acompaña al Pacto de Punto Fijo, son ingredientes que contribuyen a fortalecer la aspiración autoritaria y populista que, además, se afianza merced a la militarización de la administración pública y la politización de las fuerzas armadas, todo lo cual (sígase con cuidado el desarrollo del operativo cívico-militar Proyecto Bolívar 2000) desembocará, seguramente, en el establecimiento formal del partido militar, cuya actuación servirá, por cuánto tiempo imposible vaticinarlo, para imprimir al proceso político postdemocrático en nuestro país características novedosas que se alejan bastante, estimo, de las que durante cuarenta años permitieron el disfrute de las libertades públicas y el pleno respeto a las disposiciones que en el ámbito de los derechos humanos consagra la Constitución Nacional aún vigente.

No se agota el tema con los precedentes comentarios,continuaremos tratando este tema en una próxima entrega...