Desde la mañana del lunes 26 de abril han comenzado a desfilar por los distintos medios de comunicación social una serie de personas que, con un derecho legítimo, aspiran a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente próxima a ser elegida.

Representantes de la sociedad civil, gremios y hasta de partidos políticos que antes se oponían a su convocatoria.

Desde esas tribunas, estas personas han comenzado a lanzar al aire un conjunto de propuestas con relación a lo que consideran debe formar parte del nuevo texto constitucional.

Los derechos individuales, sociales, económicos, políticos – por cierto muy pocos han hablado de los deberes-, se han convertido en el tema predilecto de quienes anhelan convertirse en Asambleístas o Constituyentes.

Todos llegan con su proposición y la lanzan dentro de esta caja o buzón de sugerencias en que parece haberse convertido el proyecto constitucional.

Es aquí donde advertimos un nuevo peligro.

El convertir la nueva Constitución en una suerte de compendio de las buenas intenciones y deseos de todos los sectores de la sociedad podría derivar en una Constitución corporativa, por llamarla de alguna manera, excesivamente reglamentaria, que no responda a un proyecto nacional unificado, y que a la postre, obligue a una nueva reforma por la dificultad o imposibilidad de implementarla.

Las buenas intenciones no bastan. Es menester dibujar el esquema del país que queremos para entonces proceder a la redacción del texto constitucional, acorde con las aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad y los cambios aspirados por éstos, sí, pero al mismo tiempo una carta magna coherente, realista y bien fundada.