Avalancha de regulaciones
Clyde Wayne Crews, Jr.
(AIPE).- El presupuesto gubernamental es aprobado anualmente por el Congreso y aunque siempre es una cifra controversial, los contribuyentes saben cuánto gasta el gobierno. Pero el dinero que el público gasta por regulaciones ambientales y económicas no está incluido en ese presupuesto ni está bajo ningún control legislativo.
Las regulaciones se multiplican. El Registro Federal de 1998, donde estas son publicadas, tiene 68.571 páginas, el mayor número desde tiempos del presidente Carter y representa un aumento de 6% sobre el año anterior. Allí aparecen 4.899 reglamentaciones definitivas. 70 de estas nuevas reglamentaciones son substanciales, lo cual significa que costará cada una no menos de $100 millones, un aumento de 10 sobre el año anterior. Habiendo emitido 21.000 reglamentaciones definitivas en los últimos cinco años, los 60 departamentos, agencias y comisiones del gobierno federal trabajan actualmente en 4.560 nuevas regulaciones. Al frente de esta avalancha de reglamentaciones están el Departamento de Transporte y la Agencia de Protección del Ambiente (EPA), con 518 y 462 nuevas reglamentaciones, respectivamente. Entre las nuevas reglamentaciones, 937 van a afectar a empresas pequeñas, un aumento de 37% en los últimos cinco años.
¿Cuánto nos cuesta toda esta nueva regulación? Según las investigaciones de Thomas Hopkins del Rochester Institute of Technology, cumplir con las regulaciones federales cuesta $737.000 millones al año. Para poner esa cifra en perspectiva, ella representa 44% del gasto del gobierno federal o 9% de PIB y es igual a las ganancias antes de impuestos de todas las empresas de Estados Unidos. Proyectándolo a la familia promedio de Estados Unidos, con ingresos de $36.423 en 1997, significa un costo escondido de $7.000 por familia, o sea un mordisco de 20% de sus ingresos. Es indispensable exigir rendición de cuentas sobre las actividades reguladoras del gobierno que no son examinadas dentro del proceso presupuestario. Y es necesario que los congresistas se responsabilicen no sólo de estos costos escondidos, sino también del bien o del daño que tales regulaciones producen.
Es tiempo que el Congreso fije la norma de "no-regulación sin representación". Y el siguiente paso es responsabilizar directamente al Congreso ante los electores por el costo impuesto por estas regulaciones. Los diferentes departamentos del gobierno siempre tratarán de ampliar su importancia y su área de acción, por lo que no se puede contar que la burocracia se imponga un freno a sí misma.
El congresista J. D. Hayworth y el senador Sam Brownback reconocen que el Congreso simplemente delega demasiado poder legislativo entre funcionarios que no han sido elegidos, lo cual imposibilita una verdadera rendición de cuentas.
Quienes objetan que no se debe complicar la labor legislativa añadiendo la previa aprobación de regulaciones no entienden que lo que no debe hacer el gobierno es complicarle la vida y el trabajo a la ciudadanía con esta inmensa avalancha de costosas regulaciones.
*Director de competitividad y política reguladora del Competitive Enterprise Institute.