Buena la que se ha armado con la elección del Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. Un torneo de descalificaciones, que a decir verdad ya no sorprenden, pero sí causan indignación en la población. El bombardeo comenzó desde la Presidencia de la República, desde donde, según palabras del Jefe de Estado, apunta un cañón de 155 milímetros ráfaga a quienes difieran de sus conceptos y opiniones. Trágico esto en un país que se dice democrático.

Lo cierto es que al parecer todos, de parte y parte, tienen razón. Insólito.

Durante años se conoció que en Venezuela bastaba una reunión entre Rafael Caldera y Rómulo Betancourt, para designar a estos funcionarios y, de ñapa, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estas funciones fueron delegadas con el tiempo en quienes se constituían como cabezas de las cúpulas de AD y Copei.

Durante el pasado período constitucional, se llegó a un acuerdo en aras de acabar con esta práctica malsana y se instituyó un baremo que serviría, supuestamente, para garantizar que la escogencia se haría en forma transparente y tomando en cuenta los méritos de los aspirantes. Aquel, que obtuviera la mayor puntuación debería, por lógica, constituirse como Fiscal o Contralor, según el caso.

Más de cien personas provenientes de todos los sectores presentaron en esta oportunidad sus credenciales y se entrevistaron con los parlamentarios integrantes de la comisión designada para evaluar los currícula de los candidatos. De estas conversaciones debía salir una lista de 20 que se iría reduciendo hasta llegar a un mínimo de candidatos entre los cuales la plenaria del Congreso debía decidir.

Sobre el Contralor, supuestamente hubo consenso. ¿Pero no se trataba de puntuación y meritocracia? Se pregunta el colectivo entonces. Los intríngulis de su designación no han salido todavía al aire.

Pues bien, hasta allí todo estaba perfecto. La duda surge después de enterarse que los resultados del baremo arrojaban que Elio Gómez Grillo alcanzó la más alta calificación con 105 puntos, seguidos por Alberto Arteaga con 78 puntos.

Inexplicablemente, el Fiscal resultó otro: Rafael Pérez Perdomo. A quien sus opositores le incriminan por haber sido defensor de Carlos Andrés Pérez en el caso de la partida secreta. "Defienda la Constitución como a CAP", fue el reto que le lanzó el presidente Chávez.

Durante la conferencia de prensa que regularmente ofrece Donald Ramírez a la salida del Comité Nacional de Copei de los lunes, narró como el entonces ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquilena, citó (en tres ocasiones) a las cúpulas de AD y Copei a las oficinas de Multinacional de Seguros, empresa presidida por Tobías Carrero para discutir y llegar a un acuerdo sobre la designación de los referidos funcionarios (¿No era, entonces, que tratarían de hacer las cosas en forma distinta y transparente en esta nueva administración? ¿Por qué en ese sitio? Son algunas de las preguntas que surgen inmediatamente). Allí Miquilena defendía la tesis de llevar a Franklin Arriechi al Ministerio Público. Arriechi, para más señas, se desempeña como consultor jurídico de la empresa lugar de las citas, además fue defensor de Orlando Castro ¡Qué tal!. Este desempeño fue el que sirvió a la oposición para descalificar a Arriechi.

De allí en adelante fueron barajándose nombres hasta llegar a una lista final de integrantes que incluía a Elio Gómez Grillo, Franklin Arriechi, Dilia Parra, Alirio Abreu Burelli y Rafael Pérez Perdomo. El resultado ya lo sabemos. Pero para descrédito del presidente Chávez y el gobierno, el vencedor contó con el apoyo, no sólo de AD y Copei, sino de un sector del MAS y, lo peor para el Jefe de Estado, de Luis Miquilena.

Por cierto, que los platos rotos los pagó Felipe Mujica, presidente del MAS, a quien se le atribuyó la autoría del apoyo de un sector del partido naranja a Pérez Perdomo.

¿A quién creer? Es difícil decidir. A todos y a ninguno, sería una buena alternativa.

La verdad es que son estas actuaciones las que certifican el descrédito de las organizaciones políticas y sus representantes, incluidas las del oficialismo, que hoy pretenden aparecer ante la opinión pública como los buenos y los distintos de la partida.

Más de lo mismo, simplemente.