El presidente de Brasil toma medidas para asegurar el futuro de la Amazonia
Juan Arias
Río de Janeiro .-Ante la avalancha de críticas sobre su política medioambiental y las malas noticias para el futuro de la Amazonia, el Gobierno brasileño ha reaccionado en los últimos días con una serie de medidas destinadas a proteger esta inmensa área natural amenazada por todo tipo de intereses.
El presidente Fernando Henrique Cardoso visitó hace poco la zona y firmó un decreto que transformará la reserva ecológica Mamirauá, la mayor área protegida del país, en el Instituto de Investigación Científica de Amazonia. Al mismo tiempo va a oficializar la creación de una comisión especial encargada de definir los límites de cinco corredores ecológicos en la
Amazonia y de dos en la Mata Atlántica.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, José Sarney, ha decidido aumentar la irrisoria multa actual de aproximadamente 3.300 dólares (unas 548.000 pesetas) por deforestar ilegalmente hasta un máximo de 33 millones de dólares (unos 5.480 millones de pesetas).
Lo insignificante de las multas contra los crímenes ecológicos en la Amazonia había sido una de las críticas de la organización ecologista internacional Greenpeace a Cardoso.
La semana pasada, Greenpeace decidió concentrar sus actividades en la defensa de la Amazonia y luchar especialmente contra su deforestación, un 80% de la cual se considera abusiva e ilegal, tras una reunión celebrada recientemente en Río de Janeiro.
Para ello, el movimiento ecologista más famoso del mundo ha movilizado a las 33 sedes con que cuenta en el mundo para esta campaña de defensa de la Amazonia, el mayor pulmón de oxígeno de la humanidad.
Nueva prioridad mundial
"La Amazonia es la nueva prioridad global de Greenpeace", dijeron sus dirigentes, añadiendo que se trata de la campaña "más importante y difícil" que han llevado a cabo nunca. Greenpeace va a dedicar por el momento un presupuesto de dos millones de dólares anuales sólo en propaganda contra la extracción ilegal de madera en la Amazonia brasileña.
La organización estudia incluso la compra de un barco, que se movería por los ríos de la región, para impedir la salida de contingentes de madera cortada ilegalmente. Según Greenpeace, de las 17 empresas de maderas que actúan en la Amazonia, diez son extranjeras y de ellas sólo dos tienen un plan aprobado oficialmente.
El miedo del movimiento ecologista es que ahora que se están acabando las reservas de las forestas tropicales de Asia, las empresas de madera entren a saco en la Amazonia, una zona ya tristemente devastada, donde se ha quemado en los últimos años una superficie superior a Francia y donde la foresta destrozada sigue aumentando.
Según cálculos del Instituto Nacional de Pesquisas Especiales (Inpe), sólo en 1998 fueron devastadas 1,5 millones de hectáreas de selva, un 27% más que en 1997.
El País Digital (España), 7 de junio de 1999